La Fiscalía pide hasta 29 años a ocho acusados por la venta de armas a Arabía Saudí

La empresa semipública Defex estuvo entre 1991 y 2016 pagando comisiones millonarias a funcionarios y a conseguidores para hacer negocios en Arabia Saudí con la venta de munición y repuestos para carros de combate, según desvela el fiscal Anticorrupción en un escrito de acusación contra exdirectivos de la compañía, conocido ayer. La antigua cúpula de la entidad, los intermediarios y cuatro sociedades afrontan hasta 29 años de cárcel por esta trama de sobornos. La investigación ha detectado pagos de al menos 100 millones de euros en paraísos fiscales.

Ocurrió bajo control público (Defex estaba participada en un 51% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI) y hasta bien entrada la primera década del siglo. La sociedad con la que España exportaba armas por medio mundo adolecía de una “absoluta falta de cualquier sistema de organización y control de los fondos públicos que administraba”, escribe el fiscal Conrado Saiz. El mejor ejemplo era la relación con el “agente comercial” o comisionista Álvaro Cervera Pérez, que durante 25 años fue el conseguidor de Defex en Arabia Saudí y al que, solo en transferencias directas, sin que mediaran contratos ni facturas, se le transfirieron 40 millones de dólares a sociedades pantalla en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Liechtenstein, entre otros lugares con regímenes tributarios laxos.

Defex pagó otros 60 millones en Suiza a una sociedad domiciliada en las Islas Caimán, Península, de la que aún se desconoce quién se beneficiaba en última instancia. Anticorrupción atribuye a los antiguos gestores, a los comisionistas y a cuatro empresas (Defex entre ellas) delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

El Ministerio Público dirige su acusación contra el expresidente de la entidad José Ignacio Encinas Charro y los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria (director comercial), Ángel Larumbe (director de operaciones) y Fernando Aguilar (presidente, tras Encinas Charro, entre 2013 y 2015). De los dos primeros, según Anticorrupción, mantuvieron “desde 1995 un entramado de sociedades de las que son últimos beneficiarios ellos mismos y sus familiares, donde percibían una comisión del 0,5% del importe total de los contratos que celebraba la empresa pública”.

La instrucción del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre la venta de material bélico a Arabia Saudí confirmó el pago de sobornos y comisiones ilegales en 11 contratos firmados entre 2005 y 2013. En ocho de ellos Defex suministró distintos tipos de munición a Riad. En los otros tres, repuestos para los carros blindados AMX-30 del Ejército saudí. El importe total de estos contratos superó los 48 millones de euros, como adelantó EL PAÍS. Anticorrupción se centra en este periodo porque las operaciones irregulares anteriores, desde 1991, estarían prescritas.

La trama de sobornos de Defex se conoce desde 2014, cuando una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó que una venta de material policial a Angola se había realizado con sobrecostes millonarios que se desviaban para pagar sobornos a funcionarios del país africano y a repartir comisiones ilegales entre directivos e intermediarios.

La investigación se amplió posteriormente a Arabia Saudí, Camerún, Egipto y Brasil. El pago de sobornos para conseguir contratos era “una práctica institucionalizada en la empresa pública”, asegura el fiscal en su escrito. La investigación ha descubierto que se pagaban comisiones de hasta el 20% del valor de los contratos. En general oscilaban entre el 14,5% y el 16,5%, según la documentación obtenida en los registros. El dinero destinado a las comisiones ilícitas se camuflaba a través de contratos ficticios de prestación de servicios y de consultoría. Además de Álvaro Cervera, los directivos de Defex también usaron como intermediarios a Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira Silva.

Además de las penas de cárcel, que van de 15 a 29 años, Anticorrupción pide multas millonarias tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Para Defex, que se encuentra en proceso de liquidación desde 2017, solicita 45 millones de euros de multa y el decomiso de 14,5 millones. El Ministerio Público pide también que los tres hijos de Cervera indemnicen a Defex o, en su caso, a la SEPI, con 4,2 millones de euros como “partícipes a título lucrativo”.