El Gobierno aplicará “todos los mecanismos para garantizar los intereses estratégicos de España en Telefónica”

El anuncio por el grupo saudí STC de la compra de un 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros para convertirse en su principal accionista ha causado un terremoto financiero y político. La operación, anunciada a última hora del martes, pilló por sorpresa tanto al Gobierno como a la dirección de Telefónica. Ambos han reaccionado este miércoles con cautela, aunque aseguran que se trata de una operación “amistosa” como insiste STC, participado mayoritariamente por el Estado de Arabia Saudí, y que no está en peligro la españolidad de la primera operadora de telecomunicaciones del país.

En el Gobierno en funciones, se han pronunciado varios miembros, encabezados por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aprovechó su visita a Bruselas para indicar que el Ejecutivo va a “aplicar todos los mecanismos necesarios para proteger los intereses estratégicos de España”, haciendo alusión al derecho de veto que la legislación aprobada pro la pandemia del coronavirus le otorga al Gobierno frente a la entrada en el capital de un inversor extranjero. En respuesta, STC confirmaba que pedirá al Ministerio de Defensa la autorización para completar la operación “en los próximos días”. Hasta el momento, solo se ha ejecutado la compra del 4,9% mientras que el otro 5% estaría pendiente del plácet del Gobierno.

Por parte de Telefónica, tras el primer shock al conocer la transacción en la noche del martes, quiere conocer de primera mano las intenciones del grupo saudí. Para ello, el presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado, Ángel Vilá, han emprendido este miércoles un viaje a Arabia Saudí para reunirse con la cúpula de STC. Pallete, que se enteró de la operación mientras estaba de viaje en California (Estados Unidos), tiene previsto reunirse con Mohammed K. A. Al Faisal, presidente de la firma saudí, y el consejero delegado, Olayan Alwetaid, entre otros cargos.

Por el momento, la operación está en fase de estudio. En este sentido, Calviño resaltó que se están “analizando” todos los factores pero precisando que Telefónica es una empresa “estratégica para nuestro país” y desde el Gobierno “aplicaremos todos los mecanismos necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España”, añadió.

La vicepresidenta primera también quiso lanzar un mensaje de “confianza y de tranquilidad” al respecto y resaltó que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha “reforzado” durante sus mandatos “todos los mecanismos de protección de las inversiones exteriores” y se encuentra analizando los elementos que rodean a esta compra desde el punto de vista del sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España, la participación en el capital y el ejercicio de los derechos de voto. Calviño admitió que el Ejecutivo se enteró el mismo martes de la operación, coincidiendo casi con la comunicación de STC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero que el grupo saudí les aseguró que se trataba de una operación de “carácter amistoso” y no pretendía tomar el control, informa Silvia Ayuso.

En la misma línea, la ministra portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, apelaba a preservar la “autonomía estratégica” de Telefónica por los “canales” adecuados, mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, veía la entrada del grupo de telecomunicaciones saudí STC en el capital de Telefónica como una muestra de “confianza” y una “apuesta” por España. Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prefiere mantenerse en un segundo plano y no tiene previsto ningún encuentro con la delegación de Arabia Saudí que acuda a la cumbre del G20 de este fin de semana en Nueva Delhi para pedir explicaciones por la operación planeada desde STC, según fuentes gubernamentales.

Menos condescendiente se ha mostrado el ala del Gobierno que depende de la coalición Sumar, encabezada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo en funciones instaba a proteger el “futuro digital” de España y reclamaba “una mejor regulación y una protección para evitar” ofertas públicas de adquisición de acciones (opa). Más contundente aún ha estado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha señalado que la operación “no augura nada bueno”, y ha instado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a adquirir un 10% de Telefónica para convertirse así en su primer accionista de control, y a reducir del 10% al 5% la autorización expresa del Gobierno para este tipo de operaciones.

Una operación por sorpresa pero “amistosa”

Y es que el movimiento de STC en el capital de Telefónica ha desatado el debate sobre la necesidad de las autorizaciones gubernamentales pertinentes, teniendo en cuenta que el grupo árabe está participado en un 64% por el Estado saudí, a través del fondo soberano del país conocido como PIF. STC informó de la operación el martes mismo tanto a la Casa del Rey (o al rey emérito) como a La Moncloa, poco antes de remitir la comunicación a la CNMV, pero les tranquilizó asegurando que no pretendía tomar el control de la empresa española y que se trataba de una operación amistosa, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la transacción.

