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La Inspección obliga a Glovo a reconocer a 3.060 repartidores de Andalucía como trabajadores

El organismo acredita que la empresa de reparto empleaba la figura del falso autónomo perseguida por la ‘ley rider’

Glovo
Trabajadores de reparto de comida en la Gran Vía de Madrid.KIKE PARA
Gorka R. Pérez

3.060 trabajadores de Glovo en Andalucía verán regularizada su situación laboral después de que la Inspección de Trabajo haya constatado que venían desempeñando su tarea como falsos autónomos. El sindicato CC OO denunció la situación hace dos años, en el mes de febrero de 2020, ante la Dirección Territorial de la Inspección en esta comunidad, alertando de que las plataformas de reparto de comida a domicilio Glovo y Deliveroo empleaban de manera irregular a sus empleados bajo la figura del falso autónomo.

CC OO ha anunciado este martes la recepción de una comunicación por parte del organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo, en la que acredita esta anomalía contractual y la obligación para la primera de las compañías de regularizar la situación de estos más de 3.000 trabajadores. En el caso de Deliveroo, la Inspección no ha podido llevar a cabo ninguna acción revisora, puesto que la plataforma abandonó España en 2021. A estos 3.060 trabajadores podrían añadirse muchos otros, puesto que la Inspección aún no se ha resuelto las acciones inspectoras en las provincias de Jaén y Cádiz que también fueron denunciadas por este sindicato. “Quedamos a la espera del resto de conclusiones con el convencimiento de que el dato de personas se ampliará significativamente”, indica el comunicado.

La irregularidad descubierta este martes se suma a una larga lista de actuaciones que ya acumula en su expediente la empresa Glovo, “y que han conllevado que esta empresa acumule más de 200 millones en sanciones, además de la regularización de cerca de 15.000 personas trabajadoras empleadas como falsos autónomos, y la constatación del uso de empleo irregular de personas extranjeras y la obstaculización de la labor inspectora”, indica CC OO. “Es el momento de que esta empresa recapacite, cumpla la normativa y que sus plantillas vean reconocidos sus derechos sociales y laborales”, concluye.

205 millones en multas

Glovo, empresa catalana controlada por el grupo alemán Delivery Hero, anunció el 30 de enero el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de su plantilla (de unos 3.800 empleados). Los afectados no fueron los mensajeros, sino aquellos empleados situados en el área de las funciones de apoyo empresarial, de contratación y de datos.

Desde la entrada en vigor de la ley rider hace casi un año, Glovo acumula ya 205,3 millones en multas (125,3 millones en sanciones y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones) por vulnerar la laboralidad —el reconocimiento como empleados y no trabajadores autónomos— de sus repartidores. La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, fue para Glovo Madrid por emplear a 7.022 falsos autónomos y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo. En total, Glovo ha sido castigada por actuar de forma improcedente con 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin la documentación pertinente.

A pesar de que la justicia ya venía reconociendo el carácter de asalariados de los empleados de Glovo ―el Tribunal Supremo dictaminó en septiembre de 2020 que la relación entre un repartidor (rider) y la empresa tiene naturaleza laboral—, y de la entrada en vigor de la norma, acordada por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CC OO, y las patronales CEOE y Cepyme, y que así los reconoce, esta compañía venía operando bajo el sistema laboral anterior. Lo que derivó en que el Gobierno decidiera endurecer el Código Penal y castigar con penas de prisión de hasta seis años los delitos contra los derechos de los trabajadores.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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