Bruselas incluye la crisis catalana como riesgo para la recuperación en España

“La reacción de los mercados a los acontecimientos recientes en Cataluña ha sido comedida”, dice el informe. Aunque no haya décimas concretas en la advertencia, el desafío independentista es el riesgo más claro para la economía española: “Los futuros acontecimientos podrían tener impacto en el crecimiento”, dice Bruselas, “aunque la intensidad de ese efecto no puede anticiparse”. Así, la Comisión prevé un avance del PIB español del 3,1% este año y del 2,5% en 2018. Es decir: coincide con los pronósticos del Gobierno español para 2017 y es más optimista (2,5% frente 2,3%) el próximo ejercicio.

El crecimiento del 2,5% que espera para 2018 —dejando de lado la crisis catalana— es una décima superior al que auguraba en las anteriores previsiones, las de mayo. Pero supone que la recuperación levanta el pie del acelerador frente al 3,1% de 2017. Y el crecimiento será del 2,1% en 2019. A cambio, el desempleo caerá con fuerza: se situará en torno al 14% en 2019, desde el estratosférico 26% de 2013; 12 puntos de bajada en seis años. La Comisión aplaude las reformas laborales que han permitido esa mejoría. Pero no hay comidas gratis: la mejora del empleo no se refleja en el poder adquisitivo de los trabajadores. “El crecimiento salarial se mantendrá bajo control a pesar del repunte de la inflación”, señala el informe, “debido a una deriva salarial negativa”.

En plata: crece el empleo y baja el paro, pero los sueldos no mejoran. Los costes laborales unitarios cayeron el año pasado. Caen este año. Y caerán en 2018 y 2019, lo que permite ganar competitividad exterior pero lastra el poder adquisitivo de las familias. Los economistas llaman a ese proceso “devaluación interna”; la contrapartida es un deterioro de los indicadores sociales, con el riesgo de pobreza y la desigualdad en máximos.

Los analistas privados calculan que el desafío independentista costará entre 2.000 y 12.000 millones de euros, según el servicio de estudios del BBVA. El Gobierno se sitúa en la zona media de esa franja: el ministro Luis de Guindos cree que el impacto será de unos 5.000 millones, aunque apunta que si la crisis se alarga el efecto puede ser mucho peor. Bruselas extrema la precaución en el informe de previsiones de otoño: admite que habrá impacto, según las fuentes consultadas, pero señala que aún no hay suficientes datos como para medir la profundidad de ese bache. La fecha de corte del informe es el pasado 22 de octubre: por aquel entonces las empresas habían empezado a marcharse —La Caixa y el Sabadell trasladaron las sedes a principios de ese mes— y había ya datos de caídas de reservas turísticas, pero el aparato estadístico era todavía muy anecdótico, según las mismas fuentes. Aun así, el informe recoge ese riesgo.

Bruselas coincide con los pronósticos del Gobierno para este año. Para 2018, la Comisión es algo más optimista: Guindos cree que el PIB se elevará el 2,3%, cinco décimas menos de lo previsto anteriormente por la crisis catalana; Bruselas augura un avance algo superior, siempre según las fuentes consultadas.

España ya no es un riesgo para la zona euro. La recuperación se consolida, aunque desacelera. El sector exterior sigue contribuyendo al crecimiento. El desempleo, quizá el gran talón de Aquiles de España desde siempre, sigue muy elevado pero va claramente a la baja. Esa fuerte reactivación, que prácticamente duplica la media europea, ha permitido suavizar el que hasta ahora era el otro gran agujero de la economía española: un déficit público que a pesar de acumular avances del PIB superiores al 3% tres años seguidos sigue incumpliendo las normas europeas. Bruselas prevé que España cumpla este año y rebaje el déficit al 3,1% del PIB; el equipo del comisario Pierre Moscovici está convencido de que el Gobierno podría bajar del listón del 3% a poco que se lo propusiera. Pero por ese flanco sigue habiendo recados: Moscovici envió hace unos días una carta a España para asegurarse de que Madrid tiene intención de elaborar unos presupuestos del Estado para 2018, como ha prometido Guindos.

En plena crisis de Cataluña, el Ejecutivo optó por remitir unos presupuestos prorrogados porque no podía garantizarse los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas, aunque cuenta con el PNV. El mensaje de Bruselas es claro: las cuentas provisionales presentadas no garantizan el cumplimiento íntegro de las metas de déficit pactadas para 2018. De hecho, lo superan en una décima (el Gobierno prevé un 2,3% del PIB frente al 2,2% que fija Bruselas), lo que obligaría a un ajuste adicional de 1.000 millones el año próximo, en función del crecimiento. Bruselas, en fin, cree que el déficit se situará en el 3,1% del PIB este año (en línea con los objetivos) y en el 2,4% del PIB en 2018, por encima del listón que exige Bruselas pero por debajo del sacrosanto límite del 3% del PIB, que dejaría a España en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, una especie de pelotón de los torpes de las reglas fiscales.

Incertidumbre

Pero las cifras definitivas dependerán el crecimiento: por eso es clave el resultado del desafío independentista. Si la crisis catalana se resuelve, la recuperación del PIB se resentirá menos de lo pronosticado y será más fácil cumplir con las reglas fiscales europeas y seguir soltando lastre. Si se enquista tras las elecciones del 21-D, aparecerán varios problemas. En primer lugar, las dudas en los mercados de deuda: el Tesoro tiene que refinanciar anualmente decenas de miles de millones de euros, y una subida de los tipos de interés de la deuda española por los riesgos políticos sería una pésima noticia.

En una economía tan endeudada como la española (la deuda pública asciende al entorno del 100% del PIB, y la privada multiplica esa cifra por 2,5), un crecimiento menor dificulta el desapalancamiento, la reducción del endeudamiento. Y las consecuencias económicas del desafío secesionista ya se están viendo: la huida de empresas, la caída del turismo y la parálisis de la inversión afectarán mucho a Cataluña, pero también al conjunto de España; al cabo, la economía catalana supone en torno a una quinta parte del PIB español. Los riesgos están ahí. El informe de Bruselas es una especie de aviso a navegantes; viene a repetir a España una frase de Terminator: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor.