El riesgo de derogar los avances sociales

El último informe de la OCDE sobre España ha destacado el fuerte aumento de los beneficios empresariales, especialmente en los sectores de electricidad, gas y agua tras la crisis y su responsabilidad en la inflación.

El aumento de los beneficios empresariales ha sido el resultado de los mayores incrementos de los precios de la energía (40%) y alimentos (20%) en el periodo 2021-2023, según Eurostat. Sin embargo, los efectos de la subida del coste de la vida han sido muy desiguales según el nivel de renta de las familias. Así, mientras los hogares con mayor de renta pueden aplazar determinados consumos o recurrir a sus ahorros, las familias más pobres cuentan con menos reservas financieras y tienden a gastar la mayor parte de sus ingresos disponibles directamente. En la anterior crisis, según Eurostat, el 20% más rico de la población pudo ahorrar un 39% de sus ingresos, mientras que el 20% más pobre sufrió una pérdida del 6,6% de su pequeña hucha.

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Desiderio Romero Jordán certifica en Cuadernos de Información Económica de Funcas que la inflación en 2021 y 2022 “ha perjudicado más intensamente a los hogares con menor capacidad económica”. Se refiere expresamente a los hogares con un gasto inferior a 1.200 euros mensuales”.

La consecuencia más grave de este aspecto de la desigualdad es la pérdida de confianza en las instituciones políticas por parte de los sectores más pobres de la población. Un trabajo del investigador alemán Jannik Jansen para Hertie School y el Centro Jacques Delors, When trust becomes a luxury (Cuando la confianza se convierte en un lujo) analiza cómo las crisis económicas socavan la confianza política entre los más pobres. Su conclusión es que “los grupos desfavorecidos, en particular aquellos con ingresos y niveles de educación más bajos, experimentaron una caída más pronunciada en la confianza en el Parlamento Europeo después de la Gran Recesión. De manera alarmante los niveles de confianza de esos grupos aún no se han recuperado al nivel anterior a la crisis”.

Jansen insiste en que “los políticos europeos deben cumplir su promesa de no dejar a nadie atrás”. Y precisa que “para evitar una pérdida de confianza duradera por parte de los más afectados por el impacto de la crisis reciente, los políticos deben centrarse más en medidas de apoyo específicas para amortiguar sus efectos en los que ya están en desventaja”.

Esta crisis ha puesto de relieve con más nitidez que nunca la vinculación entre el aumento de las desigualdades económicas y el deterioro social. Son los organismos internacionales y los analistas independientes quienes lo autentifican. Las políticas fiscales y sociales del gobierno de coalición (pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo vital, impuestos a bancos y eléctricas, entre otras) no han resuelto los problemas, pero han evitado una catástrofe social. Los propósitos del Partido Popular de derogar los avances en protección social, en contra de los análisis científicos, suponen un riesgo grave para la estabilidad de millones de familias de este país.

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