El escudo social amortigua los desahucios, mientras se disparan las ejecuciones hipotecarias

El denominado “escudo social” mantuvo el año pasado los desahucios en España en unos niveles históricamente bajos, aunque no frenó las crecientes dificultades económicas que muchas familias y empresas experimentan desde la llegada de la pandemia. Como reflejo de estas, los procedimientos por ejecuciones hipotecarias han crecido un 60% con respecto a 2019, según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo periodo, sin embargo, el número de familias que han sido expulsadas de sus casas ha descendido un 23%.

En todo el año pasado, los juzgados españoles practicaron 41.359 lanzamientos de viviendas, el término jurídico que alude al momento en que el reclamante de un inmueble recupera la posesión del mismo. Esto supone un aumento del 41% con respecto a 2020, pero hay que tener en cuenta que ese año, por la llegada del coronavirus a España, los juzgados detuvieron su actividad durante meses. Si se compara en términos históricos, y exceptuando al primer año de pandemia, 2021 es el año más bajo de la serie estadística que se inicia en 2013. El suelo hasta ahora eran los 54.000 desahucios de 2019, y el año pasado se logró reducir esa cifra en casi una cuarta parte.

Poniendo la lupa sobre esos más de 41.000 lanzamientos, de nuevo se cumplió la regla de que la inmensa mayoría (un 70,1% exactamente) de familias expulsadas de sus casas vivían de alquiler. El resto de casos derivaron del impago de la hipoteca u otras situaciones. Los 28.993 desahucios de inquilinos son igualmente una cifra históricamente baja, que supone una reducción de un 20% con respecto a 2019. Y lo mismo puede decirse de los 10.103 desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias, que retroceden un 29% respecto a dos años atrás.

Pero el descenso de desahucios no parece provenir de una mejoría en la situación de los hogares. Las dificultades de estos para pagar la casa continuaron y, de hecho, en la propia estadística judicial puede apreciarse que el número de lanzamientos recibidos se mantuvo en niveles similares a otros años (bajaron un 4,3% con respecto a 2019). ¿Qué es lo que provocó entonces que menos procedimientos culminaran? La respuesta más lógica apunta a las medidas antidesahucio que se pusieron en marcha como parte del escudo social. Estas, además, se ampliaron en lo referente a los inquilinos (incluso en supuestos de ocupaciones en precario) entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Como resultado se añadieron supuestos en los que un juez puede paralizar el desahucio para que los servicios sociales busquen una vivienda alternativa a la familia que va a ser expulsada.

Aunque la estadística del CGPJ no recoge datos de cuántos procesos de desahucio se han detenido, la comparativa con 2019 permite deducir que al menos estas medidas fueron efectivas para una parte de los procedimientos. También hay que tener en cuenta que su aplicación no es automática: en cada caso se debe acreditar que los demandados están en situación de vulnerabilidad social y el juez debe ponderar la situación económica del propietario y otras circunstancias antes de decidir si paraliza el lanzamiento o sigue adelante con el mismo.

Más ejecuciones hipotecarias

Lo que sí refleja la estadística, en cambio, es un aumento de las dificultades para hacer frente a la hipoteca. Las ejecuciones presentadas el año pasado, 27.874, suponen un 60% más que en 2019. Estos procedimientos fueron una de las grandes heridas por las que España se desangró en la Gran Recesión. Esta disparó los impagos (lo que acabaría en decenas de miles de desahucios), pero desde 2012 comenzaron a descender. La tendencia se mantuvo hasta 2019, pero la irrupción de la pandemia, y de una nueva crisis, los hizo crecer de nuevo en 2020 y, todavía más, en 2021. No obstante, en cifras absolutas España aún está lejos de las más de 90.000 ejecuciones hipotecarias que se iniciaban en los años más duros de la anterior recesión.

En este dato, sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo hay hogares detrás. Las ejecuciones hipotecarias se inician por el impago de cualquier préstamo que tiene una garantía hipotecaria y en muchas ocasiones puede dirigirse contra una empresa (es decir, cuando un empresario ha pedido dinero poniendo una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble como garantía). De acuerdo con los últimos datos del INE (la estadística judicial no lo especifica), aproximadamente un tercio de estas ejecuciones se corresponden con la vivienda habitual de una familia. Aunque también en eso la crisis del coronavirus ha ido evolucionando: si en los primeros momentos de la misma se observó un incremento de las ejecuciones más vinculado a problemas empresariales, con el paso de los meses estas han virado hacia dificultades en el ámbito del hogar.

El alcance del escudo social ha provocado numerosas críticas de organizaciones y colectivos sociales como los sindicatos de inquilinos. Por un lado, se argumenta que su alcance no está siendo suficiente. Por otro, la efectividad limitada en el tiempo (la actual prórroga pone el 30 de septiembre como límite hasta el que se pueden parar los desahucios) hace temer que, cuando desaparezca la normativa especial de la pandemia, se produzca una avalancha de casos que hayan quedado aparcados en estos meses. El Gobierno, no obstante, pretende aprobar la futura ley de vivienda antes de la desaparición de la actual normativa antidesahucios. En la norma se contempla una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir algunas de las prácticas que se han puesto en marcha durante la pandemia, aunque con un alcance menor. Porque la clave de bóveda de todo el proceso, que la paralización sirva para encontrar una alternativa habitacional a la familia que va a ser desahuciada, se encuentra muy limitada por la escasez de parque de vivienda social que tienen las Administraciones.