Sobre el dueño de Madeira Investment: “Nos lo presentaron como ‘Luis, el gran jefe’ y nos dijeron que era un fondo de inversión”

David Lozano, encargado del restaurante La Castellana, en el centro de Granada, recibió una llamada el último domingo de septiembre. Al otro lado del teléfono, Javier P. I. le comunicaba tajante: “Mañana no vengáis a trabajar porque estáis cerrados”. Javier P. I., es el responsable en Granada, Málaga y Madrid de algunas de las empresas que Álvaro Romillo, alias Luis Criptospain, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto criptofraude, y su círculo más cercano habían puesto en marcha en esas ciudades. Se trata de una red de restaurantes, bares, hoteles y espacios para conciertos que desplegada sobre todo a partir de la segunda mitad de 2023. Poco pudo replicar en aquella llamada de cierre, quien desde entonces ha vivido, junto a sus compañeros, una situación inaudita. Abandonados por sus jefes pero sin cartas de despido, y a pesar de que los suministros también dejaron de llegar, los 12 trabajadores de La Castellana decidieron seguir abriendo el establecimiento a diario. Al principio todavía quedaba algo que ofrecer a los clientes, cuatro días después, solo podían servir agua.

Aquella llamada, aunque alguno de los trabajadores hubiera leído u oído las noticias (para ese momento el grupo empresarial ya había solicitado el concurso), les cogió por sorpresa. Sabían solo parcialmente para quién trabajaban: lo conocían por su nombre artístico, Luis —Álvaro Romillo siempre se presentaba en público como Luis— y pensaban que era una empresa legítima. En septiembre de 2023, poco tiempo después de la compra del establecimiento a la familia propietaria y reabrir el local con la nueva administración, Luis criptospain se presentó a desayunar y a inspeccionar sus dominios. Lozano conocía a dos de los cuatro del grupo que llegó: “Juanjo y Yolanda, los dos, son la mano derecha de esta gente en Granada y quienes habían gestionado el traspaso”, comenta Lozano. “Los otros dos nos lo presentaron como Luis, el gran jefe, y Borja”. Se refiere a Borja Lara Varas, un hombre “100% de mi confianza que te ayudará en todo”, tal y como escribía en un mensaje Romilla a Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta y a quien Romillo regaló 100.000 euros para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas.

Durante la conversación en aquel desayuno, los nuevos jefes se presentaron como “un grupo de inversión”, comenta Lozano. Convencidos de que todo era legal, no asociaron aquella visita con el Álvaro Romillo investigado por la Audiencia Nacional. Durante un tiempo, La Castellana estuvo integrada incluso en el marco de empresas centrales del criptofraude, ya que al principio el restaurante lo integraron en PKW Italien S. L., de Borja Lara. Dado que su dedicación eran los coches de lujo, uno de los productos relevantes en la trama, la red de Romillo creó una empresa nueva, Dos Huevos Fritos S. L., para La Castellana y asignó como administrador único al asesor fiscal de Romillo, Pedro Bris García.

El establecimiento, no obstante, ha funcionado casi en forma de autogestión. “De vez en cuando venía Javier [el autor de la llamada final] pero el día a día, en lo práctico, lo llevábamos nosotros”, confirma Lozano. “Cada noche hacíamos la caja, recogíamos el dinero y después se lo pasábamos al gestor que tenía esta gente aquí en Granada”. Su sensación ahora, dice, es que “nos han tirado, se han despreocupado y no quieren saber nada de nosotros”. EL PAÍS se puso en contacto telefónico con Javier P. I. pero este declinó hacer ningún comentario y colgó la llamada. También con Pedro Bris y Borja Lara, con los que ha resultado imposible comunicarse.

Mientras acudían al trabajo a diario, los empleados de La Castellana denunciaron su situación ante la inspección de Trabajo. El viernes pasado, tras diversas reuniones con la asesoría que lleva los asuntos de Luis Criptospain en la ciudad y una visita al restaurante, Trabajo ha decidido declarar de oficio la extinción del contrato de los empleados al constatar la situación de abandono por parte de la empresa, según confirma el abogado de los trabajadores, Manuel Martínez Valdivieso. Es el único modo mediante el que pueden dejar de acudir a su puesto de trabajo a diario y, además, ejercer sus derechos: al desempleo y a la denuncia contra la empresa por despido improcedente, comenta el letrado. De los 12 trabajadores, dos se han despedido sin más trámites porque, cuentan, apenas llevaban un mes en la empresa y era lo más cómodo. El resto, una decena, están a la espera de recibir la comunicación de la Seguridad Social que les confirme su baja para salir por la puerta de La Castellana, echar la llave y no mirar atrás.

La organización de Álvaro Romillo daba empleo en Granada a alrededor de 60 personas en cuatro restaurantes (La Castellana, dos Negro Carbón y La Casual), un bar (La Revolera), y el hotel Colón. Todos negocios bien situados y con suficientes clientes para ser viables. La Castellana, sin embargo, tenía un flanco débil, el alquiler. Según Lozano estaba en el entorno de los 15.000 euros mensuales. Eso y los sueldos de los 12 empleados requerían, comenta, “facturar un mínimo de 70.000 euros al mes, que se alcanzaba en los meses buenos, pero no en los malos”. Bueno o malo el mes, asegura Lozano, “siempre hemos cobrado puntualmente nuestras nóminas entre el 25 o el 26 de cada mes, independientemente de si el mes era bueno o malo”. ¿De dónde salía el dinero los meses malos?, es la pregunta obligada. Ni Lozano ni sus compañeros de turno que atienden a EL PAIS quieren decir nada claramente pero todos imaginan que vendrían de los beneficios de los otros negocios.

El resto de negocios de Criptospain y su gente en Granada funciona por el momento con aparente normalidad, aunque, como dice Antonio, el jefe de sala de La Causal, “estamos muy inquietos”. Antonio confirma a este diario que está en conversaciones con abogados y con sindicatos para saber cómo proceder en el futuro.

No les falta motivo para esa inquietud porque, aun sin estar por ahora en el centro de la investigación contra Álvaro Romillo y su chiringuito —por el que se estima ha conseguido un beneficio de centenares de millones de euros proveniente de las aportaciones de miles de inversores a los que nunca devolvió lo prometido—, los abogados de las asociaciones de criptoinversores perjudicados han solicitado un administrador judicial de todas las empresas de la trama, ya sea de las que se ofrecieran a los inversores o no. Lo confirma a EL PAÍS Francisco Jiménez Aguilera, socio director de Zaballos Abogados. “Hemos solicitado, con carácter cautelar, un administrador judicial para todas las empresas para garantizar su viabilidad y que no queden descabezadas, todo ello para, finalmente, asegurar que el rendimiento futuro de esos negocios se destine a cubrir el perjuicio de nuestros clientes”.

La situación de Granada tiene riesgos de extenderse a Málaga, donde la red cuenta con Málaga Fórum, Selvatic Fest SL y Selvatic Fest 2 AIE, un espacio para conciertos y dos empresas para organizar un ciclo de concierto y con los restaurantes Negro Carbón y Verduritas. En Madrid también existe un Negro Carbón. Ninguno de estos negocios formaba parte de las posibilidades de inversión para los clientes de Criptospain. Eran negocios tradicionales, lejos de las criptoinversión, en el que reinvertían o aseguraban unos rendimientos mucho más bajos pero más estables.