Las autopistas rescatadas seguirán siendo del Estado al menos hasta 2032

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la firma de un convenio entre la Administración General del Estado (AGE) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) que acuerda dejar en manos de esta sociedad pública la gestión directa de las autopistas revertidas al Estado hasta finales de diciembre de 2032.

Se trata de las autopistas que entre 2018 y 2019 tuvo que rescatar el Estado tras la entrada en concurso de acreedores y posterior liquidación de las concesionarias privadas que se adjudicaron su construcción y posterior gestión. La lista se encuentra formada por las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara R-3 de Madrid a Arganda del Rey, R-4 de Madrid a Ocaña, R-5 de Madrid a Navalcarnero, M-12 Eje Aeropuerto. Y se completa con la AP-41 de Madrid a Toledo, AP-36 de Ocaña a La Roda, AP-7 de Circunvalación a Alicante y la AP-7 de Cartagena.

Las infraestructuras de pago se inauguraron entre 2003 y 2006 bajo gobierno de José María Aznar pero se incumplieron las previsiones demasiado optimistas de tráfico, y el Estado tuvo que hacerse cargo de ellas por la cláusula de la responsabilidad patrimonial, indemnizando además a las empresas privadas. Hasta el momento, estos rescates le han costado al contribuyente más de 1.000 millones de euros, pero la factura final puede triplicarse cuando se diriman los litigios en los tribunales. El anterior gobierno de Mariano Rajoy barajó volver a privatizar su gestión pero con la llegada del Ejecutivo socialista en 2018 se paró este proyecto debido, además, al escaso interés de las concesionarias.

Así, con este nuevo convenio se regula la gestión de la explotación de autopistas de titularidad estatal, dando continuidad, por un plazo de diez años, a la gestión realizada al amparo del convenio suscrito en 2017 que vence el próximo 31 de diciembre.

Las autopistas seguirán siendo de peaje aunque las tarifas seguirán congeladas en 2023, como ha sucedido desde 2019, dada “la situación económica actual”, según ha indicado el Ministerio de Transportes, del que depende SEITT. Este departamento prevé que se apliquen bonificaciones por motivos medioambientales o para mejorar el nivel de servicio.

Para mantener y mejorar las vías, se financiarán actuaciones mediante el cobro de los peajes a los usuarios y las aportaciones de capital del Ministerio de Transportes de hasta un máximo 128 millones de euros entre 2023 y 2025, con el objetivo de acelerar su ejecución y cubrir el déficit que se genera en dichos años.

El nuevo convenio prevé, a su vez, actuaciones de conservación y mantenimiento de la vialidad, incluyendo mejora de la señalización, integración ambiental, seguridad viaria, ordenación de accesos y uso de las zonas de protección de la carretera. A su vez, también se contemplan actuaciones de reforma, modernización, reposición, adecuación de túneles, iluminación, ampliación de capacidad, construcción de enlaces, ramales o nudos exigibles para mantener la infraestructura en óptimas condiciones de vialidad y circulación, y todas aquellas actuaciones de digitalización y sostenibilidad para incorporar a la carretera los avances técnicos existentes y conseguir una movilidad segura, sostenible y conectada.

Paralelamente, en la misma sesión, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de concesión de seis áreas de servicio gestionadas por SEITT, por un valor estimado de 44,4 millones de euros y un plazo de duración del contrato de cinco años.