Escrivá da diez días a sindicatos y Trabajo para sugerir cambios al plan para regularizar trabajadores extranjeros

La reunión, según algunos de sus asistentes, fue “larga” e “incómoda”. Representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad, Social y Migraciones llevaron este miércoles a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración su propuesta para facilitar que extranjeros en situación irregular logren sus papeles y se incorporen al mercado laboral, tal y como adelantó EL PAÍS. Sentados en la mesa había representantes de la patronal, a favor de la medida, y de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo que, en principio, se mantienen críticos con el enfoque de José Luis Escrivá en esta materia.

El ministro quiere rebajar de forma considerable los requisitos que exige el llamado arraigo para la formación, una figura aprobada el pasado verano que permite regularizar a extranjeros que realicen actividades formativas y logren después un contrato de trabajo. Para concluir la reunión, Migraciones ha dado entre siete y diez días a sus interlocutores para que hagan las observaciones que consideren, aunque fuentes del ministerio recuerdan que este órgano es consultivo y no vinculante. Es decir, que Escrivá no necesita la anuencia de ninguno de ellos para aprobar su iniciativa.

La propuesta del ministro para acelerar la inserción laboral de extranjeros en situación irregular consiste en modificar las instrucciones que desde octubre regulan el arraigo para la formación. Esta figura permite que las personas que llevan en España al menos dos años puedan obtener un permiso de residencia para formarse y convertirlo, una vez consigan un contrato, en una autorización que también permita trabajar. Menos de un año después de que se haya creado esta vía para la regularización de trabajadores extranjeros, Escrivá considera que es demasiado “rígida” y quiere eliminar exigencias. Entre ellas el requisito de cursar un mínimo de horas —hasta ahora eran 200— y la obligatoriedad de que la formación sea presencial. “Desgraciadamente hay personas, sobre todo mujeres con hijos, a las que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente”, defendió este miércoles el ministro. Las nuevas instrucciones también incluyen como formación válida las microacreditaciones, la capacitación más básica de la FP, y apuesta por que pueda compatibilizarse el estudio con el trabajo.

El ministro ha defendido este miércoles que tomó la decisión de flexibilizar los requisitos tras escuchar “sobre todo” a asociaciones que trabajan con inmigrantes. “Lo que estamos haciendo, desde un punto de vista de sensibilidad social, es profundizar en esta instrucción”, ha defendido Escrivá. Pero el reproche que le hacen en privado sus interlocutores más críticos es que quienes han influido en la decisión del ministro han sido representantes del sector de la construcción, que quieren agilizar la contratación de más mano de obra ante el alto número de puestos de trabajo vacantes.

La vía del arraigo por formación se creó el pasado mes de julio con la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, aunque solo se reguló en octubre. A pesar de la “rigidez” que ha identificado Migraciones, en poco más de seis meses más de 22.000 personas han solicitado sus papeles acogiéndose a esta figura y unos 12.000 ya los han obtenido, según los datos que ha aportado Escrivá. El propio ministro defendió que los números demuestran que la figura “funciona bien” y que “sirve de ejemplo internacional”.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha referido al asunto este miércoles. Díaz ha lanzado varios mensajes sobre las diferentes vías relacionadas con la contratación de extranjeros que está explorando el ministro. Por un lado, ha defendido “el respeto de los derechos fundamentales” en la contratación en los países de origen y que “no cabe flexibilización alguna” cuando se trata de “garantizar la formación de calidad”. La vicepresidenta segunda ha insistido varias veces en dos cuestiones: que los empresarios deben mejorar las condiciones laborales y que se debe reforzar la formación. “Nuestra posición es muy semejante a la de los sindicatos. Claro que existe un problema de trabajadores en muchos sectores, pero los empresarios tienen que disponer de las condiciones laborales adecuadas para que se pueda desplegar el mercado de trabajo con la eficiencia de la que somos capaces. ¿Por qué razón se van miles de españoles a la vendimia francesa y no lo hacen en nuestro país”, cuestionó Díaz.

La vicepresidenta sí que se mostró, en cambio, a favor de una regularización de trabajadores extranjeros. “Tenemos miles”, dijo. “Y si hablásemos de una regularización, cuenta con nuestra anuencia”. Aunque esta afirmación podría parecer un respaldo al plan de Escrivá, Díaz, según matizan desde su ministerio, no condiciona una hipotética regularización a la capacitación de trabajadores. La vicepresidenta se refería al caso de una regularización extraordinaria como la que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. El Gobierno, sin embargo, no se plantea esta medida, a pesar de que decenas de asociaciones de apoyo a los inmigrantes la han llevado al Congreso como una Proposición no de Ley.

Tanto Trabajo como CC OO han afirmado que estudiarán la propuesta de Escrivá y harán los comentarios oportunos. “Nosotros defendemos que se dignifique el trabajo para que sea atractivo y no que se oriente la formación exclusivamente para extranjeros en situación irregular”, explica a EL PAÍS José Antonio Moreno, responsable de Migraciones de CC OO. “La figura del arraigo para la formación nos genera escepticismo”, mantiene Moreno, que advierte de los posibles fraudes que podría promover una mayor flexibilización de las formaciones. El representante del sindicato también lamenta “la falta de lealtad” del ministro. ”Hay sectores empresariales que se están dirigiendo a Escrivá para flexibilizar criterios sin seguir los mecanismos del diálogo social”, afirma.

Por su parte, en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) aplauden la propuesta de Escrivá. “España tiene un serio problema de falta de trabajadores que se concentra fundamentalmente en las pymes españolas, con menos recursos para captar trabajadores. Esto conlleva el freno de actividad en sectores cruciales como la construcción, la industria, el transporte, la logística o el sector tecnológico”, explican.

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