La historia de Indra: un vuelo entre la tormenta
El grupo vive un mes convulso tras la revolución en el consejo, la polémica de la última junta y la redefinición de su estrategia ante el alza del gasto público en defensa
Los hindúes llaman Indra al rey de los dioses, señor de la guerra y los cielos. Indra también es el nombre de la multinacional española de tecnología y defensa, que desde que se constituyó en 1992 ha estado sujeta a vaivenes políticos y empresariales. El último mes ha sido uno de los más convulsos para la compañía, que cotiza en el Ibex 35 y tiene más de 51.000 empleados. En la junta de accionistas celebrada el pasado 23 de junio, tres de los principales accionistas (la sociedad pública SEPI, el grupo vasco de defensa SAPA y el fondo Amber Capital, primer accionista de Prisa, editora de EL PAÍS) dieron un polémico vuelco al consejo de administración al forzar la destitución de cuatro vocales independientes y votar contra la renovación de otra. El movimiento se produjo tras unos cambios de última hora en el capital que permitieron esta revolución. Esa junta fue el paradigma de la compleja historia de éxito del grupo español, repleta de claroscuros. Indra es una empresa estratégica para el Estado, alumbrada al amparo de la administración pública y que durante sus 30 años de historia ha sido objeto de intereses políticos de todos los partidos en el Gobierno durante la democracia. De hecho, las administraciones públicas españolas son el principal cliente de Indra.
Para entender lo que ocurrió ese día hay que remontarse años atrás. Tras consultar con una decena de fuentes internas del grupo, de empresarios, financieros y de organismos públicos que prestan su opinión con la condición del anonimato, se puede concluir que el origen de todo en Indra comienza y termina con un avión.
A principios de los años ochenta del siglo pasado, el Gobierno de Felipe González lanzó un plan para renovar la flota de aviones desvencijados del ejército español. Se alió con McDonnell Douglas, la empresa estadounidense, para poner en marcha el programa FACA (Futuro Avión de Caza y Ataque). La idea consistía en comprar, adaptar y desarrollar la tecnología de 72 cazas del modelo F-18 Hornet. El programa fue durante muchos años la mayor inversión del Ministerio de Defensa.
El Ejecutivo socialista encargó a la compañía española Ceselsa la construcción de simuladores para ese aparato, mientras que la empresa pública Inisel sería responsable de los bancos de pruebas. El Gobierno quería apoyar la incipiente industria de defensa en España y garantizar empleos de calidad en el país en un sector intensivo en tecnología. Esas dos compañías rivales fueron a la postre el origen de Indra, creada a principios de los noventa en un matrimonio concertado años antes por el exministro de Industria Claudio Aranzadi. Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, la industria de defensa se hacía menos necesaria y las compañías del sector perdían negocios. Así que la fusión de Ceselsa e Inisel se vio como una solución lógica..
A finales de 1992 nacía Indra bajo la presidencia de un economista joven y ambicioso procedente del sector público, que antes había hecho carrera en la Telefónica de Luis Solana. Javier Monzón (Madrid, 1956) ocupó durante casi 25 años la presidencia de la compañía, que pasó de estar enfocada en la industria militar a ser una de las principales tecnológicas españolas. Durante su mandato la empresa vivió la salida a Bolsa y su entrada en el selecto Ibex 35, multiplicó su tamaño y su presencia internacional, pero también vivió episodios oscuros. El equilibrio entre las dos almas de Indra, la tecnológica y la militar, siempre ha sido un dolor de cabeza para los gestores. Durante aquellos años se vivieron pulsos de poder para controlar el grupo, que nunca ha dejado de tener un interés estratégico para el Estado. “Siempre ha estado bajo la tutela del Gobierno de turno, incluso cuando era privada”, opina una fuente.
Tras el nacimiento de Indra, el Estado mantuvo una participación mayoritaria hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. En marzo de 1999, la SEPI sacó a Bolsa el 66% de Indra. Durante más de una década la empresa no tuvo presencia pública, pero los diferentes gobiernos siguieron influyendo en ella gracias a los suculentos contratos que les concedían. Finalmente, en 2013, el Gobierno de Rajoy ordenó a la SEPI comprar el 20% que BFA-Bankia mantenía en Indra por 337 millones. El banco acababa de ser rescatado con casi 23.000 millones de dinero público.
