Así son los impuestos sobre la gasolina en España que el Gobierno se plantea rebajar

Crece la preocupación de los ciudadanos por la escalada del precio de los combustibles, mientras el Gobierno y los partidos de la oposición buscan soluciones para tratar de mitigar el golpe. Ante la complejidad de intervenir sobre los precios, todos se fijan en los impuestos. A falta de actualización de los datos del regulador sectorial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la única fuente al día sobre la formación de los precios de la gasolina y el diésel proviene de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Según los números de la patronal de estaciones de servicio, en enero el 49% de lo que se pagaba por cada litro de gasolina en España eran impuestos, el 35% eran costes al por mayor (precio del crudo en origen y refino) y el 16%, márgenes y costes de distribución. En el caso del diésel, estas cifras eran del 45%, el 40% y el 15%, respectivamente. Aquí, con todo, la carga fiscal es notablemente inferior a la del resto de la UE.

Aunque sus guarismos no están actualizados, ni siquiera a cierre del año pasado, la serie estadística de la CNMC apunta a un incremento del margen bruto de las empresas que comercializan el carburante en los últimos años. En ese concepto, en el que están incluidos tanto la ganancia neta de las gasolineras como los costes de operación de las estaciones de servicio y las obligaciones normativas —el fondo de eficiencia y el biodiésel—, pasó del 11% al 21% entre 2013 y 2020 en el caso de la gasolina. Y del 12% al 22% en el del gasóleo.

Mayores gravámenes

A diferencia de en septiembre de 2012, cuando el crudo brent —el de referencia en el continente europeo— rondaba los 120 dólares por barril, hoy no llega a los 100, tras acumular una bajada sustancial en los últimos días, tras haber llegado a rozar los 130 poco después de la invasión rusa de Ucrania. ¿Por qué, entonces, es más cara la gasolina? Con los datos de la CNMC en la mano, la evidencia parece apuntar a un incremento de los márgenes de los distribuidores. Sin embargo, la patronal del sector niega la mayor: según sus cálculos, que sustentan en un informe reciente de la consultora PwC, su beneficio es de solo el 2% de lo que se paga en el surtidor.

Un portavoz de la AOP apunta, más bien, al Impuesto Especial de Hidrocarburos sobre los biocombustibles (el 10% de la mezcla), que ha pasado de cero al tipo vigente para los carburantes de automoción —473 euros por cada 1.000 litros en el caso de la gasolina y 379 euros por litro en el del diésel— y a la armonización del tipo estatal especial como factores decisivos. También al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado en octubre de 2014 y que, según sus datos, gravará a los operadores de productos petrolíferos con más de 100 millones de euros únicamente en 2022.

El Gobierno ha abierto la puerta en los últimos días a aplicar rebajas fiscales o ayudas —como las que ya aplica Francia y otros Estados europeos— sobre los carburantes. Si opta por la vía fiscal, las alternativas serían básicamente dos: rebajar el IVA del tipo general del 21% al 10%, para lo que necesitaría la autorización de Bruselas, o recortar el Impuesto Especial de Hidrocarburos, una cuota fija de 47 céntimos por litro de carburante en el caso de la gasolina y de 38 en el del diésel. Este miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado el compromiso del Ejecutivo a rebajar los suministros energéticos el próximo día 29, sin detallar con qué fórmula.