La tarifa regulada para los hogares con caldera comunitaria costará 3.000 millones de dinero público

El Gobierno financiará con 3.000 millones de euros de dinero público la ampliación de la tarifa de último recurso (TUR) a 1,7 millones hogares con caldera comunitaria y la prórroga de las actuales condiciones para todos aquellos hogares que ya estaban acogidos a ella. Hasta ahora, la diferencia entre esta tarifa, cuyo precio revisa el Ejecutivo trimestralmente y que es notablemente más económica, y las del mercado libre, pasaba a engrosar el déficit de tarifa del sistema gasista: el ahorro de hoy era un mayor coste para mañana, siempre a cargo de los usuarios finales. A partir del 1 de noviembre serán los Presupuestos Generales del Estado los que asuman esa brecha de precios.

Tanto la ampliación de la TUR para las familias que viven en bloques con caldera comunitaria como la limitación —hasta un máximo del 15% del coste de la materia prima— de quienes ya estaban acogidos a esta figura estarán en vigor hasta finales del año que viene. Para entonces, la crisis energética debería haber empezado a amainar, aunque la mayoría de casas de análisis apuntan a varios años de precios de la energía muy por encima de la media histórica.

La medida guarda una cierta similitud con la subvención de 20 céntimos que se aplica sobre la gasolina y el diésel desde la pasada primavera: a ella se podrán acoger todos los hogares, indistintamente de su tamaño o su capacidad económica. De ahí que algunos análisis, como el publicado la semana pasada por el centro de evaluación de políticas públicas EsadeEcPol, hayan alertado de la regresividad que lleva aparejada. El Ejecutivo confía en que la ampliación de la TUR a todos los hogares se traducirá en una reducción de casi la mitad en sus recibos en comparación con lo que pagarían en el mercado libre, la única alternativa que tenían hasta ahora.

Consumos medios y penalizaciones

La nueva TUR para quienes cuentan con caldera común tendrá ocho tramos en función del consumo y obligará a quienes se quieran acoger a ella a tener su instalación en perfecto estado de revista y a contar con un repartidor individual del consumo antes del 1 de octubre del año que viene, salvo que estén exentas por “inviabilidad técnica”. El descuento máximo quedará fijado por el consumo del último lustro: si el dispendio de gas es mayor desde la entrada en vigor de esta tarifa, pagarán un 25% más de lo que fije la llamada TUR 4 (para distinguirla de las tres ya existentes para los hogares con caldera individual).

“Estimamos un ahorro del 40%”, ha detallado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Calcularemos el consumo medio de esa comunidad en los cinco últimos años, y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%; el 30% seguiría pagando el gas al precio que está en el mercado. Si la comunidad incrementara su consumo por encima del consumo medio, habría una penalización”.

Ayudas para trabajadores de bajos ingresos

La nueva batería de medidas para socorrer a los hogares a sobrellevar la crisis energética y que adelantó la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá un coste de alrededor de 3.000 millones de euros y beneficiará —según sus cálculos— al 40% de los consumidores domésticos. Además de la ampliación de la TUR para los 1,7 millones de hogares con caldera comunitaria, el Ejecutivo refuerza los descuentos de los bonos sociales (eléctrico y térmico) para familias numerosas o vulnerables y aplica descuentos de hasta un 40% en la factura para trabajadores de bajos ingresos: con una renta individual inferior a 16.800 euros brutos al año o familiar (en el caso de una unidad de cuatro miembros) de menos de 27.720 euros en 2023.

Esta ronda de ayudas, sin embargo, podría no ser la última. En su comparecencia de este martes, Ribera ha dejado la puerta abierta a más medidas “en función de cómo evolucionen las circunstancias” y a tenor de la enorme volatilidad en los mercados energéticos, que “obliga a permanecer muy atentos”.

A las puertas de una nueva cumbre europea que debería alumbrar nuevas medidas para combatir la crisis energética, la titular de Transición Ecológica ha urgido a tomar nuevas medidas para amortiguar el impacto de la crisis sobre los hogares y las empresas: “Seguimos avanzando muy por debajo de las expectativas; no se actúa a la velocidad requerida”, ha deslizado al tiempo que recordaba el interés de varios países vecinos de aplicar su excepción ibérica —el mecanismo que permite desligar, siquiera parcialmente, el alto coste del gas sobre el mercado eléctrico—. “Estamos lejos de poder identificar las soluciones que puedan mantenerse a lo largo del tiempo”, ha agregado al tiempo que pedía que “no se impongan [a los países] obligaciones que no benefician a nadie y dificultan nuestro recorrido”.