Hacienda propone elevar el peso del gasto sanitario y educativo en la nueva financiación autonómica

Hacienda ha puesto la primera piedra para reformar el sistema de financiación autonómico. En un documento enviado este viernes a las comunidades, el departamento de María Jesús Montero plantea una revisión del criterio de población ajustada que eleva el peso del gasto sanitario y educativo. La reforma pretende aumentar el protagonismo de factores distintos de la población total a la hora de repartir los fondos, pero está lejos de romper con el modelo actual. “El documento no plantea grandes cambios en cuanto a nuevas variables. Mantiene las bases y las intenta mejorar con un ajuste fino, para ir más allá de la población”, explica Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo.

Los barones regionales esperaban la propuesta, ya que Montero se había comprometido a comenzar la reforma del sistema de financiación autonómico —el vigente lleva caducado desde 2014— cambiando el cálculo de la población ajustada. Esta variable refleja la necesidad de gasto de cada comunidad y el reparto de los fondos tras ponderar los habitantes según factores demográficos y geográficos, que determinan el coste de los servicios. Los expertos coinciden en que la propuesta es equilibrada, pero recuerdan que solo es una parte del sistema de financiación.

Actualmente, las variables demográficas ―población protegida equivalente, número total de residentes, niños en edad escolar y mayores de 65 años― son las que tienen más peso frente a los factores geográficos ―superficie, dispersión poblacional, insularidad—, que comunidades más extensas y despobladas como Castilla y León (PP) o Aragón (PSOE) piden reforzar. El documento de Hacienda plantea modificar los pesos del primer grupo de elementos, y plantea correctivos en el segundo para tener en cuenta la despoblación.

Variables demográficas

El criterio de población ajustada actualmente en vigor divide los residentes en siete tramos de edad, cada uno con un coeficiente distinto, para calcular el gasto sanitario (lo que se conoce como población protegida equivalente). Esta variable tiene un peso del 38% sobre el total, que ahora Hacienda propone elevar a entre el 40% y el 45%, pasando de 7 a 20 grupos divididos en tramos de edad quinquenales. “De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias”, señala el documento del ministerio.

También pasaría a tener más relevancia el gasto educativo: su peso se elevaría del 20,5% a una horquilla entre el 25% y el 30%. Eso porque Hacienda sugiere ampliar la muestra: el sistema actual solo toma en cuenta la población de 0 a 16 años; el ministerio recomienda ahora incluir otras etapas de estudios como la FP y la Universidad. En concreto, se decanta por evaluar las necesidades de la población de 0 a 17 años, según el padrón y la entrada de alumnado de FP Superior procedente de otras comunidades, así como introducir en la variable la población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de universitarios de otras autonomías.

Sin embargo, el documento plantea otras dos opciones. Una segunda posibilidad sería incluir las mismas poblaciones no universitaria de 0 a 17 años y universitaria de 18 a 24 años, pero excluyendo los alumnos procedentes de otras autonomías. La tercera contempla la población no universitaria de 1 a 17 años, alumnos de FP superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.

La otra variable que se revisa, a efectos de calcular el gasto en servicios sociales, es la población mayor de 65 años. Comunidades muy envejecidas como Galicia o Asturias llevan tiempo haciendo hincapié en este elemento. El ministerio ahora propone dividir este colectivo en dos grupos ―entre 65 y 79 años y mayores de 80 años―, además de incluir a los parados sin prestación por desempleo. La ponderación del gasto en servicios sociales, ahora del 8,5%, pasaría a ser entre el 6% y el 10%.

El gasto para los demás servicios que prestan las comunidades se seguirá calculando a partir de la población total empadronada, un esquema que beneficia a territorios más densamente poblados como pueden ser Madrid o Cataluña. Y que perdería relevancia con la propuesta del ministerio, que plantea reducir su peso del 30% actual a unos baremos que oscilan entre el 18% y el 22%, aunque se compensaría con el cambio en las demás variables.

“Hay que esperar a que se fijen las horquillas. Cada comunidad tirará por su lado en un juego que es a suma cero”, opina Diego Martínez López, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. “Pero es un documento equilibrado, y desde un punto de vista técnico es impresionante el trabajo hecho”.

Variables geográficas

El peso de las variables geográficas se mantendría prácticamente idéntico —su ponderación pasaría del 3% a entre el 3% y el 4%, y se mantendrán la superficie, la insularidad y la dispersión—, según se desprende del informe de 240 páginas que Hacienda ha enviado a las comunidades. Pero se plantea introducir una variable concreta que mida “el problema que afrontan comunidades con zonas más despobladas”, que podría ser, entre otras fórmulas, la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media.

Para calcular la dispersión, que seguiría pesando por un 0,6%, el ministerio avanza dos posibilidades: tener en cuenta la entidad singular de población habitada, es decir cualquier área habitable del término municipal, o los núcleos de población habitados, de al menos 10 edificaciones, que forman calles, plazas y otras vías urbanas. Como novedad, también se propone incorporar a la población ajustada un correctivo ligado a los costes fijos o a las economías de escala, que “podría afectar a las siete comunidades autónomas de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas”.

”Es una propuesta continuista, en la línea de las recomendaciones de la comisión de expertos de 2017, con alguna pequeña innovación y que deja margen a la discusión política. Parece razonable”, indica Ángel de la Fuente, investigador de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. “Pero con esto no se arregla el modelo de financiación. Aún veo muy lejos la reforma”, zanja.