Cani Fernández (CNMC): “Tenemos que cambiar los hábitos de consumo de la luz”

Hace ahora un año que Cani Fernández Vicién (Cartagena, 58 años) preside la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Experta en derecho comunitario y en competencia, Fernández se labró la mayor parte de su carrera en Cuatrecasas. Antes de llegar al regulador, estuvo tres meses como asesora en el gabinete de Presidencia del Gobierno en La Moncloa. Obsesionada por la independencia del organismo, pide ayuda para salvar “un transatlántico que es esencial para la economía del país”. Le ha tocado celebrar el primer aniversario con la polémica de la nueva tarifa de la luz por tramos horarios, que ha coincidido con el aumento del precio de la electricidad y un cruce de intereses políticos que no termina de entender.

Pregunta. Parece que los consumidores no han recibido con entusiasmo el nuevo sistema tarifario por tramos horarios.

Respuesta. Es normal que la gente se haya puesto nerviosa. Cada vez que se toca algo que afecta a los gastos básicos, lo habitual es que se preocupe. La idea de modificar los peajes fue, precisamente, para abaratar la factura; pero la nueva tarifa ha coincidido con el precio de la energía disparado, fundamentalmente por el coste del CO₂, que se ha incrementado al adelantarse los objetivos de descarbonización. El impacto que tiene esto es mucho mayor que el posible ahorro que habíamos estimado. Pero si no adaptamos el consumo de forma razonable a horas en las que no hay exceso de demanda, no podremos dar cabida a las energías renovables.

P. ¿Por qué?

R. Porque las redes no se pueden colapsar. Como en las autopistas, existen dos opciones: o las amplías ilimitadamente o acomodas el tráfico a cuando no hay atascos. Es decir, si no ponemos horas valle, tenemos que invertir más en redes, lo que supone pagar cada vez más en la factura. España tiene un potencial tremendo en renovables. Para que sea realidad tenemos que gestionar eficientemente las redes y convencer a la gente para que acceda al autoconsumo, las baterías, las comunidades energéticas…

P. ¿Cree que ha faltado pedagogía con el consumidor?

R. Quizá. Cuando las cosas llevan tanto tiempo en marcha y se han hecho consultas públicas, se piensa que la gente está más informada. Hemos dado por supuesto que todo el mundo tenía asumido que hay que avanzar en la descarbonización y, por tanto, que las medidas que se adoptan en esa línea cuentan con un consenso mayoritario. El mensaje ahora es que tenemos que cambiar los hábitos.

P. ¿Cree que se está haciendo un uso político?

R. Vivimos en un momento de crispación social y cualquier cosa que pueda afectar a la población, como la factura de la luz, se va a utilizar interesadamente. Ante las críticas, hay que tener apertura mental; pero cuando estás convencido de que el trabajo se apoya en un análisis muy técnico y completo y lo has puesto para consulta pública (por cierto, hemos tenido en cuenta algunas de las sugerencias de las organizaciones de consumidores), no puedes sino defenderlo.

P. Les han llovido peticiones desde el Gobierno (el ministerio de Transición Ecológica y ministros de Unidas Podemos) para investigar los comportamientos de las eléctricas y para adelantar las horas valle.

R. Recibimos peticiones de ministerios y asociaciones, como ocurrió con Filomena. Nosotros revisamos todos los días, a todas las horas, los comportamientos de los mercados energéticos y no vamos a hacerlo con más intensidad porque nos lo pida alguien. Vamos a observar, no obstante, si se producen desplazamientos de demanda y, una vez que lo comprobemos, estaremos en disposición para replantear los ajustes necesarios. Pero es pronto para cambiar ahora los tramos horarios, son necesarias series temporales completas.

P. ¿Cuándo lo sabrán?

R. A medio plazo, hay que tener en cuenta que hay mucha estacionalidad. Habría sido ideal que hubiera entrado en marzo.

P. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que no descarta suprimir y modificar impuestos en la luz de forma temporal. Usted ha dicho que hay que hacer una reforma fiscal de la factura eléctrica, ¿puede ser más concreta?

R. La factura tiene un montón de conceptos que no son energía en sí. Se precisa reflexionar si la factura es el mejor sitio donde ubicarlos y ver si realmente contribuyen a los objetivos perseguidos. A lo mejor es el momento para planteárselo, pero obviamente a mí no me compete, es a Hacienda.

