Energéticas y bancos lucharán en los tribunales para esquivar los nuevos impuestos

Con las cartas ya boca arriba, el caudal de críticas y avisos al Gobierno por parte de energéticas y bancos es torrencial. Después de que el Ministerio de Hacienda detallase el jueves el nuevo tributo —los bancos pagarán el 4,8% de sus ingresos por intereses y comisiones; las grandes energéticas, un 1,2% de sus ingresos totales este año y el próximo—, ambos sectores salieron en tromba. Consideran que existen resquicios para esquivar su pago. Y abren una puerta, de forma más o menos velada —en según qué caso—, a presentar un recurso en los tribunales contra unas figuras fiscales que consideran “arbitrarias”. Una vía, la judicial, que ya han explorado muchas veces en el pasado —en especial en el caso de las eléctricas— y por la que, salvo sorpresa, también discurrirán esta vez.

En el plano energético, el más contundente fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz: “Creo y pienso firmemente que vivimos en una jurisdicción segura. Y no tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea, nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria”, subrayó el jueves en la conferencia de analistas posterior a la presentación de resultados de la petrolera. A lo que añadió: “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía”. El Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros al año con el tributo energético y otros 1.500 millones con el bancario; en total, 7.000 millones en dos ejercicios.

También se pronunció el jueves José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y de Acciona Energía: “Son elementos muy potentes de disuasión: los inversores tiemblan cuando, precisamente quienes defendieron las renovables y nos pidieron que mirásemos a largo plazo, encuentran ahora que algunas fósiles son ‘aceptables como tecnología de transición’ [en referencia a la UE, que acaba de otorgar la etiqueta verde al gas y la nuclear] o imponen cambios regulatorios e impuestos inesperados. Es injusto culpar y castigar a las empresas que más han contribuido al cambio de paradigma energético”. Entrecanales cargó asimismo contra la “creciente tendencia a demonizar la rentabilidad o a imponer cambios normativos cada vez que se produce un acontecimiento socioeconómico inesperado”.

En el sector bancario, una semana antes ya fue tajante la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa: “Nos parece tremendamente injusto. Si hay resquicios para no pagarlo [el impuesto], lo pelearemos”, aseguró antes de conocer los detalles. Su homólogo en el Sabadell, César González-Bueno, y el del Banco Santander, José Antonio Álvarez, pusieron de manifiesto el jueves los riesgos del tributo, criticando la deriva del Ejecutivo para luchar contra la espiral de precios: “La inflación no se combate con impuestos”, dijo Álvarez. Un punto en el que coincide una voz autorizada del sector fósil: “El impuesto no ayuda a resolver este problema: añade costes a las empresas y no favorece que bajen los precios. Además, desacelerará las inversiones en la transición hacia las renovables, que es lo que de verdad va a permitir que baje el precio de la energía”.

En las últimas semanas, varios miembros del Ejecutivo daban por descontado que las empresas recurrirán. Algo que, por otra parte, no es ninguna novedad: tanto la industria energética como la financiera cuentan con los mejores ejércitos de abogados, muchos de ellos bregados en casos similares contra el Estado.

“No hay beneficios extraordinarios”

La patronal eléctrica (Aelec) hizo público un comunicado a última hora de la tarde del jueves en el que afirmaba que el gravamen extraordinario no está justificado por la existencia de beneficios extraordinarios: “Estas compañías no están obteniendo estos beneficios por el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha [la minoración de ingresos por ventas por encima de los 67 euros por megavatio hora y el tope al gas]”.

La asociación que representa los intereses de las eléctricas carga también con el hecho de que solo se base en los ingresos y no tenga en cuenta los costes. De hecho, dice, los beneficios del sector en España “están siendo inferiores a los que registraron el año pasado”. En esa misma línea, tanto Repsol como Endesa negaron en las últimas horas la existencia de beneficios caídos del cielo (los derivados de la brutal escalada de precios del gas, el petróleo y la electricidad). A preguntas de este diario, fuentes de Iberdrola —la eléctrica que más choques ha protagonizado con el Ejecutivo en los últimos tiempos— prefieren apostar por la prudencia y rechazan, al menos de momento, hacer declaraciones sobre el cambio fiscal.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) incide, por su parte, en que el impuesto al sector energético no se justifica en este momento: “Querer gravar hoy estos beneficios carece de sentido: basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales, como la vivida entonces [en 2020, durante la pandemia]”, remacha en un comunicado.

La banca confía en poder tumbarlo

Las asociaciones bancarias AEB y CECA emitieron un comunicado conjunto en el que critican el gravamen al sector financiero: “Es una medida que no logrará su objetivo de combatir la inflación y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo”. Ofrecen, también, una mano tendida para dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios durante la tramitación de la proposición de ley: “Debe ser sobre la base de un adecuado encaje con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica”.

Aquí señalan las patronales del sector varios de los puntos clave. Los bancos tratarán de evitar el pago de lo que entienden un “impuesto encubierto”. Lo llaman así porque, sobre el papel, el Gobierno lo denomina como una “prestación patrimonial de carácter público no tributario”. Sin embargo, fuentes financieras sostienen que no hay dudas: “Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, seguramente es un pato. Y en este caso es evidente que se trata de un impuesto”.

El argumentario de la banca para oponerse al nuevo tributo se resume en cuatro puntos. El primero, lo discriminatorio del tributo —a su juicio—, que solo grava a dos sectores e impactará únicamente a las entidades que superen los 800 millones en margen de intereses y comisiones netas. La segunda gira en torno al concepto de prestación patrimonial no tributaria: las fuentes consultadas coinciden en que esa figura se creó para otros fines y ahora se trata de justificar que este impuesto tiene cabida en él. Además, consideran que se ha optado por esta vía para que no quede patente que se trata de una doble imposición. Por último, sobre la justificación del Ejecutivo de que la banca tendrá unos ingresos extra por la subida de tipos, explican que lo que hay es una normalización de la política monetaria tras años en cero o negativo. Y que está por ver ese efecto en las cuentas por el contexto económico adverso actual.

Así, las entidades financieras suman argumentos para pelear en los tribunales por esquivar el pago, aunque abogan por estudiarlo primero a fondo. En el sector se respira confianza: aún tienen tiempo, dicen, y creen que lo podrán tumbar. “La forma sería recurrir el anticipo que se tendrá que realizar en febrero. La Administración dirá que no procede, y entonces deberemos reclamar al juez que es inconstitucional”, relata un experto jurídico de un banco.

Hasta la fecha, apuntan fuentes del sector eléctrico, no se ha recurrido ninguna de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para capear la crisis energética. ¿La razón? “Al ser coyunturales y llegar en una situación tan compleja como esta, no tenía sentido recurrir en los tribunales. No hemos querido aumentar el lío general”, afirman. Con este impuesto, sin embargo, la dinámica ha cambiado: “Estará dos años en vigor, y la consideración probablemente sea otra”. Además, la batalla jurídica, creen, será más sencilla por tratarse de una prestación patrimonial.