Javier Monzón continuó al frente de la compañía, pero fue depuesto en enero de 2015, acusado de una gestión controvertida. El Ejecutivo de Rajoy forzó su salida tras conocerse que había utilizado el jet privado de la compañía para viajes personales. El avión fue vendido a Cristiano Ronaldo. Monzón, que luego fue presidente de Prisa, fue sustituido por Fernando Abril-Martorell (que había sido consejero delegado de Prisa) en una operación pergeñada por el Gobierno de Rajoy con el apoyo decisivo de Telefónica, que tomó una participación del 6,2% en la compañía.
Silencio entre las sombras de la compañía
La rebelión de los consejeros independientes contra los gestores de Indra ha causado un revuelo mediático poco común en empresas cotizadas. Pero la historia de esta sociedad es convulsa. Bajo la batuta de Javier Monzón y de Fernando Abril-Martorell -los dos únicos presidentes que ha tenido Indra antes de Murtra- la firma tecnológica y de defensa vivió luchas intestinas de poder, despidos masivos, ofreció cuentas de resultados con beneficios ficticios, sus principales directivos gozaron de retribuciones exorbitadas y prebendas y hasta se vio envuelta en tramas de corrupción. Y los consejeros por lo general han pasado de puntillas sobre estos sucesos. El más grave, sin duda, se produjo cuando la compañía afrontó una reformulación de las cuentas en 2014 y 2015. Tras llegar a la presidencia Fernando Abril-Martorell en enero de 2015, decidió auditar los principales proyectos de la firma al sospechar que estaban sobrevalorados. El resultado fue que de los beneficios de 104 millones que había consignado en 2014 Javier Monzón, su antecesor en el cargo, resultaron pérdidas de 92 millones. Unos números rojos que subieron hasta los 641 millones en 2015 porque afloraron contratos hinchados por 400 millones, sobre todo en Brasil.
Los accionistas minoritarios clamaron contra ese maquillaje y pidieron al consejo que adoptara medidas legales contra los anteriores gestores: Monzón y su consejero delegado, Javier de Andrés. Pero ni Abril-Martorell ni el consejo lo hicieron. Sí pusieron en marcha un ERE para 1.750 empleados en España aduciendo las pérdidas. A Monzón, responsable último de esas pérdidas, le aprobaron un finiquito de 16 millones de euros, y le concedieron el cargo de presidente de honor. Solo cuando se destapó que Monzón seguía usando el avión privado de la compañía para cuestiones personales, el consejo le despidió definitivamente en noviembre de 2015.
Monzón gestionó la compañía durante más de veinte años sin que el consejo ni la SEPI pusieran objeciones a las operaciones emprendidas. En 2001 Indra compró por 44,4 millones la consultora Europraxis, controlada por Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresidente Jordi Pujol. En los siguientes meses, Indra logró contratos de la Generalitat de Catalunya por casi 200 millones.
La empresa adquirió en 2013 la mayoría de Oyauri Investment, una sociedad desconocida dedicada a servicios informáticos en la nube, y participada por Felipe González y su hijo. Además de la plusvalía de la venta, en el acuerdo se incluyó la contratación del hijo del expresidente Pablo, fotógrafo de profesión. Tras la salida de Monzón, González y sus socios exigieron a Indra una indemnización de 7,3 millones por el incumplimiento del contrato. Una demanda que, según El Confidencial, acaba de ganar en los tribunales. Años antes, en 2002, Monzón compró Razona, la consultora de Internet de Ana Botín, por 4,5 millones. Posteriormente trabajaría para el Santander, del que ahora es presidente de la filial Openbank
Durante la etapa de Monzón, la corrupción sobrevoló Indra. Javier de Andrés, consejero delegado hasta 2017, fue imputado en 2015 en la Operación Púnica, la trama de corrupción del PP. Cuando Abril-Martorell prescindió del directivo, le facilitó un finiquito de 8,7 millones. Indra y Monzón también se vieron mezclados en esta trama. Los directivos fueron finalmente desimputados, pero el juez a instancias de la fiscalía reabrió el caso contra Indra.
Estos episodios polémicos no provocaron quejas en el consejo, que aprobó las retribuciones de los cargos salientes. El caso más sintomático es el de Alberto Terol, el vocal independiente que encabezó la rebelión contra Murtra. Consejero desde 2010, asistió desde su sillón a todos los hechos anómalos de Indra. Pero no se le recuerda que denunciara nada en ninguna junta. Terol ha declinado hablar con este periódico.
El encargado de organizar el relevo fue el entonces ministro de Defensa del PP, Pedro Morenés, como él mismo reconoció en público. En aquella época, Morenés, que siempre ha tenido vínculos con empresas de defensa, quería dar un impulso a la industria militar y planeó la fusión entre Indra y Navantia. Pero fracasó por la oposición de Monzón y los recelos que despertó en La Moncloa.