P. ¿Y no les va a dar una idea?

R. No, voy a ser prudente. Sé lo que no sé y aquí me quedo.

P. Bruselas acaba de aprobar el programa de fondos europeos de España. ¿Participará la CNMC?

R. La competencia la tiene Bruselas. Nosotros tenemos función consultiva, podemos opinar y dar pinceladas, alertas, evitar cosas. Pero somos conscientes de la importancia de las ayudas y hemos adoptado una serie de iniciativas para que se concedan desde la óptica de la promoción de la competencia, que es la que permite poner los faros largos y prevenir posibles distorsiones. Estamos muy preocupados porque prevalezca la iniciativa empresarial, ya que va a haber mucha adjudicación pública que puede dopar la economía. Por eso, vamos a estar vigilantes para que los concursos públicos de los fondos europeos se ejecuten sin distorsiones.

P. Una de sus obsesiones es la independencia del organismo y las limitaciones presupuestarias. Usted ha dicho que la CNMC funciona como una subdirección de otro ministerio, ¿cómo lo resolverá?

R. La independencia es un concepto que abarca muchos aspectos. Nuestra ley dice que no podemos recibir ningún tipo de indicación ni de Gobiernos ni de empresas, y eso se cumple a rajatabla. En cuanto a la toma de decisiones, somos independientes; pero, en cuanto a la autonomía de gestión, no. Dicho esto, no hay que olvidar que estoy sujeta al control parlamentario y que nuestras actuaciones lo están al control jurisdiccional, tenemos la Intervención General del Estado, nos audita el Tribunal de Cuentas. Por tanto, se entiende mal que el presupuesto no lo pueda gestionar de forma autónoma. Cualquier cambio que quiera hacer lo tienen que autorizar los ministerios de Función Pública y Hacienda y estar de acuerdo Economía. Por ejemplo, la CNMV tiene un presupuesto estimativo y tiene capacidad de adaptación; aquí no, el presupuesto es limitativo. Tenemos 60 millones, que es moderado teniendo en cuenta que ahorramos 1.700 millones al año, a los que habría que añadir los que genera el efecto disuasorio de vigilar los mercados. Si pudiéramos gestionar esos 60 millones habríamos resuelto el 70% de los problemas.

P. ¿Uno de esos problemas es el de personal?

R. Hay una serie de pecados originales (en la creación de la CNMC) que no se han podido resolver. Desde que llegué, el 60% del tiempo lo he dedicado a intentar resolver los problemas de gestión y hasta la fecha sin mucho éxito. Tenemos personal laboral que no puede promocionar y eso impide atraer talento y retener gente muy buena. Eso sería lo más lógico en una institución independiente.

P. ¿Tiene medios para llevar a cabo el Plan Estratégico 2021-2026?

R. El plan es muy ambicioso en todos los sentidos. Pero, como sigamos perdiendo gente al ritmo que llevamos, se va a poner difícil. Necesitamos, al menos, tener la misma que había cuando se fusionaron las antiguas comisiones, que sumaban más de 600 personas. Como se decidió que sería un organismo funcionarial, se fueron unas 100, que eran laborales. Así se pierde talento y se refuerza a la empresa supervisada. Hemos seguido adquiriendo competencias y no ha venido nadie, lo que significa que estamos desbordados. La institución vive un momento crítico y necesitamos ayuda. Esta casa es un transatlántico que tiene encomendadas funciones esenciales para la recuperación económica del país.

P. ¿De qué depende que llegue esa ayuda?

R. De Hacienda, fundamentalmente. Soy optimista. Han entendido el problema. Sabemos que Función Pública y Economía nos quieren ayudar.

P. Siempre se ha hablado del riesgo de captura de la CNMC por parte de los Gobiernos y las empresas.

R. El hecho de tener un modelo de autoridad integrada aleja el modelo de captura del regulador. Es más fácil capturar a un regulador que solo está haciendo una cosa, por ejemplo energía, porque cuando alguien está más próximo, la objetividad es menor. Aquí, como supervisamos todos los sectores y además la competencia, no es tan fácil. Permite tener una visión de los problemas y abordarlos desde la óptica conjunta.

P. Hemos visto fuertes sanciones de Francia, Italia o Alemania a los gigantes tecnológicos por asuntos de competencia. ¿Por qué en España no se dan esos casos?

