La OCU presenta tres demandas colectivas contra el cártel del automóvil

Un nuevo frente de batalla se levanta para los fabricantes del motor. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado hoy las primeras tres demandas colectivas contra un grupo de marcas del sector que en 2015, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), formaron un cartel que pactó inflar los precios de los coches. La acción exige compensar a los propietarios que pagaron el sobreprecio en la compra de sus vehículos entre 2006 y 2013. La indemnización total rondaría —una vez se le ha añadido los intereses de demora— entre el 14% y el 17,4% del valor del auto. La OCU espera conseguir 3.500 euros de media para cada afectado, según datos arrojados por el peritaje de la entidad.

La CNMC denunció en 2015 a los fabricantes por el intercambio de información “comercial y altamente sensible con el objetivo de fijar los criterios de venta y posventa de automóviles”, lo que desembocó en un aumento de los precios para un total de 21 marcas. Este pacto produjo que “aproximadamente cuatro millones de usuarios finales fuesen afectados al comprar coches más caros de lo que podrían haber comprado”, ha explicado Ileana Izverniceanu, directora de comunicaciones y relaciones institucionales de la OCU, en una rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede de la institución.

Las tres primeras demandas están dirigidas a Seat, Porsche, Volkswagen, Audio, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Aunque la OCU advierte que eventualmente se impulsarán cuatro nuevas acciones para el resto de marcas consideradas dentro del cartel de los autos. Los otros fabricantes incluidos en las futuras acciones judiciales son: Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Dodge, Lancia y Chrysler, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault.

La cuota de mercado conjunta de todas estas marcas gira en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de firmas denominadas generalistas y alguna de las denominadas premium.

La OCU solicita de media el 10,61% del precio de compra en concepto de indemnización por el perjuicio ocasionado a los consumidores, además de los intereses de demora generados desde la adquisición del vehículo, lo que equivale a un total de entre un 14% y un 17,5% del precio del vehículo. Izverniceanu cifra en un promedio de 3.500 euros la posible retribución que pueden recibir los propietarios si la demanda surte efecto. Aunque advierte que este precio puede variar dependiendo del tipo de auto. “Están sancionadas marcas como Porsche y BMW, por lo que el precio cambia tremendamente”, ha explicado Eliseo Martínez, abogado asociado a la OCU.

Trayectoria de la demanda

La gestión de la entidad que defiende a los consumidores inició en 2020, cuando presentó diligencias preliminares sin mucho éxito. “Intentamos pedir, a través de los juzgados, datos de los afectados, pero la administración no respondió a nuestras peticiones”, ha declarado la titular de comunicación de OCU. “Era una acción pionera en España y, además, una actuación que todavía puede presentar vicisitudes”, ha concluido.

Martínez ha explicado que la demanda no es una acción multi individual en la que se agrupan los consumidores, sino que representa a toda la clase de perjudicados por el cartel del fabricante de los automóviles. Esto significa que si hay algún damnificado que aún no ha sido informado de la demanda colectiva, puede inscribirse como perjudicado acudiendo a la plataforma web que la OCU ha habilitado. El abogado asociado a la causa también ha detallado que todo el proceso se puede extender hasta por seis años, teniendo en cuenta que puede pasar a una segunda instancia o al Tribunal Supremo. “El hecho de que muchas de marcas han evolucionado o tienen sedes en otros países ralentiza el proceso”, ha concretado Martínez.

Miryam Vivar, abogada adjunta de la OCU, ha explicado que la organización también se mantiene abierta a un acuerdo extrajudicial: “Nuestro único objetivo es la mejor defensa del consumidor con el mejor porcentaje de interés”. Desde el inicio, ha añadido, por otro lado, Izverniceanu, la OCU ha intentado ir por el camino de la mediación para intentar evitar la judicialización del conflicto: “Para nosotros recurrir a peritos a sido el último recurso por los plazos, el coste y el desgaste”.

Costas procesales

La portavoz de OCU también ha señalado que los consumidores afectados no van a tener que pagar ningún tipo de provisión de fondos y que los honorarios pactados solo van a tener que abonarse en caso de éxito de la acción, es decir, en caso de obtener una sentencia condenatoria en contra de los fabricantes. Para los socios de la OCU, estos gastos serían del 17% más IVA de la indemnización recibida, y para los no socios un 25% más IVA.

De momento, la patronal del sector Anfac no se ha pronunciado. En un comunicado emitido cuando la CNMV sancionó a las marcas en 2015, Anfac aseguro que “no comparte que se ponga en duda la competencia en el mercado español del automóvil”. El gremio defendió entonces que el sector del automóvil está entre los más competitivos de Europa.

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