El ministro del PP eligió a Abril-Martorell, un ejecutivo con prestigio en los mercados financieros, que había tenido responsabilidades en Credit Suisse y JP Morgan, para potenciar la división de defensa y buscar sinergias con la división tecnológica. Este ejecutivo madrileño había crecido a la sombra del expresidente de Telefónica César Alierta. De hecho, fue consejero delegado de Telefónica durante la presidencia del ejecutivo aragonés. Cuando llegó a la compañía, reformuló las cuentas de 2014 y 2015, aflorando unas pérdidas de 687 millones que había ocultado el equipo gestor anterior. Por aquel entonces, Indra atravesaba un momento delicado y Abril-Martorell enderezó el rumbo. Saneó la compañía y amplió el perímetro del grupo con la compra de varias empresas para fortalecer la división de tecnologías de la información.
Recortes y oportunidad
Casi todo el mundo elogia la labor de Abril-Martorell. Durante su época, la empresa pasó de tener pérdidas de 641 millones y una deuda de casi 1.100 millones en 2015 a ganar 143 millones el año pasado y una deuda de 240 millones. Pero también hay quien ve sombras en algunas de sus decisiones. “Hizo operaciones cuestionables”, opina una fuente de la empresa. “Por ejemplo, compró Tecnocom, una empresa potente en servicios financieros, pero no salió como se esperaba”. Tecnocom era una compañía especializada en servicios de pagos financieros. Indra pagó por ella 305 millones. La CNMV tuvo que abrir una investigación por una aparente fuga de información privilegiada porque las acciones de Tecnocom se dispararon el día previo a cerrarse la adquisición. Indra pagó 64 millones a Abanca por su 20% del capital y otros 60 millones al veterano periodista Lalo Azcona por su 18,8%. Meses más tarde, la compañía presentó un ERE para cerca de 600 trabajadores que procedían de Tecnocom.
Bajo el mandato de Abril-Martorell se presentaron varios despidos colectivos que inicialmente afectaban a hasta 19.000 personas, la mayoría de filiales en el exterior, aunque luego se redujeron sensiblemente con prejubilaciones y salidas pactadas. Esa política de recortes causó malestar social y tensiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En el verano de 2019, otro avión, el FCAS (Future Combat Air System), un proyecto europeo liderado por Francia y Alemania para sustituir al Eurofighter, abrió una nueva oportunidad de negocio. España se sumó al programa, que cuenta con un presupuesto de cerca de 200.000 millones de euros hasta 2040. El Gobierno de Sánchez seleccionó para su desarrollo a Indra por delante de Airbus España (la antigua CASA), que se había encargado de todos los proyectos aeronáuticos en el país. El Ejecutivo socialista desconfiaba de la influencia francesa en Airbus y prefirió a Indra porque podía convertirla en un catalizador de la industria de la defensa y aglutinar a muchas empresas locales del sector que son potentes (como Santa Bárbara, GMV…), pero que no tienen el músculo suficiente para competir en el exterior. Esta elección provocó un cisma en la relación entre el gigante de la aeronáutica europea y el Gobierno que acabó afectando a Indra. “No quieres a un fabricante de ruedas o de ordenadores diseñando tu coche. Quieres un fabricante de coches”, dijo el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en una entrevista en El Confidencial. “Ahora las relaciones entre Airbus y el Gobierno están restablecidas, pero en aquel momento fueron tensas y hubo presiones sobre Indra”, explica una fuente conocedora.
En mayo de 2021, el Gobierno de Sánchez, a través de la SEPI, destituye a Abril-Martorell como presidente ejecutivo de Indra. El directivo madrileño se había interesado por ITP Aero, una empresa que fabrica turbinas para motores de avión en su factoría de Zamudio (Vizcaya) y que estaba en manos de Rolls Royce. Más de la mitad de los aviones que operan en todo el mundo llevan productos de ITP. Abril-Martorell intentó comprarla hasta en dos ocasiones, la última en 2019, cuando Indra estaba a punto de recibir el encargo del FCAS, pero al final el alto precio exigido por Rolls Royce terminó de frustrarlo. Una fuente recuerda que Airbus presionó para hacer descarrilar la compra tras el desplante del FCAS. El ex ministro de Aznar Josep Piqué es el presidente de ITP Aero y fue también consejero de Airbus.
Ese episodio supuso la ruptura definitiva entre Abril-Martorell y el Ejecutivo socialista. La relación, además, estaba desgastada y el Gobierno prefería un perfil de confianza para negociar con el PNV el control de ITP. “Fue un error sacar a Abril-Martorell porque hizo un buen trabajo y había limpiado la compañía”, opina un empresario. Un financiero discrepa: “Esta nueva etapa requería un perfil más estratégico y menos financiero. Abril era un gran gestor, pero era muy personalista”.