R. Porque no tenemos denuncias. No obstante, en casos como estos, que son transnacionales, la que mejor puede abrir un expediente es Bruselas. Si hay una denuncia en nuestro territorio, nosotros tenemos obligación de investigarlo. Sin esa denuncia, Bruselas me puede parar. Puedo asegurar que, si recibimos una denuncia que merece la pena investigar, lo haremos.

P. Usted tiene una teoría clara sobre el uso de datos: las plataformas no venden productos a precio cero, lo hacen a cambio de datos. ¿Cómo se puede controlar?

R. Tenemos un problemón con los datos. Es innegable que la utilización adecuada de datos es vital para la nueva economía porque permite racionalizar el consumo. El problema es que los datos han empezado a utilizarse monetizándolos para la venta de productos, obviamente sin nuestro consentimiento. Para que los datos tengan valor hace falta que sean masivos y algorítmicamente estructurados. Y esos datos solo los tienen los incumbentes (los Google, los Amazon…), que los han acumulado. Nos llevan la delantera tras años de haber depurado, perfilado y mejorado los algoritmos. Eso es muy difícil de controlar. El nuevo entrante, para poder hacerse con una copia mínima, con el reglamento de protección de datos tiene que pedir autorización permanente y constante. Nunca llegará a tener la acumulación de datos.

P. ¿Y qué se puede hacer?

R. La brecha es brutal, por lo que la UE está discutiendo la ley Digital Markets [de Mercados Digitales], que pretende clasificar a los que son guardianes de acceso de esos datos y prohibirles hacer determinadas actuaciones, de manera que puede controlar esas plataformas. Si un modelo es replicable, a mí, como autoridad, no me tiene que preocupar porque hay competencia; pero, si no lo es, tenemos un problema.

P. La Audiencia Nacional acaba de anular el procedimiento de inspección a firmas tabaqueras que llevó a una multa de 57 millones. ¿No cree que se producen muchos casos de empresas que logran evitar las sanciones en los tribunales?

R. No siempre ganan. Pero estamos reforzando nuestra asesoría jurídica, ayudar en la fase de instrucción para detectar los problemas. Entender planteamientos iniciales con carácter conceptual va en el interés general y nos gustaría un diálogo con los jueces. Si se trata de ser más estrictos, seremos más estrictos. Los tribunales harán sus sentencias, pero tampoco está de más oír cómo hacen los jueces su aproximación a las decisiones de organismos como éste.

P. Ha habido mucho ruido en el mercado con la reciente multa a las grandes consultoras. Ha sorprendido el nivel tan bajo de sanciones.

R. Ha tenido un impacto considerable. La infracción, por la coordinación mediante cartas de cobertura o acompañamiento en concursos públicos, resulta que solo se lleva a cabo cuando se trata de contratos que, al ser menores, el mercado es muy inferior. Hemos ido a una posición garantista en cuanto a la solidez de la prueba porque queremos que luego la Audiencia Nacional no nos tumbe resoluciones por falta de pruebas sólidas.

P. ¿Son disuasorias esas multas?

R. Hemos propuesto la prohibición de contratar con la Administración Pública para todas las empresas, excepto para el solicitante de clemencia y una empresa que colaboró. Es la primera vez que hemos aplicado el programa de cumplimiento normativo, en el que no solo podemos reconocer una reducción de sanciones, sino que damos incentivos cuando las empresas llevan a cabo medidas proactivas. En este caso, la empresa detectó la infracción, nos aportó información, cambió el comportamiento y despidió a los ejecutivos involucrados.

P. El Supremo ha tumbado el recurso de Vox contra su nombramiento por conflicto de intereses. ¿Se sintió acosada por este asunto? Al proceder de Cuatrecasas, ¿ha tenido casos de incompatibilidad?

R. Es el ejercicio del derecho que todo el mundo tiene para acudir a los tribunales. El tribunal dice que no tiene legitimación para recurrir porque el ejercicio de su derecho en relación con mi nombramiento lo ejercieron en el Parlamento, que es donde se tiene que ejercer. En cuanto a incompatibilidades, la verdad es que hay pocos casos porque en el despacho me estaba dedicando más a contenciosos ante los tribunales de la UE.

P. ¿Se ha pacificado la casa?

R. La veo muy pacífica. Se trabaja muy a gusto en esta casa.