El Gobierno desbloquea 2.300 millones de ayudas para la industria del automóvil

El segundo paquete de ayudas para la reconversión del sector del automóvil ya está listo. Así se lo ha hecho saber el Ministerio de Industria en un encuentro este jueves a la patronal de fabricantes de coches Anfac, en el que ha desvelado un apresurado calendario forzado por las elecciones del próximo 23 de julio. El comisionado del PERTE del vehículo eléctrico, José María López (dependiente del Ministerio de Industria), les ha comunicado que la nueva línea de ayudas contará con dos ejes: uno centrado en la captación de proyectos de baterías, con una cantidad de 837 millones de euros; el segundo, a través de proyectos más centrados directamente en la fabricación de vehículos eléctricos, que canalizará una inversión superior, del orden de los 1.475 millones.

De esa forma, el Ministerio de Industria da por zanjada una de las dudas que generaba temor entre las marcas y la industria auxiliar con proyectos en España: que el adelanto electoral retrasara hasta la constitución del nuevo Gobierno el plan de ayudas, que deben otorgarse antes de que concluya el año a riesgo de perderse. El problema del marco temporal que plantea el Ejecutivo es el corto periodo que ofrece a las empresas interesadas en captar inversiones para presentar sus proyectos: la convocatoria se abrirá en tres semanas, el 1 de julio, y concluirá el día 15 del mismo mes. La asignación de los subsidios se prevé para el 15 de septiembre y será posible porque la resolución dependerá de los técnicos ministeriales y no de órdenes políticas.

La reunión celebrada no ha solventado todas las dudas y ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo miércoles. Lo que ha quedado claro es que el paquete de ayudas para proyectos vinculados con baterías abre un gran abanico de posibilidades que cubre el conjunto de la cadena de valor de ese negocio: desde la construcción de gigafactorías hasta otras instalaciones para fabricar ánodos, cátodos, electrolitos, la transformación del litio y el cobalto que se prevé en Extremadura e, incluso, las plantas de ensamblajes de las cajas de baterías (battery pack en su designación inglesa) que se instalan en los coches y que acostumbran a estar en instalaciones próximas a las fábricas de coches eléctricos.

Ese paquete de ayudas será el que primero se aprobará, a través de un decreto ley que no se tendrá que convalidar en las Cortes. El segundo tardará un poco más, pendiente de algunos trámites formales de la Comisión Europea, y se centrará en cualquier proyecto vinculado con el proceso vinculado con el coche eléctrico: desde una fábrica nueva como la que negocia Tesla en la Comunidad Valenciana, pasando por la sustitución de una línea de montaje para ensamblar coches cero emisiones si se sustituye por otra que monta vehículos de combustión, hasta factorías en las que se dejen de fabricar cajas de cambio para construir motores eléctricos. Esa partida es la más cuantiosa y se resolverá a través de un proceso no competitivo. El primer proyecto que llegue a la ventanilla ministerial será el primero en ser analizado y, por tanto, en ser resuelto. Cuando se acaben los fondos no habrá más oportunidades.

Proceso ambicioso

Los 2.312 millones de euros de ambos paquetes de ayudas superan ligeramente los 2.180 millones de euros procedentes del mecanismo europeo de los fondos Next Generation que quedaban pendientes de asignar, por lo que todo apunta a que el Gobierno ha sumado recursos ministeriales propios. El gran interrogante sigue siendo si las empresas cuentan en cartera con proyectos suficientes para gastar ese dinero, sobre todo en lo que respecta a las ayudas al coche eléctrico.

En la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del vehículo eléctrico (PERTE-VEC) apenas se pudo consumir el 29% de los 2.975 millones de euros preparados. El sector de la automoción tomó los resultados como el fiasco de un proceso tan ambicioso como complejo, que obligaba a grandes alianzas entre diferentes empresas presentes en distintas comunidades autónomas a que se aliaran para llevar a cabo grandes inversiones. El paradigma fue el proyecto de Grupo Volkswagen, con 40 empresas participantes, la transformación de dos plantas de vehículos, la construcción de una gigafactoría en Sagunto y una inversión conjunta de 10.000 millones de euros.

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