Asfixia tecnológica de la España rural

Uno de los desafíos de la España rural es su desconexión tecnológica. En 2020, la cobertura de banda ancha de alta velocidad alcanzó solo al 63% de la población en las zonas rurales, cuando en el conjunto del país fue del 88%. Aunque la brecha digital se ha reducido sensiblemente en los últimos años, (en 2014 la banda ancha llegaba al 10% de las zonas rurales, frente al 58% global), se trata de una injusta desigualdad. Una discriminación a unos ciudadanos que pagan idénticos impuestos, pero carecen de los mismos derechos.

La falta de la conexión impide la constitución de empresas y la utilización de determinados servicios de salud y educación.

Ignacio Urquizu, sociólogo y alcalde socialista de Alcañiz, conoce bien los perjuicios de la segregación que padecen más de tres millones de ciudadanos de las zonas rurales por falta de equipamientos tecnológicos. En su opinión “la conexión es fundamental sobre todo para empresas y negocios. En las zonas rurales la conectividad existente es muy pobre hasta el punto que no permite a las empresas hacer el IVA”. Distingue: “Si haces una autovía, facilitas que la gente se vaya, mientras que la conexión por fibra favorece la instalación de empresas”.

La España rural no puede competir en igualdad de condiciones. En Alcañiz, por ejemplo, hay un parque tecnológico, TecnoPark MotorLand, pero las empresas tienen una conexión por fibra muy limitada. A pesar de ello se han creado empresas como MotoCrossCenter, con más de 60 trabajadores, aunque “el centro de informática tiene que efectuar las conexiones a través de pantalla”, lamenta el alcalde.

La despoblación ha sido muy desigual. Urquizu explica en su reciente libro Otra política es posible, que en 1900, Teruel tenía más población que Guipúzcoa, mientras que ahora en la provincia vasca viven más de 713.000 habitantes y en la aragonesa apenas 134.000. Esta evolución demográfica ocasiona desequilibrios tanto por el vaciamiento de amplios territorios como por el sobredimensionamiento de las ciudades.

El estudio del Banco de España, El acceso a servicios en la España rural, indica que las zonas rurales de este país se encuentran en el puesto 15 de la UE en conexión digital: “Un ciudadano español que resida en una zona rural tendrá menos posibilidades de acceder a Internet de banda ancha que uno que resida en una zona urbana, y esta diferencia es ligeramente mayor en España que en el conjunto de la UE”.

El dictamen del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, para transponer la Directiva 2018 /1972 recomienda: “El Anteproyecto debería incorporar otros grupos de población susceptibles de beneficiarse de las ofertas de servicio universal (art.38), más allá del criterio de renta baja, e incluir expresamente dentro del criterio de “necesidades sociales especiales” a las personas mayores y a quienes viven en zonas rurales o geográficamente aisladas, en línea con el considerando 219 de la directiva”.

El plazo de transposición de esta directiva finalizó el 21 de diciembre de 2020. Es imaginable pensar donde estaríamos sin la Unión.