A partir de entonces se precipitan los acontecimientos. La SEPI, el brazo industrial del Gobierno y accionista principal de Indra, propone como presidente a Marc Murtra, un ingeniero industrial con experiencia en banca de inversión y compañías tecnológicas. El ejecutivo catalán está vinculado al PSC-PSOE —fue director de gabinete del ministro de Industria, Joan Clos, en el Gobierno de Zapatero—. Durante tres días, los consejeros independientes paralizan el nombramiento por las reticencias sobre su perfil. “Le cuestionaron porque alegaban que le faltaba experiencia en ese tipo de empresas”, explica una fuente.
Los consejeros y los mercados interpretaron el nombramiento como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de politizar la firma, que por otra parte siempre había estado bajo el influjo político de los gobiernos de turno. “Además, Murtra era un desconocido en el mercado, sin experiencia entre las cotizadas y también era desconocido en el ambiente financiero de Madrid”, apunta un analista. Otras fuentes cargan contra los consejeros independientes: “Consideraban que la empresa era suya y creían que con Abril-Martorell sus intereses estaban protegidos. La industria de la defensa es un mundo muy conservador y vieron amenazada su hegemonía”.
Los seis consejeros independientes, liderados por Alberto Terol, abren una guerra contra Murtra. Le despojan del poder ejecutivo y crean una bicefalia con una consejera delegada al frente del área de tecnologías de la información (Minsait), Cristina Ruiz; y otro consejero delegado, Ignacio Mataix, a cargo de defensa y transportes. Ruiz dimitió hace dos meses. Alegó motivos personales, pero en la empresa eran evidentes las tensiones con Mataix y Murtra.
Al retirarle los poderes ejecutivos, a Murtra también le rebajaron el sueldo. Cobra 550.000 euros, una quinta parte que el consejero delegado, que ingresa cerca de 2,5 millones. Durante meses el directivo catalán intentó recuperar los poderes ejecutivos para relanzar su proyecto de convertir al grupo en un líder nacional de la industria de defensa. Su estrategia pasaba por aprovechar la oportunidad que le brindaba el contrato del FCAS para volver a la carga por ITP Aero de la mano del fondo Bain, operación que ahora bendice el Gobierno socialista y cuenta con el respaldo del PNV, que aspira a tener voz en la gestión de la firma vasca. “Es una operación con sentido industrial”, afirma una fuente. “Para convertirse en un campeón nacional, necesita músculo. Y eso lo da el tamaño”. Con el aumento del presupuesto europeo de defensa, Indra tiene que competir con empresas como la francesa Thales o la italiana Leonardo, ambas con control estatal. Además, apunta una fuente, que en los últimos años Indra se ha enfocado a las tecnologías de la información (IT), que es un negocio cíclico y con poco margen de beneficio, mientras que el sector de la defensa es un negocio más a largo plazo, con altos márgenes. “En la situación actual encaja mejor”, señala.
Murtra defiende que Indra es buena fabricando tecnología, sistemas para radares, chips para armamento, pero en la coyuntura actual cree que la empresa debe integrar los procesos para participar en la creación de todas las soluciones militares. España es de los pocos países con capacidad integral en el ámbito de la industria militar con Airbus, fabricando aviones; Navantia, haciendo fragatas, y Santa Bárbara, carros de combate. “Tiene que ser tractor de estas empresas para posicionarse de cara a los programas europeos y de la OTAN”, explica una fuente. Pero su posición no fue bien acogida entre los consejeros.
Para organizar mejor el grupo, Murtra es partidario de una segregación del área de Tecnologías de la Información, agrupadas bajo la filial Minsait, y, por otro lado, la de defensa y transportes. “Esa opción siempre ha existido y nuestra postura no ha cambiado”, dijo en una entrevista en EL PAÍS. Durante un año Murtra intentó desplegar sus planes, pero no logró grandes avances. Y eso le hizo perder crédito. “La compañía ha estado un año parada con todas las decisiones estratégicas por el bloqueo en el consejo”, apunta una fuente. Y añade: “El Gobierno anunció que aumentaba su peso en el capital de Indra para tratar de desbloquear la situación”. LA SEPI declaró, dos días antes de estallar la guerra de Ucrania, que elevaría su presencia en Indra del 18,7% al 28% para nombrar a otro vocal con el fin de desencallar la situación. Pero los consejeros independientes formaron un muro difícil de superar. La SEPI solo contaba con dos consejeros: Miguel Sebastián, exministro de Zapatero, y Antonio Cuevas, exdiputado socialista. Algunas fuentes han cuestionado a la SEPI por su falta de liderazgo.
