Escrivá propone subir en 0,6 puntos las cotizaciones para financiar la jubilación del ‘baby boom’

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto una subida de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales durante la próxima década para financiar el esfuerzo que supondrá la jubilación del baby boom, la generación más numerosa nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta. Este recargo forma parte del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y sustituye el 0,5 de incremento que se planteó de inicio la semana pasada. El 0,6 es por tanto una décima más de lo anunciado, y se dividirá de forma que 0,4 puntos porcentuales lo soportarán la empresa y 0,2 el trabajador, según ha comunicado el Gobierno a los agentes sociales en las negociaciones de este lunes.

Los sindicatos exigían que este incremento se hiciese de manera que se respetasen las mismas proporciones que tienen ahora las cotizaciones. Y este reparto de la subida que ha planteado el ministerio que dirige José Luis Escrivá se acerca más a esa línea. “El aumento de cotizaciones va en la dirección correcta de elevar los ingresos en vez de reducir las pensiones como se proponía con el factor de sostenibilidad del PP”, señala Mariano Hoya, representante de UGT en las negociaciones. Y añade que es necesario un pequeño esfuerzo para asegurar así el futuro de las pensiones.

El Gobierno trata de cerrar para el próximo lunes día 15 un nuevo mecanismo de corrección de las pensiones negociado con los sindicatos y la patronal. Este sustituirá al factor de sostenibilidad que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya entrada en vigor fue retrasada y que recortaba la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. La nueva fórmula, bautizada como mecanismo de equidad intergeneracional, cuenta con dos instrumentos correctores: el primero consiste en esta subida del tipo de cotización, ahora de 0,6 puntos porcentuales hasta un total del 28,9% por contingencias comunes. Se aplicará entre 2023 y 2032 y supone para un salario medio un recargo de algo más de diez euros al mes. En total se podrían recaudar cerca de 2.800 millones de euros al año, el 0,2% del PIB. Los ingresos se destinarán a nutrir de nuevo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la hucha de las pensiones y que en la actualidad solo dispone de unos 2.000 millones de los 67.000 que llegó a tener. Como explica José Antonio Herce, socio fundador de Loris, la subida de cotización no generará en principio derechos futuros en las pensiones, ya que la prestación se calcula sobre la base reguladora, que no se ha tocado, y no el tipo, que es lo que se eleva.

El segundo mecanismo corrector es un examen que se hará cada tres años a partir de 2032. Este analizará la relación entre trabajadores y pensionistas y cuánto se está desviando el gasto sobre PIB respecto a la senda prevista en el informe que publicará en 2024 la Comisión Europea sobre pensiones, el llamado Ageing Report. Para hacer este cálculo se restará además de esa proyección el efecto que habría tenido el factor de sostenibilidad del PP. Si no existiera un desvío, la Seguridad Social podría incluso plantearse devolver la subida mediante bajadas de cotizaciones o mejoras de las prestaciones. Pero si hubiera una desviación, tal y como esperan los expertos, se plantean hasta tres pasos escalonados para corregir el desfase y que no podrían suponer en total más de 0,8 puntos de PIB de ajuste, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.

En primer lugar, se plantearía ir disponiendo de la hucha de las pensiones hasta un máximo del 0,2% anual. Si eso no fuera suficiente o se hubiesen agotado los recursos del Fondo de Reserva, entonces se daría el segundo paso: el Gobierno negociará con patronal y sindicatos una propuesta, que se elevaría a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para reducir el gasto en pensiones en un máximo anual del 0,4% del PIB. Y si esto no resultara bastante, se pasaría al tercer escalón: acordar con los agentes sociales un incremento de las cotizaciones hasta un límite anual del 0,4% del PIB al año, lo que según Herce supondría duplicar la subida de 0,6 puntos.

“Se trata de un paso importante y positivo en la medida en que se reconoce que hay un problema de sostenibilidad. Sin embargo, no tiene sentido subir cotizaciones en un país con un elevado paro juvenil. Y hay un problema con las magnitudes. El propio Gobierno admite en sus previsiones que el gasto llegará a aumentar hasta en 4 puntos de PIB al año, unos 50.000 millones de la actualidad, muy por encima de los 2.000 millones anuales que se puede recaudar”, explica Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Complutense y subdirector de Fedea. El gasto en pensiones sube a un ritmo superior al PIB por una combinación de tres factores: la actualización de las prestaciones con el IPC, el aumento del número de pensionistas porque cada vez viven más años y la jubilación de trabajadores con unas carreras laborales mejores y, por tanto, con prestaciones más altas.

Crédito extraordinario

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario para la Seguridad Social por valor de 5.012 millones. “Su objetivo es equilibrar en las cuentas el gasto derivado de la covid”, señala en una nota de prensa el Ministerio de Seguridad Social. Es decir, servirá para financiar los desembolsos por las prestaciones extraordinarias para autónomos, las exoneraciones de los ERTE y la incapacidad temporal por coronavirus.

En los Presupuestos del Estado de este año, el Ministerio de Hacienda incluyó una transferencia de 13.929 millones para financiar las políticas no contributivas que soporta el sistema de Seguridad Social. El año que viene la cantidad se elevará hasta los 18.396 millones.