Pedro Saura: “Un control de alquileres radical disminuiría la oferta”
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cree que “España no puede permitirse un error más en políticas de vivienda”
Pedro Saura (Torre-Pacheco, Murcia, 58 años) es uno de los cargos más conocidos del segundo escalón del Gobierno tras tres décadas en la vida pública. También es de los más poderosos si se tiene en cuenta que su puesto, el de secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, contempla todas las áreas del Ministerio homónimo (el antiguamente conocido como Fomento, que encabeza José Luis Ábalos). Él prefiere no hablar en términos de poder, sino de “oportunidades para transformar la realidad”, y quitarse importancia: “Tenemos unos excelentes equipos y eso permite que la coordinación sea muy fácil”.
Pero no todo está siendo tan sencillo. Una pata que debe coordinar Saura es la de las políticas de vivienda, constante foco de tensión con Unidas Podemos. La entrevista se celebra en su despacho en el lunes en que, en otro punto, se retoman las conversaciones sobre la futura ley de vivienda, atorada hace semanas (el compromiso era llevarla al Congreso en febrero). Saura no se sale del guion: insiste en que España —“a la cola de la cola de alquiler social”— tiene un problema de escasez de vivienda por una década sin política en la materia.
El secretario de Estado destaca que “el gran objetivo es incrementar la oferta para alquiler y, particularmente, la oferta para alquiler a precio asequible”. Podemos ha propuesto límites de renta que congelarían las que estén por debajo y forzarían a bajar a las que estén por encima. “Un control de alquileres radical disminuiría la oferta, como se ha puesto de manifiesto en otros lugares donde se ha implementado”, responde Saura.
“Nuestra política de vivienda responde plenamente a lo acordado con el socio de Gobierno, también en el objetivo de contención y reducción de precios”, contesta al ser preguntado por si la propuesta fiscal del PSOE cumple el compromiso de “poner techo” al alquiler. Saura sostiene que los precios se controlan en la Ley de Arrendamientos Urbanos —que impide durante un contrato subir la renta más que el IPC— y en 2019 se alargaron los contratos, lo que estabiliza precios. Dicho sistema “se puede perfeccionar”, pero si alguien ve una pequeña rendija para las fórmulas de Podemos, la cierra. La línea roja son planteamientos “que mermen la renta de los alquileres de tal manera que hagan inviable incrementar la oferta”. Está, eso sí, convencido del acuerdo: “No nos vamos a levantar de la mesa en pro de conseguir una ley que es un instrumento vital”.
Ni un error más
“España no se puede permitir un error más”, señala el Saura más solemne, para quien “la política de vivienda es un elemento del Estado de bienestar insuficientemente desarrollado”. Y sale el profesor de Economía al afirmar que “el mercado de la vivienda es imperfecto e incompleto y, por tanto, necesita regulación”.
“El Gobierno está trabajando en hacer efectivo que la vivienda sea un derecho”, añade, para lo que se necesitan “un marco seguro desde el punto de vista jurídico” y “un arsenal de políticas sostenidas en el tiempo”. Para acometer la tarea pide una aproximación “no dogmática”. En la futura ley y en el día a día.
Destaca como herramienta el plan estatal de vivienda (este año toca renovarlo), donde promete más presupuesto —en parte, por la llegada de los fondos europeos de recuperación—. Gran parte del dinero revierte en las comunidades, con la mayoría de competencias transferidas. Estas diseñan las ayudas a inquilinos, que, según Saura, “hay que incrementar, con especial atención a los jóvenes y a los vulnerables”.
Dicho plan deberá consagrar el objetivo, expresado por Ábalos, de sumar 100.000 viviendas en alquiler asequible. El número dos del Ministerio agrega que no bastarán: “Hay que continuar y debemos incrementarlas”. La mitad saldrán de empresas privadas. “Hemos incrementado los recursos en los Presupuestos, hemos impulsado el Fondo Social del sistema financiero y van avanzados los acuerdos con fondos de inversión”, explica Saura. Y defiende un trato diferente a grandes propietarios: “Creo que es justo que eso sea así: que quién más tiene, más tiene que contribuir”.
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