La justicia europea respalda el mayor castigo impuesto en la UE por vulnerar la competencia: multa de 4.125 millones a Google

La justicia europea ha dado un nuevo varapalo a Google. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dado la razón a Bruselas en casi todas las acusaciones que en 2018 acabaron con la multa más alta en la historia impuesta por una autoridad de Competencia, 4.343 millones. La principal razón que esgrimió la Comisión fue abuso de posición dominante en el mercado. Las “restricciones [que Google obligaba a asumir a los fabricantes de móviles] tenían como objetivo proteger y reforzar la posición dominante de Google en el ámbito de los servicios de búsqueda general y, en consecuencia, los ingresos obtenidos por esta empresa gracias a anuncios publicitarios asociados a tales búsquedas”, sostienen los jueces comunitarios, asumiendo los argumentos de Bruselas. Este fallo sucede al de noviembre pasado, también desfavorable a la tecnológica, que ascendía a 2.400 millones y es un espaldarazo a la batalla que el Ejecutivo europeo mantiene contra los gigantes tecnológicos estadounidenses (Meta, Apple, Amazon, Microsoft) por sus prácticas comerciales en un sector en el que su dominio del mercado es apabullante.

Aunque los jueces “confirman en gran parte la decisión de la Comisión”, como titula la nota del propio tribunal, rebajan en poco más de 200 millones —hasta dejarla en 4.125 millones— la multa que impuso el equipo de la vicepresidenta y comisaria de Competencia Margrethe Vestager. Lo hacen por un razonamiento que difiere en algunos puntos del de la Comisión. El fallo, en todo caso, no es definitivo porque Alphabet, matriz de Google, tiene dos meses y 10 días para recurrir la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la máxima instancia de la judicatura comunitaria.

La sanción de 4.125 millones ratificada este miércoles se une a la de noviembre, de 2.400 millones. Ambas deben ratificarse o desestimarse por el TJUE si finalmente Google continúa con el proceso judicial. Aunque la cuantía potencial de la factura de la tecnológica americana puede seguir creciendo por infracciones en las reglas del mercado, según interpreta el departamento de Competencia de la Comisión. En 2019, otro expediente concluyó con una multa de 1.490 millones por comportamiento abusivo de Alphabet en su negocio publicitario. La sanción en este caso ascendió a 1.490 millones. Los tribunales todavía no se han pronunciado sobre esto.

Más de 8.000 millones en multas

Antes de pasar por los tribunales, todas las sanciones de Bruselas a Google han llegado a ascender a un total 8.240 millones de euros, una cantidad de la que ahora hay que restar algo más que los 200 millones minorados este miércoles. Pese a la importancia de las multas, este desembolso todavía está muy lejos de los beneficios anuales de la compañía, que solo en 2021 ganó 76.033 millones de dólares (unos 67.100 millones de euros, con el cambio de finales de 2021).

Este último enfrentamiento judicial entre la Comisión y Alphabet (matriz de Google) comenzó hace cuatro años, pero colea desde 2015. Entonces Competencia sospechó que la tecnológica abusaba de su posición dominante en el mercado al obligar a las empresas a implantar el buscador Google Chrome y la plataforma de búsqueda Google Search si querían utilizar el sistema operativo Android, tras analizar el periodo comprendido entre 2011 y 2016. La acusación recuerda mucho a la batalla mantenida hace años contra Microsoft por una práctica similar al incorporar su navegador Internet Explorer en el sistema operativo Windows, lo que castigó a sus competidores de aquellos años, como Netscape.

“La Comisión consideró que tal preinstalación podía suscitar un sesgo de statu quo, como resultado de la propensión de los usuarios a utilizar las aplicaciones de búsqueda y de navegación a su disposición, idónea para aumentar significativa y duraderamente la utilización del servicio en cuestión, sin que esa ventaja pueda compensarse por los competidores”, explica el TGUE, que desoye los argumentos de la empresa al concluir que “ninguna de las críticas formuladas por Google desvirtúa el análisis expuesto por la Comisión sobre este punto”.

El expediente no solo constaba de esta acusación. Había otras dos, una sobre el sistema de pagos y otra por exigencias a los fabricantes de móviles que, según Google, facilitan la interoperabilidad entre dispositivos. En esta última, los jueces también han desestimado las alegaciones de la empresa: “La práctica en cuestión había llevado a que se reforzara la posición dominante de Google en el mercado de los servicios de búsqueda general, al tiempo que constituía un freno a la innovación”. El TGUE sí que atiende a los argumentos de la tecnológica en la acusación restante.

“Nos decepciona que el Tribunal no haya anulado la decisión en su totalidad. Android ha creado más opciones para todos, no menos, y apoya a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo”, señalan en la empresa estadounidense. Este último argumento aparece incluso en la sentencia cuando señala que “la Comisión reconoció, además, ante el Tribunal que la plataforma Android aumentó las oportunidades para los competidores de Google”. Sin embargo, la rebaja de la sanción, con ser importante si se compara con otras, queda muy por debajo de lo que se esperaba en Alphabet.

Una prueba de la expectación que ha despertado este caso se encuentra en que ha sido la primera vez que se ha leído un fallo del Tribunal General por videoconferencia, por lo que ha podido ser seguido desde fuera de Luxemburgo, sede de la magistratura europea, algo que no es habitual y que hasta ahora solo se ha utilizado en contadas ocasiones para el tribunal de máxima instancia, el Tribunal de Justicia de la UE, y en casos renombrados.

A estos procesos que ya están en los tribunales hay que añadir una última investigación abierta contra la compañía. En marzo, la Comisión anunció que estaba investigando un acuerdo suscrito en 2018 por Meta, matriz de Facebook, y Alphabet sobre los servicios de publicidad en internet que podría suponer una vulneración de la legislación antimonopolística del bloque comunitario.