Los agricultores mantienen las movilizaciones pese a la oferta de diálogo del Gobierno

Los agricultores mantendrán las movilizaciones para pedir mejoras en el campo a pesar de la reunión que han mantenido las principales asociaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) este viernes con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Las protestas, cuyo calendario se concretará en los próximos días, se llevarán a cabo si el Gobierno no adopta medidas concretas para reducir las cargas burocráticas y garantizar que se cubren los costes de producción, entre otras demandas del sector. El ministro ha calificado la reunión de positiva, aunque los agricultores han dejado claro que el diálogo con el ministerio debe traducirse en resultados reales.

El tono de los líderes sindicales no ha sido precisamente optimista. José Manuel Cebollada, vicepresidente de Asaja, ha recalcado que “durante la semana que viene el sector reivindicará sus puestos de trabajo” con las marchas que se extenderán “por todo el territorio nacional y que, de hecho, ya han empezado estos días”. “El campo se tiene que hacer notar, tenemos elecciones europeas pronto y vive en una tormenta perfecta, con sequía, precios y una política europea que prima más la protección del medio ambiente que los derechos de los agricultores y ganaderos”, ha zanjado Cebollada.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, por otro lado, ha señalado que “hay una gran parte de la ley europea que está hecha a espaldas del sector, comenzando con el tema de la asfixia normativa”. El titular de sindicato también ha demandado una ampliación de los seguros agrarios para que cubran los daños que ha supuesto la sequía para algunas regiones del país. La vicepresidenta de la Upa, Montserrat Cortiñas, ha insistido en que las marchas desistirán en cuanto tengan “medidas concretas que vuelvan a hacer de la política agraria una herramienta que beneficie a los trabajadores del campo”.

“Vamos a trabajar en conjunto para identificar qué elementos burocráticos son reducibles”, ha contestado el ministro de Agricultura con respecto a la petición de aliviar la carga administrativa de la Política Agraria Común (PAC). También se ha pronunciado sobre los acuerdos comerciales y ha defendido que la balanza comercial alimentaria era hasta el año 2000 negativa y que se ha dado la vuelta a esa situación. Desde la sede del ministerio, en Madrid, ha asegurado que hay que realizar “un seguimiento para ver que se cumplen con los volúmenes y las condiciones requeridas para que los productos accedan al mercado europeo”.

Sobre la Ley de la Cadena Alimentaria —la normativa con la que, entre otras cosas, se intenta evitar ventas por debajo de precio de mercado, algo que los agricultores denuncian que no se cumple—, ha insistido en que España ha mejorado las inspecciones. Esta ley entró en vigor a finales de diciembre de 2021 y hasta finales de 2023 el ministerio había impuesto 161 penalizaciones que superan en conjunto el medio millón de euros. Planas ha remarcado que todos los afectados pueden presentar denuncias si detectan irregularidades.

El ministro de Agricultura se ha mostrado crítico, no obstante, con el manejo de la situación desde Bruselas. “Si estamos aquí es porque la Comisión Europea no ha sido capaz hasta ahora de un diálogo con el sector”. También ha cuestionado el apoyo para ratificar las exigencias de la PAC sobre el barbecho para la protección del medio ambiente: “Solo vamos a apoyar una propuesta que esté en línea con los intereses nacionales de España”. Preguntado por el desarrollo de las protestas en Francia que afectan el paso de carga desde la Península, el ministro ha revelado que su homólogo francés le ha enviado una carta de disculpas por dicha situación, en la que agricultores franceses, además de bloquear el paso de producción desde España, habían destruido cargas con alimentos.

La reunión de este viernes entre el titular de Agricultura con los sindicatos se convocó el miércoles, después de que el Ejecutivo aceptase dialogar con los representantes del sector para escuchar sus demandas. Los trabajadores del campo reclaman que se revise la actual Política Agraria Común, porque consideran que perjudica al rendimiento y la productividad de las cosechas. Además, piden que se refuercen los controles en torno a la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe vender productos a pérdidas.

Fuera del edificio del ministerio también se podía observar a un reducto del sindicato de la Unión de Uniones que, con banderas verdes en mano, manifestaba su descontento por no haber sido invitado al encuentro. “El ministro dice que las representativas son Asaja, UPA y COAG, pero los agricultores no las han votado en elecciones. Son representativas porque el ministro lo dice, no porque ningún agricultor les haya votado“, ha reclamado Luis Cortés, coordinador estatal de este sindicato. El líder gremial, que cree que se ha trazado un cordón sanitario entre esos tres sindicatos y la organización que él dirige, también considera que su organización es la única que mantiene un calendario independiente de los eventos en el resto del espacio comunitario. “[Asaja, Upa y Coaj] se han visto forzados a amenazar con marchas únicamente por la vorágine que se ha formado en Europa, pero todavía no han concretado en dónde ni cuando van a salir“, agrega Cortés.

Las primeras concentraciones esporádicas ocurrieron el mismo día en el que tres de los cuatro sindicatos mayoritarios anunciaron que volverían a las calles. Sin embargo, este jueves, al margen de lo planificado por las organizaciones profesionales, se podían observar las primeras hileras de tractores recorriendo las carreteras de Zamora. Insisten en que los precios a los que venden el género se han estancado y lo rematan a pérdida. Una imagen parecida se producía en paralelo en Sevilla, aunque la consigna principal en esta protesta era otra: el campo onubense denuncia la necesidad de infraestructuras hídricas para abastecer al sector. A esta última concentración, de acuerdo con los organizadores, han acudido cerca de 15.000 personas.

Hay marchas programadas para la primera quincena de febrero, según los sindicatos mayoritarios. La Unión de Uniones ha planteado nuevas concentraciones en la provincia de Burgos, en la propia capital y en las localidades de Miranda del Ebro, Briviesca, Medina de Pomar y Aranda del Duero (6 de febrero); en Santa María del Páramo, León (7 de febrero); en Ávila (8 de febrero); en Santa María La Real de Nieva, Segovia (14 de febrero); en Boceguillas, Segovia (15 de febrero); y en Venta Pinillas, Segovia (16 de febrero). Además, este sindicato ha planteado concentraciones en los puertos de mercancías de Castellón el 7 de febrero y en los de Tarragona y Santander, ambos el 13 de febrero. También ha ratificado que mantiene su tractorada el 21 de febrero en Madrid.

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