El ‘caso Defex’ llega a juicio: la historia del saqueo y hundimiento de una empresa semipública de venta de armas

El fin de la historia de Defex, una empresa semipública española dedicada a la exportación de armas, comenzó a escribirse hace una década en Luxemburgo. En 2012, la Fiscalía recibió una alerta procedente de las autoridades del país centroeuropeo, que señalaba que una investigación sobre blanqueo de capitales había conducido hasta esa compañía, controlada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Empezó así a tirarse de un hilo que destaparía una presunta trama de corrupción internacional con sobornos a funcionarios, millonarias mordidas, paraísos fiscales, contratos falsos, sociedades fantasma... Todo un “complejo puzle delictivo”, en palabras de una acusación, que tendrá su epílogo a partir del 2 de noviembre: la Audiencia Nacional ya ha fijado para ese día el arranque del primer juicio a la presunta red criminal, centrado en sus oscuros negocios en Camerún.

El tribunal cerró el calendario de esta primera vista oral hace unas semanas. En un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, fechado el 30 de septiembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, se contemplan seis jornadas para celebrar todo el juicio —la primera sesión arrancará a las 10.00 del 2 de noviembre; y la última se desarrollará el día 17—. Por esta parte de las pesquisas, el magistrado instructor José de la Mata envió al banquillo a Manuel Iglesias-Sarria, quien fuera director comercial de Defex, y a los empresarios Francisco Luque Ramírez y Oscar López i Salvadó. La compañía semipública, Deimos Space SLU y Aresa Marine SL también están acusadas como personas jurídicas.

Este primer juicio vuelve a poner en el foco el escándalo urdido en el seno de Defex y que acabó con la empresa. El consejo de administración de la SEPI ya reconoció que el “daño reputacional” sufrido la hacía irrecuperable. Por lo que, en 2017, se anunció su liquidación. Creada en 1972, durante los últimos coletazos del franquismo, siempre estuvo participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y al 49% por socios privados. Su edulcorada carta de presentación decía que se dedicaba a la “promoción y exportación de bienes y servicios españoles”, pero se constituyó como un verdadero “instrumento de política industrial para fomentar la exportación del sector de defensa nacional”, según el sumario. Su objetivo era “detectar las operaciones comerciales” y los “proveedores nacionales idóneos”.

Sin embargo, el negocio legal se transformó, presuntamente, en un saqueo. Las investigaciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía y los jueces Pablo Ruz y José De la Mata describen una compañía semipública que funcionaba como una “organización criminal”, con un “sistema presidencialista” donde su máximo responsable, José Ignacio Encinas, tenía ingentes “potestades”; y sus directores, Ángel Larumbe y Manuel Iglesias-Sarria, “plenos poderes” para hacer y deshacer a su antojo. Sin “control” interno ni externo. Sin “mecanismos” para prevenir delitos. Algo “absolutamente insoportable”, llega a afirmar uno de los magistrados, “en una sociedad mayoritariamente pública, que persigue intereses públicos, o en sus responsables, designados para proteger y alcanzar dichos intereses generales”.

14,6 millones de mordidas en Camerún. El primer juicio del caso Defex, que empieza este 2 de noviembre y que dejará paso a otras líneas de investigación del sumario más voluminosas, se centra en los tejemanejes en este país africano. La Fiscalía pide 23 años de prisión y una multa de 86 millones de euros para Iglesias-Sarria; así como 18 años de prisión y 50 millones de sanción para Luque Ramírez y Oscar López i Salvadó, que ejercían respectivamente como director comercial de Deimos Space y presidente del grupo Aresa. El ministerio público también solicita que se castigue a Defex, entre multas y decomisos, con el pago de más 100 millones de euros.

La investigación ha desvelado que la empresa semipública contaba desde 1999 con una pieza clave en Camerún: un agente comercial en la sombra llamado Philippe Bourcier, de origen francés y huido de la justicia. Este encabezaba una red de empresas “instrumentales” con cuentas bancarias en Suiza, Reino Unido y Camerún, donde recibía y transfería fondos para comprar voluntades de autoridades y funcionarios del país africano. Así, costeó sobornos en metálico, regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética con dinero procedente de Defex. En total recibió más de 14,6 millones de euros, de los que también sacó tajada. Se quedó supuestamente la mayor parte: más de 12 millones para él y su entorno.

Con esta operativa irregular, Defex consiguió contratos públicos de vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras. Según la Fiscalía, el director comercial Iglesias-Sarriá acordó con Bourcier “las condiciones de su contratación, remuneración y la forma de pago”; y, además, “se relacionaba” con autoridades de Camerún que recibían las dádivas. Defex subcontrató algunas adjudicaciones a Deimos y Aresa, que pagaban igualmente al agente francés.

La vista oral dejará una escena peculiar. Defex no solo se sentará en el banquillo como persona jurídica. La Audiencia Nacional aceptó que la sociedad pudiera ejercer también —en este y otros juicios que quedan del sumario— como acusación particular. Los directivos que asumieron el poder en Defex tras el escándalo quisieron mover así ficha contra sus predecesores. De hecho, la representación de la compañía semipública la ha asumido el reconocido bufete internacional Baker Mckenzie, que defiende en otras causas a personalidades como Francisco González, expresidente del BBVA; María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex secretaria general del PP; o al magnate ruso Mijaíl Fridman, propietario de los supermercados Dia.

Contratos en Angola. La madeja del caso Defex comenzó a desenredarse en Angola. El aviso de Luxemburgo alertaba de contratos irregulares y comisiones en ese país. Por esta parte del sumario, para la que aún no se ha fijado fecha de juicio, el juez De la Mata envió al banquillo a 24 personas —entre ellos, José Ignacio Encinas, presidente de Defex durante 20 años; cinco exdirectivos de la empresa semipública; y Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía español, que se encargó presuntamente de diseñar desde su despacho en Luxemburgo el entramado societario para desviar el dinero—. También se procesó a la compañía semipública, y a otras dos sociedades.

Según las pesquisas, al igual que en Camerún, Defex conseguía contratos públicos en Angola tras pagar comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios, además de a los agentes que ejercían de intermediarios. Aunque, en este caso, hubo mordidas que también acabaron supuestamente en los bolsillos de los directivos de la compañía (entre ellos, de su presidente), que “aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias”. En esta pieza del sumario, el juez instructor reprochó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que no acusaran a Defex por delito fiscal pese a reconocer que la defraudación se produjo. Según De la Mata, se genera así “una situación de absoluta impunidad”.

25 años de comisiones en Arabia Saudí. La tercera línea de investigación que ya se dio por acabada versa sobre Arabia Saudí. Esta tampoco tiene fecha de juicio, pero el sumario apunta que se pagó comisiones a funcionarios y a conseguidores para hacer negocios en el país asiático durante, al menos, 25 años: de 1991 a 2016. Entre otras operaciones, se pone bajo sospecha la venta de munición y repuestos para carros de combate, según el fiscal Anticorrupción. El juez procesó por estos tejemanejes a cuatro empresas (incluida Defex) y a ocho personas, entre las que se encuentran José Ignacio Encinas y Manuel Iglesias-Sarria. En otras partes de las pesquisas también se han detectado posibles irregularidades en países como Egipto o Brasil.