Ibermutuamur vende su sociedad de prevención por 13 millones

La mutua de accidentes de trabajo Ibermutuamur ha vendido su sociedad de prevención de riesgos laborales por 12,9 millones a Inverpreven. La operación fue autorizada por la Seguridad Social el pasado 18 de junio. De total de la operación, 5,3 millones pasarán a engrosar el patrimonio histórico de la mutua; el resto, 7,6 millones, servirán para cancelar la deuda que la sociedad tiene con la Seguridad Social.

Inverpreven es una sociedad creada por 47 directivos y profesionales de la firma de prevención (que tiene una plantilla de unos 900 empleados) específicamente para realiza esta compra. Con la operación, Ibermutuarmur duplica su patrimonio histórico, que queda en 10,4 millones. Las mutuas suelen usar este patrimonio para pagar los ajustes que la Seguridad Social les exige si al auditar sus cuentas año tras año detecta gastos indebidos que no se atienen a los fines propios del instituto público.

Las mutuas de accidentes de trabajo, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social en la atención de los accidentes laborales y la gestión de prestaciones derivadas de estos y las bajas de enfermedades comunes. Para ello, las mutuas gestionan, principalmente, el dinero procedente de las cotizaciones sociales para accidentes laborales.

En el caso de Ibermutuamur, en 2012 tuvo un presupuesto de casi 2.200 millones para atender a más de tres millones de trabajadores, según la memoria de la entidad correspondiente a ese ejercicio.

Las mutuas están vendiendo sus sociedades de prevención. El anteproyecto de ley del sector que prepara el Gobierno les obliga a desprenderse de estas empresas porque es un negocio privado que tiene una actividad mercantil ajena a los fines de la Seguridad Social.

Hasta ahora han vendido Mugatra (Mutua Gallega) y Solimat. Fremap, la mayor mutua del sector, trató de frenar su sociedad el año pasado, pero la Seguridad Social ha frenado la operación, como adelantó EL PAÍS. El motivo formal fue que el comprador exigía a la mutua que le contratara en exclusiva durante los diez años siguientes a la venta. Además, el instituto público exigió a la mutua que acreditara que no había vínculos entre la directiva de Fremap y el comprador.