La operación se fraguó hace seis meses mediante la toma de pequeñas participaciones a cargo de Morgan Stanley, el banco de inversión contratado por STC, aunque la compra de títulos se aceleró en los últimos tres meses coincidiendo con una bajada de la cotización de la operadora española, según la agencia Bloomberg. De esta forma, el grupo saudí permaneció oficialmente al margen, sin deber de comunicar sus movimientos a la CNMV, y la acción de Telefónica no experimentó el repunte esperado si la compra se hubiera hecho de golpe y a la vista del mercado. La operación también contado con el asesoramiento de José del Valle, el ejecutivo español que figura en el comité directivo de STC, y que durante 18 años trabajó en Telefónica, en en el negocio latinoamericano. El grupo saudí ha estado asesorado en el plano legal por los bufetes londinenses Linklaters y Allen Overy.

Las mismas fuentes señalan que la entrada en el capital de Telefónica ha sido especialmente diseñada para no toparse con los blindajes que la legislación española impone a las inversiones extranjeras. Ese porcentaje del 9,9% es el límite que cualquier inversor foráneo puede comprar libremente de una compañía cotizada española, ya que a partir del 10% necesitaría la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez, de acuerdo con la legislación antiopas aprobada en 2020 por la pandemia del coronavirus para proteger a las empresas nacionales de sectores estratégicos.

Escudo ‘antiopas’

No obstante, la reforma legislativa llevada a cabo en julio del escudo antiopas faculta al Gobierno a establecer la autorización previa —en este caso, a cargo del Ministerio de Defensa— por cuestiones de seguridad nacional y de defensa para operaciones a partir de un 5% del capital en las que estén implicadas “infraestructuras críticas”, entre las que se encuentran las comunicaciones. De ahí que la operación se haya troceado en dos partes: la toma ahora del 4,9% y el aplazamiento mediante instrumentos financieros del control del otro 5%. Antes de materializarse este segundo tramo del 5%, STC debería contar con el permiso del Ejecutivo, para lo que cuenta con un plazo de tres meses, tal y como adelantó EL PAÍS.

Precisamente, el grupo saudí ha confirmado este miércoles que pedirá “en los próximos días” al Ministerio de Defensa la autorización para completar la operación, ejecutando el 5% del capital cuya compra aún no se ha materializado, informaron fuentes del inversor. Según el real decreto aprobado en julio, una vez solicitada autorización al Ministerio de Defensa, será el Consejo de Ministros el que resuelva, salvo en aquellos casos en que la inversión, “por su naturaleza, características o importe”, no afecte a los intereses esenciales de la defensa. Hay que recordar que Telefónica tiene contratos con Defensa de suministro de comunicaciones, fibra y ciberseguridad.

En este último caso, podría ser autorizada la operación por la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, Este órgano está compuesto por el director general de Comercio Internacional, como presidente, un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional, además de un representante de cada ministerio y el subdirector general de Inversiones Exteriores. En cualquier caso, el plazo máximo de Defensa o del Consejo de Ministros para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses. En caso de que el Ejecutivo negara esa autorización, la adquisición del 5% restante no podría ejecutarse, quedando reducida la participación de STC en Telefónica al 4,9%.

Por su parte, Telefónica tampoco tuvo conocimiento de la operación hasta bien entrada la tarde del martes. Álvarez Pallete fue informado mientras estaba de viaje de negocios en San Francisco, aunque los inversores árabes le tranquilizaron asegurando que se trataba de una operación “amistosa”. Un mensaje que fue bien recibido en los despachos de la sede de Las Tablas, en Madrid, que replicaron a su vez a la CNMV en un hecho relevante: “Telefónica toma nota de la aproximación amistosa de STC y de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor”, informó la compañía al regulador en la noche del martes. El grupo español aún no conoce si STC solicitará la entrada en el consejo de administración con uno o dos representantes, que le corresponderían de acuerdo al 9,9% del capital. En caso de que pidan un miembro en el consejo, será también preceptiva la la autorización previa del Gobierno.

Cotización plana

Las dudas sobre el fin último de la operación han motivado que la reacción del mercado haya sido muy tibia, con apenas variación de la cotización, pese a que este tipo de anuncios de entrada de un inversor suelen disparar el valor de las compañías. Los títulos de Telefónica iniciaban la sesión de este miércoles con una subida cercana al 3%, pero luego se ha deshinchado casi completamente y cerraban a cotizaban a 3,76 euros por título, apenas un 0,27% por encima del cierre del día anterior, y lejos de los 3,96 euros de máximos marcados este año por la operadora.

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