La Comisión Europea se abre a aceptar ayudas públicas para la producción de semiconductores
Vestager revisa la estrategia de competencia del ejecutivo comunitario para la transición ecológica y digital
La Comisión Europea ha presentado este jueves las líneas básicas por las que quiere que discurra la revisión de su política de Competencia en la transición ecológica y digital. Y, consciente del retraso de Europa en la fabricación de semiconductores, aprovecha esta circunstancia para abrir la puerta a las ayudas públicas al sector. No obstante, advierte de que no se trata de dar carta blanca y que debe hacerse con “fuertes salvaguardas para garantizar que la ayuda sea necesaria, apropiada y proporcionada, que se minimicen las distorsiones indebidas de la competencia y que los beneficios se compartan ampliamente y sin discriminación en toda la economía europea”, señala el comunicado que el departamento de Competencia envía a la Eurocámara.
En ese documento se repasa el punto del que parte Europa en la fabricación de chips y semiconductores. Y el diagnóstico no es halagüeño: “Es manifiesta la dependencia europea del suministro de un número limitado de empresas y áreas geográficas, y su vulnerabilidad por las restricciones a la exportación de terceros países y otras perturbaciones geopolíticas actuales. Además, esta dependencia se ve agravada por las barreras de entrada extremadamente altas y la intensidad de capital del sector, también por su particular relevancia en sus aplicaciones de seguridad y defensa”.
Competencia toma prestado este análisis del utilizado para lanzar la norma que presentó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado septiembre con la que pretende impulsar al sector en el continente. Esa norma, señala el documento conocido este miércoles, apunta a un fenómeno que se está observando en la actualidad, “la escasez de semiconductores, que ha puesto de manifiesto la extraordinaria relevancia de esta industria en una amplia gama de la industria europea, desde la automoción hasta la sanidad”.
Partiendo de este análisis, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, acepta las ayudas de Estado, recogiendo el guante lanzado por países como Francia. El presidente Emmanuel Macron ha lanzado un plan de 35.000 millones de euros para reindustrializar el país y pretende impulsar la fabricación de semiconductores en el continente europeo. También Alemania o Italia, con menos vehemencia, reclaman más apertura en este campo. Aunque Bruselas pone su matiz. “Cada caso será rigurosamente evaluado según sus méritos para asegurar la naturaleza europea del proyecto y evitar una carrera de subsidios en la UE y fuera de ella”, ha expuesto la política danesa. Esta última frase se alinea más con otros países de la Unión Europea que, pese a que comparten el objetivo, se muestran, en cambio, más recelosos de dar subsidios para estimular al sector con el argumento de que no basta con el dinero público, que para tener éxito hay que tener conocimiento y experiencia, y que el resultado no será inmediato.
Una advertencia que lanza Bruselas es que, por mucha inversión que haya en semiconductores y chips, ser autosuficientes es “una ilusión”. Dada la escala necesaria, ningún país o empresa puede autoproveerse. “Por esto el objetivo debe ser la diversificación para construir una cadena de suministro resistente y evitar el fallo en un solo punto”, ha continuado Vestager.
Las inversiones necesarias para construir una gran factoría de semiconductores pueden llegar a suponer decenas de miles de millones de euros. Por ejemplo, en el pasado salón del automóvil en Múnich, Intel anunció su intención de construir dos instalaciones de este tipo en Europa, lo que podría ascender a una inversión de 80.000 millones. Estas cifras hacen difícil imaginar que solo la inversión privada, sin contar con el soporte público, pueda asumir la meta que se ha puesto Bruselas para los próximos años. La Unión Europea se ha marcado el objetivo de que en 2030 el 20% de la fabricación global de estos componentes electrónicos resida en Europa. Si lo consigue duplicará su cuota actual, que se sitúa en el 10%.
Aunque el tema de los microchips es, probablemente, el más destacado de la revisión de la política de Competencia, el documento presentado es más amplio. También muestra su disposición a que se apoyen las inversiones que tiendan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a las iniciativas de economía circular. “La revisión de estas reglas mantendrá su alcance actual. Solo vamos a hacer cambios concretos para mejorar el desarrollo de los proyectos de interés común europeo y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas [...] en áreas como la microelectrónica, el hidrógeno, la salud y [el almacenamiento] en la nube”, ha apuntado la comisaria.
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