Economía convoca el concurso del 5G rural marcado por el veto a Huawei

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado este martes la convocatoria del programa Único 5G Redes Activas por el que se otorgarán ayudas por 543,8 millones de euros para el despliegue del 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes. El concurso sale marcado por el posible veto a los equipamientos de fabricantes chinos como ZTE y Huawei, lo que ha provocado que tanto Huawei como Vodafone hayan recurrido la orden de bases que las regula, según adelantó EL PAÍS. Los rivales de Telefónica consideran que el reparto por provincias beneficia a esta operadora puesto que es la única que no tiene como proveedor de equipos a ningún fabricante chino, mientras que tanto Vodafone como o Orange disponen de redes de Huawei en varias provincias.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre. Las subvenciones, financiadas con fondos europeos, se destinarán al equipamiento activo y la infraestructura adicional necesaria para proveer de 5G a las zonas rurales de España en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos tres años, una cobertura 4G que proporcione al menos 50 megabits por segundo (Mbps) para descargas y 5 Mbps para subidas, según el texto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los casi 544 millones de euros en ayudas se repartirán entre las 50 provincias españolas y se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. En el caso de que en alguna de las zonas elegibles solo haya un proyecto que cumpla los requisitos, se le podrá otorgar hasta el 100% de la financiación disponible. Si en una misma provincia se presenta más de un proyecto, el mejor valorado podrá obtener como máximo una ayuda correspondiente al 75% de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia. En el caso de que no se agote la totalidad de la cuantía máxima asignada a la zona de concurrencia, se continuará con los restantes proyectos siguiendo el orden de puntuación obtenida, hasta que se agote el presupuesto de esa zona. Ahora bien, las bases establecen que un operador, como máximo, puede quedar primero en un máximo de 30 provincias, salvo que en las mismas no presente ningún otro competidor.

Las bases reguladoras recogidas en la Orden 685/2023 del Ministerio de Asuntos Económicos han sido recurridas tanto por Vodafone como por Huawei debido a que incluye una clausula que puede suponer un veto indirecto a los equipamientos del fabricante chino. “Los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España”, dice el artículo 10.9. Si bien España todavía no ha publicado su lista de proveedores de riesgo, la orden ministerial puntualiza que, si una vez ejecutado el proyecto, “el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario (de las ayudas) es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado”.Es decir, que si se declara a Huawei como pide la Comisión Europea, fabricante de alto riesgo, los operadores que dispongan de sus redes deben devolver las ayudas en el plazo de dos años.

Discriminación en favor de Telefónica

Huawei considera que la mencionada orden ministerial “contiene una provisión contraria a derecho y desproporcionada”, al interferir con la libertad de los operadores para elegir el “mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad” y, en su lugar, “busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios”. Además de Huawei, Vodafone España también presentó un recurso administrativo contra la orden ministerial a finales del pasado septiembre, al entender que las condiciones impuestas son “injustas” y su objetivo es que se modifiquen las mismas.

Y es que tanto Vodafone como Orange, aunque este último no se ha pronunciado oficialmente, consideran que este veto velado a los equipos de Huawei y a la también china ZTE en las ayudas para el despliegue del 5G rural penaliza a las operadoras que los utilizan y favorecen a Telefónica, menos expuesta a esta circunstancia dado que sus proveedores son fundamentalmente Ericsson y Nokia.

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha subrayado este martes en una nota que con este “programa pionero en Europa” el Gobierno sigue impulsando el despliegue de esta tecnología que “abre nuevas posibilidades para el desarrollo económico y social del país” y ahonda en la estrategia de fomentar la cohesión territorial y “generar oportunidades y empleo de calidad”. “Una vez que hemos cerrado la brecha digital en conectividad fija y lideramos en Europa el despliegue de la fibra como apunta el Informe Década Digital, en España vamos a seguir a la vanguardia también en esta tecnología, que cambia el paradigma de la móvil y que genera una gran oportunidad en el internet de las cosas, para que llegue a todas las provincias”, ha agregado.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado también que, entre esta convocatoria y la ya resuelta del programa Único 5G Redes Backhaul para llevar la fibra óptica hasta las antenas, el Gobierno suma más de 1.000 millones de euros invertidos para impulsar el despliegue de infraestructuras 5G en colaboración con el sector privado.

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