La reforma eléctrica de López Obrador tiene un precio

México, una de las economías más integradas del mundo, quiere echarle la llave a un sector clave. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto cambiar el modelo energético con una reforma constitucional que recorta la participación privada, cancela contratos y concentra el poder en el Gobierno. Expertos y empresarios advierten de que el cambio saldrá caro y ahuyentará inversiones millonarias, pero el debate va más allá del coste y ha abierto una encendida discusión sobre el tipo de desarrollo que requiere el país para salir de su estancamiento.

“La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver”. El nuevo lema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pintado en el característico color verde de la empresa estatal, da una pista sobre las razones detrás de la reforma que el Congreso mexicano tiene previsto votar en primavera. Para López Obrador, ávido lector de historia, la nacionalización del sector eléctrico en 1960 es un capítulo favorito. Pero es pasar unas páginas, llegar a lo que él llama “el periodo neoliberal” y el buen sabor se trunca.

La electricidad, da a entender el lema mencionado, dejó de ser de los mexicanos cuando el sector se empezó a liberalizar en los años noventa. En vísperas de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con EE UU y Canadá, México necesitaba energía barata para atraer maquilas (empresas manufactureras). Se abrió entonces la primera ventana a la inversión privada en generación. La apertura recibiría su sello definitivo en 2013 con la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto.

Esa iniciativa, que López Obrador ahora quiere desmantelar, creó un mercado basado en el principio de despacho económico: el generador más barato era el primero en subir su producción a la red. Un segundo mecanismo novedoso, las subastas de largo plazo, permitían a la CFE comprar electricidad a centrales privadas. En 2017 la italiana Enel ofreció los menores precios de generación del mundo en ese momento.

El sector ha atraído 50.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, según el Consejo Coordinador Empresarial, la mayor patronal del país. La eólica y la solar, con una inversión de alrededor de 19.000 millones, han pasado de representar el 6% de la capacidad instalada en 2017 al 16% en 2021. “México se había convertido en uno de los países más atractivos para invertir en renovables”, dice Nelson Delgado, director general de Asolmex, la asociación de energía solar. Iberdrola, Enel, Engie: los grandes nombres del sector tienen un pie en el país.

Plantas viejas y caras

El éxito renovable de los privados ha dejado a la CFE rezagada. Su inversión en energía limpia ha sido hasta ahora testimonial y sus plantas son más viejas y caras: un promedio de 1.413 pesos por MWh frente a los 401 de las privadas que ganaron una subasta, según cifras oficiales citadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de análisis independiente. En los últimos tres años, la CFE tampoco ha inaugurado nuevas centrales que pudieran volverla más competitiva. Así, su participación en la generación ha caído del 100% antes de la liberalización al 54% en 2018 y al 38% ahora.

López Obrador ve en este retroceso una afrenta al orgullo patrio, depositado en la firma estatal. “Querían hacer desaparecer a la CFE para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras”, ha dicho. Tener centrales públicas sin funcionar a pleno rendimiento le parece un desperdicio. El Gobierno calcula que le cuesta 215.000 millones de pesos anuales, unos 10.000 millones de dólares.

Con la reforma, el Gobierno quiere topar la participación privada a un 46% —ahora tiene el 62%— y asegurarle a la empresa pública un 54% de la generación, como mínimo. Se propone además cancelar todos los permisos vigentes firmados por centrales privadas y sustituirlos por otros bajo condiciones todavía por definir, un punto que ha provocado la alarma de los empresarios.

El principio de despacho económico desaparece y las centrales del grupo estatal tendrán prioridad sobre las privadas, aunque sean más caras o contaminantes. Por ejemplo, una térmica pública subirá su electricidad antes que una eólica privada. Pero privilegiar a las centrales de la CFE amenaza con salir caro. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE UU puso cifras al impacto de la reforma: la generación costaría entre un 31% y un 53% más. La razón es sencilla. El principal coste de producción es el combustible. Eólicas y solares no lo necesitan, pero se estaría privilegiando a aquellas que sí. Las emisiones de CO2 aumentarían, como resultado, entre un 26% y un 65%.

El incremento de costes puede derivar en una subida de las tarifas o de los subsidios por parte de la Secretaría de Hacienda, apunta el analista Óscar Ocampo, del IMCO. “Si hacemos caso a la promesa presidencial de no subir tarifas de los hogares más allá de la inflación, quedan dos opciones: subir tarifas industriales y de comercios o aumentar las aportaciones de capital a la CFE”. La perspectiva de contar con energía más cara y contaminante ha llevado a General Motors a advertir de que “si no existen las condiciones, México no va a ser destino de inversión”.

Ante las advertencias, el ente del Estado se queja de una “campaña de desprestigio”. Su director, Manuel Bartlett, critica a las centrales privadas por no pagar lo suficiente por la transmisión de la electricidad, una actividad sobre la que la CFE tiene el monopolio. “Los reguladores no reconocen todos los costes de la CFE para determinar las tarifas”, afirmó. Pese a la escasa inversión en los últimos años, la firma pública promete ahora construir el mayor parque solar de América Latina. El mensaje es que la CFE tiene los recursos y no está en contra de las renovables.

Sin embargo, la reforma ha abierto una brecha con el sector privado. Las empresas energéticas temen que centrales ya construidas bajo ciertas reglas no puedan despachar. “¿Quién va a invertir cuando no se tiene la seguridad de que la planta va a trabajar y no se sabe el precio al que la CFE va a comprar?”, se pregunta el empresario Régulo Salinas, representante de la Concamin, la cámara industrial.

Recurrir a tribunales de arbitraje internacional está sobre la mesa. México tiene unos 40 tratados con cláusulas de protección de inversiones, incluido el TMEC con EE UU y Canadá, y la Concamin cifra en una horquilla de entre 60.000 y 120.000 millones de dólares las reclamaciones potenciales. “Destruyes el modelo que sustenta a los proyectos. Las empresas deberán proteger esas inversiones y seguramente implicará terminar en paneles internacionales”, apunta Nelson Delgado. El Gobierno confía en que las empresas terminen por aceptar el cambio de contratos y no demanden.

Con la reforma todavía pendiente de una votación incierta en el Congreso, el apetito privado por nuevos proyectos de energía se ha frenado en seco. La inversión extranjera en el sector en 2020 fue un 91% menor a 2018, el máximo histórico. La CFE cree que tampoco lo requiere. “No necesitamos al sector extranjero”, le espetó Bartlett a un empresario preocupado por posibles apagones durante un debate la semana pasada. “Sí va a haber electricidad, no te preocupes. ¡Ten confianza en la CFE!”. El empresario se quedó callado.