El Constitucional alemán paraliza de forma provisional la ratificación del plan de recuperación europeo

El Tribunal Constitucional alemán ha dejado este viernes en el aire la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros, esperado con urgencia desde hace meses por los países más golpeados por la pandemia. La máxima corte alemana ha ordenado que Alemania no ratifique la ampliación del presupuesto comunitario, imprescindible para la puesta en marcha del fondo, hasta que se dirima un recurso de emergencia presentado este viernes para impedir esa ratificación. La decisión de los jueces bloquea sine die unos subsidios y préstamos que, en teoría, debían haber empezado a fluir desde el 1 de enero y de los que España espera obtener hasta 140.000 millones de euros.

La Comisión Europea ha reaccionado de inmediato a la decisión del Tribunal y se ha mostrado confiada en la legalidad de su proyecto presupuestario y de la novedosa creación del fondo. Pero reconoce que el proceso de ratificación del proyecto en los 27 Estados miembros ya no se completará, probablemente, hasta finales del segundo trimestre, lo que puede retrasar la llegada de las ayudas hasta finales de año o, incluso, hasta 2022. Mientras no haya ratificado los Veintisiete, Bruselas no puede empezar la emisión de deuda, una operación que tardará meses en ponerse en marcha.

El pleito en la corte de Karlsruhe, sede del Constitucional alemán, sorprende a Europa en plena oleada de nuevas medidas de confinamiento y limitación de movimiento para frenar la expansión de la covid-19. El impacto de esas medidas agravará la situación económica en numerosas regiones europeas, ya muy afectadas por la pandemia. El fondo de 750.000 millones de euros estaba llamado a paliar el impacto de los primeros compases de la crisis, pero, finalmente, podría llegar en un momento económico mucho más devastador de lo previsto.

El conflicto judicial ha surgido en el proceso nacional de ratificación de la llamada Decisión de recursos propios, el acto legislativo de la UE que fija los ingresos del club comunitario. Esa Decisión debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete y ratificado en todos ellos siguiendo los procedimientos previstos en cada país, que en la mayoría de los casos pasan por los Parlamentos. Hasta ahora, lo habían hecho 16 de los 27 países de la UE, incluidos Francia, Italia y España. La Comisión Europea tenía bajo la lupa el procedimiento en Polonia, puesto que uno de los partidos de la coalición derechista rechaza darle el visto bueno. Sin embargo, Berlín ha dejado finalmente el proceso en punto muerto en pleno arranque de la tercera ola de contagios.

La Decisión surge de la histórica cumbre europea de julio del año pasado, en la que se pactó una ampliación sin precedentes de los recursos comunitarios para permitir una emisión multimillonaria de deuda con la que financiar el nuevo fondo. El acuerdo supuso un salto descomunal en la integración presupuestaria del club, calificada por algunos analistas de “momento Hamilton” de la UE en alusión a la unión fiscal de EE UU.

El pleito en Karlsruhe cuestiona precisamente la legalidad de ese gran salto, que llevará a la UE a financiar por primera vez subsidios a fondo perdido a base de emisiones de deuda conjuntas. Las emisiones no llegan a ser eurobonos, porque cada Estado asume su parte de responsabilidad en caso de impago, pero podría ser un primer paso en esa dirección.

Bruselas confía en que, a pesar de todo, el fondo salga adelante, aunque sea más tarde de lo previsto. Pero los numerosos pleitos anteriores ante el Constitucional alemán en relación con la integración europea convierten el nuevo caso en un riesgo potencial enorme. En mayo del año pasado, en una sentencia histórica, el Tribunal de Karlsruhe se negó por primera vez en la historia judicial de Alemania a acatar una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, relacionada en aquel caso con las compras de deuda del BCE.

El veredicto provocó un gravísimo choque institucional con la Corte europea. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con abrir un expediente contra Alemania por violación de los tratados. Von der Leyen ha ido luego dando largas a la apertura del expediente, en un intento de no agravar el conflicto. Pero el pleito iniciado este viernes muestra que la tregua entre Bruselas y Karlsruhe se ha terminado.

La Cámara Baja, o Bundestag, aprobó la ley que ratifica el fondo el jueves. Salió adelante con una mayoría de casi el 75% de los votos. Este viernes también la Cámara Alta, el Bundesrat, ha dado el visto bueno a la legislación. Entre los que se oponen a que Alemania ratifique el fondo europeo, que ha sido bautizado simbólicamente como Next Generation EU (La UE de la próxima generación), está el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD). La formación argumenta que el mecanismo viola los tratados europeos al permitir que los Estados se endeuden de forma conjunta y ha calificado a la canciller alemana, Angela Merkel, de “irresponsable” por permitirlo.

El recurso ante el tribunal de Karlsruhe parte de una alianza ciudadana creada en torno a uno de los fundadores de AfD, el economista Bernd Lucke. Este grupo, que se financia con donaciones, ha sumado a 2.281 personas al recurso, según aseguraba este viernes en su página web. Tras la aprobación en las dos cámaras legislativas, el único paso que faltaba para la ratificación alemana del mecanismo que permite a la UE salir a los mercados y endeudarse era la firma del presidente, Frank-Walter Steinmeier. El Constitucional prohibió ayer expresamente esa firma hasta que adopte una decisión sobre el recurso.

“A cortísimo plazo no tiene efecto porque hay países que aún no han ratificado, pero es peligroso porque no sabemos qué puede pasar ni hay plazo para que Karlsruhe tome una decisión”, señaló el eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa. Si para entonces el resto de miembros de la UE ya han ratificado el fondo de recuperación, añade, entonces sería Alemania la que estaría paralizando la llegada de unos subsidios y préstamos muy necesarios en la Unión. “La impresión general es que no se van a atrever a tumbarlo, pero ya hay un precedente [la compra de deuda del BCE] y tampoco se puede descartar”, asegura. Uno de los riesgos es que, al versar sobre tratados europeos, el tribunal decida pedir opinión al Tribunal de Justicia de la UE, lo que retrasaría meses una decisión.

La Comisión Europea aseguró en una nota que “está convencida de la legalidad de la decisión sobre recursos propios”. “Es fundamental”, añade, que todos los Estados miembros la “aprueben rápidamente, en particular a la luz de los desafíos derivados de la pandemia de la covid-19″. Bruselas confía en que el Constitucional alemán se pronuncie lo antes posible sobre el recurso. “El objetivo de la UE sigue siendo garantizar la finalización del proceso de ratificación en todos los Estados miembros a finales del segundo trimestre de este año”, concluye.