Cómo combatir la creciente desigualdad de ingresos

Uno de los hechos ante los cuales la evidencia empírica es contundente es que, en nuestro país, la desigualdad en los ingresos salariales ha crecido sustancialmente desde el inicio de la crisis de 2008. Si bien España ha alcanzado ya los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la crisis, sin embargo, su distribución entre la ciudadanía es mucho más desigual. La Comisión Europea, en un informe reciente sobre la desigualdad en Europa, alerta de que en España el 20% que más gana obtiene más de seis veces y media más que el 20% que menos obtiene. Este grado de desigualdad es sólo comparable al que se observa en Lituania, Grecia o Bulgaria. Las razones del aumento de la desigualdad han de buscarse en dos fenómenos: el primero, común a prácticamente todos los países desarrollados, es la polarización del empleo causada por los avances tecnológicos. Los empleos con contenidos más repetitivos y codificables, tradicionalmente realizados por la clase media, están desapareciendo por efecto de la automatización. Otros empleos están surgiendo, pero la necesaria adaptación a los cambios se lleva por delante a quienes están menos alineados con las nuevas demandas de empleo. Y éstos, los perdedores de este fenómeno, se ven abocados, bien al desempleo o a empleos con condiciones laborales más precarias, y en consecuencia, a ingresos salariales que se sitúan entre los que menos obtienen.

Y el segundo fenómeno que hay que atender para entender la creciente desigualdad es el resultado de la crisis económica reciente. Nuestro país presenta una preocupante anomalía laboral que se traduce en que ante una recesión se opta masivamente por el despido, que afecta en primer lugar a los trabajadores temporales, entre cuyo colectivo se encuentran sobrerrepresentados los jóvenes, las mujeres y los trabajadores inmigrantes. Y una de las cicatrices que esta reciente recesión nos ha dejado es que la temporalidad no sólo vuelve a ser la modalidad contractual preferida en el 90% de las contrataciones, sino que, además, esta contratación es de menor duración y de menor cantidad de horas contratadas. Esto arrastra a ese colectivo ya muy dañado por el desempleo en la crisis a la obtención de ingresos salariales, incluso para quienes vuelven a encontrar un empleo, inferiores a los que obtenía anteriormente y a una incertidumbre salarial muy superior. En consecuencia, los cambios tecnológicos y la reciente crisis han provocado una disminución en los ingresos salariales de gran parte de la clase media y la clase baja que ha agrandado la desigualdad salarial que existía hace una década.

No existe consenso sobre cuál es el grado de desigualdad de ingresos que consigue un nivel de bienestar social máximo. Si los ingresos salariales dependieran mayormente del esfuerzo individual, sería justo que, quienes se esforzaran más, generaran mayores ingresos salariales. Pero la realidad está muy lejos de ser ésta. La desigualdad en ingresos se va gestando desde la más tierna infancia por una desigualdad en oportunidades, que es, por definición, injusta desde un punto de vista social. Pero la escasa movilidad social existente en nuestra sociedad provoca que sea casi imposible que los niños de los entornos más desfavorecidos puedan alcanzar niveles de ingresos elevados en el futuro. En parte, porque estos niños alcanzan menores niveles educativos, pero también porque obtienen menor rendimiento al tiempo que dedican a su inversión en educación. Y esto se traslada posteriormente al ámbito laboral, de manera que las personas de familias más pobres afrontan perspectivas laborales mucho menos prometedoras que aquellas de familias bien posicionadas económicamente. Especial mención debe hacerse aquí a las familias monoparentales, que son el colectivo donde la trampa de la pobreza se manifiesta con mayor crudeza.

Por todo esto, es urgente que nuestra sociedad aproveche esta nueva etapa política que hoy se abre para dar un giro de timón contra esta creciente desigualdad en ingresos que proviene mayormente de una injusta desigualdad en oportunidades. Cada ciudadano debiera poder adquirir, independientemente de su origen social, las capacidades y el talento necesario para afrontar un futuro laboral exitoso. Y esto pasa sin duda por apostar, como pilar básico, por un sistema educativo público de calidad, abierto a la innovación y blindado a recortes que preste especial atención al desarrollo global de la infancia que proviene de entornos más desfavorecidos. En segundo lugar, debe apostarse por un giro hacia un mercado laboral que promueva la estabilidad laboral y el empleo de calidad como norma y no como excepción. Este objetivo es particularmente importante para colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, muchos de ellos actualmente en situación de pobreza laboral. Además, las instituciones deben proteger a quienes más pierden ante el avance tecnológico, mediante la implantación de políticas activas en constante supervisión y evaluación dirigidas a la orientación, formación e intermediación de quienes muestran mayores dificultades para la adaptación de sus capacidades a las demandas del mercado.

A nadie se nos escapa que estas y otras posibles medidas dirigidas a la reducción de la desigualdad en oportunidades requieren de una dotación presupuestaria considerable. Por ello, nuestro sistema de impuestos y transferencias debe también modernizarse para lograr una mayor eficiencia en la capacidad de generar recursos. La reforma fiscal es una de las grandes reformas pendientes en nuestro país, y ante una legislatura que se inicia, sería muy necesario acometer los cambios necesarios que permitieran generar mayores recursos sin tener que acudir necesariamente a una mayor presión fiscal.

Sara de la Rica es catedrática de Economía de la UPV/EHU y directora de la Fundación ISEAK.