Situación sanitaria y población serán clave en el reparto de los 16.000 millones del nuevo fondo regional

Situación sanitaria, volumen de la población y caída de ingresos. Estos serán los criterios claves para repartir el nuevo fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades para luchar contra la pandemia del coronavirus. Así lo ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes a los consejeros de Hacienda regionales. Las autonomías recibirán el importe que les corresponda a través de transferencias directas y no tendrán que devolver el dinero que se les asigne, que no generará ninguna carga en intereses, no computará en la regla de gasto y queda al margen de la financiación autonómica.

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El importe del fondo ha sido calculado en función de las previsiones del impacto de la pandemia en los gastos sanitarios y sociales y de la caída de los ingresos propios por el parón de la actividad por las medidas de confinamiento, aunque aún no se ha detallado en concreto cuánto dinero recibirá cada comunidad. Del total, 10.000 millones se destinarán a atender el gasto sanitario; 5.000 millones a compensar la merma en los ingresos y 1.000 millones para hacer frente al creciente gasto social.

La partida destinada a cubrir el gasto sanitario se abonará en dos fases: 6.000 millones en el corto plazo y los restantes 4.000 millones en el segundo semestre. En ambas fases los criterios serán los mismos, pero cambiará su ponderación. En el primer tramo tendrán mayor peso las variables sanitarias —ingresos en las UCI (35%), hospitalizaciones (25%), positivos confirmados vía PCR (20%) y población ajustada o equivalente (20%)— y en el segundo gana fuerza la cantidad de población —población ajustada o equivalente (40%), ingresos en las UCI (30%), hospitalizaciones (20%) y positivos confirmados (10%)—.

Montero se ha comprometido a revisar su propuesta durante la reunión mantenida este lunes y ha dejado abierta la opción de adoptar la población ajustada o la población protegida equivalente. Estas dos variables son parecidas, y ajustan el peso de la población en función de criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 años o la insularidad, entre otros.

Por otro lado, los 1.000 millones destinados al gasto social serán repartidos en función de la población, aunque también se considerarán la superficie, la cantidad de dependientes, mayores de 65 años y menores de 16 años o la dispersión territorial. En cuanto al último tramo, de 5.000 millones, será repartido en función de la caída de ingresos propios de las comunidades; en este sentido, Montero ha propuesto que la fórmula exacta para calcularla sea propuesta por el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, un órgano colegiado del que forman parte representes del Estado y de las comunidades y que se ocupa de coordinar la gestión de los tributos cedidos.

Montero ha explicado que el Gobierno aprobará este nuevo fondo a través de un decreto ley, en el cual serán fijado los criterios de reparto. Esta partida adicional se suma al dinero que las comunidades ya están recibiendo por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica: este año recibirán 115.887 millones de euros, casi 8.000 más que el año pasado. Las entregas se calcularon en función de una previsión de crecimiento para 2020 del 1,6%, el pronóstico hecho por el Gobierno antes de que estallara la emergencia sanitaria. Hacienda calcula que las regiones recibirán este año en torno a 9.500 millones más de lo que les hubiera correspondido si se hubiese actualizado el reparto a la nueva situación.

Las regiones también tienen la posibilidad de solicitar el anticipo del 50% de la liquidación de 2018 (unos 5.500 millones), que normalmente se tendría que abonar en julio, y Montero anunció la pasada semana que se pondrá en marcha un Extra FLA (Extra Facilidad Financiera para las comunidades que han cumplido los objetivos presupuestarios) dotado con 5.932 millones, 2.500 de ellos sin intereses.

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