Bruselas aplicará a España la disciplina fiscal a partir de la primavera de 2024
El Ejecutivo comunitario abrirá expediente por déficit excesivo a otros 13 países europeos
La relajación fiscal toca a su fin. La Comisión Europea ha anunciado que no va a pasar por alto que los países superen los límites de déficit que marcan las reglas fiscales europeas, aunque en estos momentos se esté negociando su reforma. En las recomendaciones a los Estados miembro publicadas este jueves, indica que volverá a colocar a España bajo la disciplina fiscal el año que viene: el Ejecutivo comunitario “propondrá al Consejo abrir el procedimiento de déficit excesivo en primavera de 2024 sobre la base de los datos de 2023″.
Si se toman las previsiones de Bruselas, el déficit acabará este año en el 4,1% del PIB, unos 50.000 millones de euros. Si se cogen las del Gobierno español, la cifra estará en el 3,9%. En cualquier caso, el desfase presupuestario se situará por encima del 3% del PIB a partir del cual se impone un control estricto de las cuentas públicas. De ahí que España vaya a acabar otra vez bajo el procedimiento de control europeo en cuanto se activen de nuevo las reglas fiscales, cuyo funcionamiento se suspendió por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania.
Las reglas fiscales volverán a activarse en 2024. Estas se van a reformar para cambiar el modo en que se hacen los ajustes y el seguimiento de estos. Pero los límites del 3% del PIB de déficit y del 60% del PIB de deuda continuarán siendo el baremo con el cual se mide si existe un riesgo para las cuentas públicas. Cambiarlo requería la unanimidad de todos para reformar los tratados. Sería un proceso difícil de conseguir. Así que se ha desechado y seguirán marcando los objetivos presupuestarios.
“Nuestras recomendaciones están, por supuesto, en consonancia con las leyes europeas existentes”, introducía el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, durante la presentación de las orientaciones para los presupuestos del próximo año. El aviso de Bruselas no solo se dirige a España. Otros 13 países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia, se verán afectados. También superarán el 3% de déficit Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
La entrada de las reglas fiscales condicionará la labor del Gobierno que salga de las próximas elecciones. El informe de recomendaciones pide ya prudencia en la ejecución presupuestaria de 2023. Y recomienda que en el plan presupuestario de 2024, que tiene que enviarse este otoño a Bruselas, se incluya un ajuste de las cuentas públicas. En concreto, aconseja que el gasto público solo aumente un 2,6% sin contar fondos europeos e intereses y neto de medidas fiscales. Se trata de una cifra exigente dado el actual contexto de inflación y si se compara con el 5,5% de tope que se reclamaba para este año. Además, señala que debería llevarse a cabo un ajuste estructural en las cuentas del 0,7% del PIB, unos 9.000 millones. Eso sí: explica que gran parte del ajuste podría hacerse retirando todas las ayudas desplegadas por la inflación. Ya en 2023 debería suprimirse también el gasto que todavía permanece por la covid, algo que las comunidades no están deshaciendo y que supone un 0,5% del PIB, unos 6.000 millones de euros, según cálculos de la Comisión.
España había conseguido salir de este brazo corrector en el verano de 2019, después de una década de férrea supervisión. El desfase presupuestario se había colocado en 2018 en el 2,56% del PIB, 31.000 millones. Sin embargo, en 2019 al final el déficit volvió a subir por encima del límite: al 3,06%, 38.000 millones. Pero España se libró porque justo entonces llegó la pandemia. Todas las reglas fiscales saltaron por los aires y el BCE financió con su expansión monetaria una situación de emergencia sanitaria extrema. La invasión rusa de Ucrania prolongó otro año la suspensión de estas normas. El año que viene el próximo Gobierno tendrá que lidiar con la vuelta a la disciplina para corregir un agujero estructural en las cuentas públicas que la Comisión estima en el 3,7% del PIB en 2024, unos 50.000 millones de euros, el equivalente a casi la mitad de la recaudación por IRPF.
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