SAPA, el grupo vasco de defensa que dirige Jokin Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, compra un 5% para lograr un sillón en el consejo. SAPA también tiene interés en ITP Aero, por lo que su inversión en Indra es estratégica. Tras su entrada, a finales de 2021, Aperribay pidió hasta en dos ocasiones un asiento en el consejo de Indra, pero los vocales independientes frenaron la petición, según avanzó La Información. Esto terminó de precipitar el golpe en la junta de accionistas.
Alberto Terol, el vocal independiente al frente de la comisión de nombramientos y retribuciones, se opuso al sillón para SAPA. Terol ha tenido un papel protagonista en la historia. Construyó la oposición a Murtra y a la SEPI, que condujo a la junta del día 23. Terol, que procedía de la época de Monzón, también fue el responsable de bloquear durante tres días el nombramiento de Murtra cuando fue elegido presidente de Indra. Terol le echó en cara que no tenía experiencia dirigiendo una empresa de la dimensión de Indra y se negó a retomar la operación de ITP, que sí había respaldado cuando Abril-Martorell era presidente. Una de las consejeras cesadas, Carmen Aquerrejeta, es su cuñada. La incorporación de esta al consejo choca con el código de buen gobierno.
En medio del revuelo y a unos días de la junta, irrumpe en el capital el fondo Amber Capital, gestionado por Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, que se hace con un 4,1% de los títulos. En la asamblea de accionistas, el abogado del fondo pidió introducir varios puntos fuera del orden del día para destituir a cuatro consejeros independientes: Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Ana de Pro y Enrique de Leyva; y no renovar a otra, Isabel Torremocha. La moción salió adelante con el apoyo de la SEPI (25,2% del capital), SAPA (5%) y Amber (4,1%).
El PP acusó al Gobierno de estar detrás de la operación. Los populares la calificaron como un “asalto institucional” a pesar de que ellos, en el Gobierno, habían cambiado a un presidente y elegido al sucesor.
Los mercados castigaron la revolución en el consejo que se aprobó en la junta. La compañía se desplomó casi un 15% en Bolsa el día después de la asamblea. “Si los fondos ven un caso de gobernanza corporativa que no les gusta, se van”, explica un financiero.
A los pocos días de la junta dimitió Silvia Iranzo, otra consejera independiente que había sido secretaria de Estado en el Gobierno de Zapatero. Los cuatro consejeros independientes cesados en junta e Iranzo publicaron las cartas que enviaron al consejo explicando su cese. En ellas defendían su independencia y apuntaban a una acción concertada entre la SEPI, SAPA y Amber para forzar su salida y conformar una nueva mayoría en el consejo que no se oponga a sus planes.
Lo ocurrido en la junta y el contenido de las cartas despertó recelos en la CNMV, que ha requerido documentación para comprobar si hubo un pacto de concertación entre accionistas, algo que está prohibido. En caso de concluir que los tres accionistas (SEPI, SAPA y Amber) se pusieron de acuerdo, la CNMV obligaría a la SEPI, por ser el accionista mayoritario, a lanzar una opa, valorada en unos 1.200 millones. Nunca en su historia ha llegado el supervisor a ese punto. “Es muy difícil que la CNMV determine que hubo concertación, necesita pruebas muy evidentes”, opina una fuente. “Pero lo que sí hará es vigilar que los nuevos consejeros sean de verdad independientes”.
Cazatalentos
Con el fin de recuperar la normalidad y reforzar el código de buen gobierno, la empresa anunció esta semana que ha contratado a la firma internacional de cazatalentos Korn Ferry para elegir a los seis vocales independientes pendientes. Además, convocará una junta extraordinaria para aprobar los nombramientos, que conformarán un consejo de 14 miembros con siete independientes. El presidente no ejecutivo renunciará a su voto de calidad en el consejo. La compañía señala que “se consolidará la división entre el papel del presidente no ejecutivo y el principal ejecutivo (el consejero delegado, Ignacio Mataix)”.
Tras este paso se abren los interrogantes sobre cómo quedará la estructura. Si Murtra recuperará en el futuro el poder ejecutivo o cuál será el papel de Mataix. “Pase lo que pase, Indra está bien posicionada para convertirse en un campeón nacional de la defensa”, opina una de las fuentes. El contrato para el nuevo caza, el FCAS, es una oportunidad para crecer.
