"En tipos de contratos y subvenciones ya se ha explorado casi todo"

Si uno busca en la hemeroteca de este periódico, la primera vez que apareció la expresión "contrato basura" o "empleo basura" fue a finales de 1993, cuando el Gobierno de Felipe González alumbró un tipo de acuerdo laboral "de aprendizaje" para menores de 25 años sin cobertura de paro, invalidez ni enfermedad común, y con una retribución que podía quedar en el 75% del salario mínimo interprofesional el primer año. En números: 39.000 pelas de la época. Era una de las medidas de la reforma laboral del 94. Ya en 1988, con tasas de desempleo de jóvenes que no bajaban del 30%, se lanzó un Plan de Empleo Juvenil que se saldó con una huelga general. La reforma del 84 también impulsó la contratación temporal y en prácticas.

No se puede esperar más de estas políticas, dice un ex alto cargo de Empleo

La solución final es de largo plazo y pasa por el famoso cambio de modelo

La tasa de paro global aquel año en que se bautizó al "contrato basura" era del 22% y al siguiente, en el segundo trimestre del 94, escaló al 24%. La de los menores de 29 años, prácticamente, se duplicaba. Las reformas y acuerdos laborales destinados a impulsar el empleo de los jóvenes han gravitado mayoritariamente sobre la creación de contratos ad hoc, temporales y más precarios, e incentivos económicos. Se trataba de hacer más atractivo al aspirante a un trabajo sin experiencia, meterle en el mercado y que su situación se consolidase con el tiempo.

"El contrato temporal se hizo de buena fe, pensando en que estas personas se harían luego fijas, y se creó mucho empleo, pero en lugar de un mecanismo de entrada al mercado laboral se ha convertido en uno de salida", lamenta Jesús Caldera, que fue ministro de Trabajo entre 2004 y 2008. "Cuando yo era ministro, el paro bajaba y no entendía por qué no bajaba el gasto en prestaciones de paro, y era por esa rotación precisamente", explica el vicepresidente de la Fundación Ideas. "Hay un problema de fondo que no son las instituciones laborales, sino el modelo productivo", insiste.

Temporalidad y paro siguen sobre la mesa. Los políticos y expertos consultados para este reportaje coinciden en que una normativa laboral genera un escenario más propicio para la creación de empleo, pero su efecto es limitado para solucionar las dolencias estructurales.

Las políticas, coinciden, deben poner el acento en la formación, adecuarla a las necesidades del mercado de trabajo. Guerra al abandono escolar temprano. Impulso a los emprendedores. La apuesta por sectores de alto valor añadido. El adiós a la dependencia del ladrillo y de servicios poco cualificados, esos que crean (pero también destruyen) empleo a mansalva con las oscilaciones económicas. Que miles de decisiones empresariales particulares den el giro hacia un nuevo tejido productivo. Ese nuevo modelo económico que se repite como un mantra, como una oración en los últimos años. "Que los jóvenes de ahora creen que las empresas no se han sabido crear antes", dice Carles Campuzano, de CiU, que pide un marco laboral más flexible para las microempresas.

Los jóvenes tienen más problemas de paro que los adultos en todos los países europeos. El pero, en España, tiene que ver con la intensidad del problema: la brecha entre los menores de 25 años y el paro total no es de un 7,5% a un 10,4%, como en Alemania; o del 9,5% al 23,3%, como en Francia; sino del 18% al 37,8%, según los datos de Eurostat de 2009. El problema es el paro en general.

Pero cuando la economía estornuda, el trabajo de los jóvenes en España coge un buen resfriado, y cuando la economía coge una gripe muy seria, los jóvenes asoman a esa "generación perdida" contra la que alertaba hace unos días Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Las políticas de empleo sirven para parar el golpe, pero no solucionan todo el problema de los despidos cuando hay crisis. Aspiran a alterar la distribución del empleo y es la recuperación del ciclo económico la que lo crea. No se puede esperar mucho más de las políticas de empleo, para eso está la política económica general", reflexiona Valeriano Gómez, investigador de la Fundación Ortega y Gasset y ex secretario general de Empleo.

Grosso modo, para los jóvenes la actual reforma laboral establece bonificaciones para las empresas que contraten a jóvenes, ayuda a la contratación indefinida y amplía la edad tope de los contratos de formación (el de los que carecen de cualquier título) de 21 a 24 años y el de prácticas de cuatro a cinco años después de haber logrado una titulación. Además, pone mayor énfasis que antes en que este tipo de empleo vaya acompañado de una formación para el empleado que debe acreditarse. "El hecho de que se hayan concentrado las bonificaciones en ellos, y que se hayan alicatado mejor los elementos del contrato hace pensar que este plan tiene que funcionar mejor que lo que ha habido antes", confía una fuente del Ministerio de Trabajo, aunque admite que "los efectos positivos de esto se notarán con la recuperación del ciclo económico y gracias a otras políticas más transversales".

"En el empleo joven vía subvenciones o modalidad de contrato ya se ha explorado casi todo, no soluciona el problema de fondo, esto solo puede conseguirse por la vía de la actividad, incentivando el número de emprendedores", reflexiona Manuel Pimentel, empresario y ministro de Trabajo con el PP, entre 1999 y 2000.

El fomento de los emprendedores y la falta de adaptación de la formación a las necesidades del mercado de trabajo no cae de los labios de los políticos. El Gobierno ha incluido ayudas a la emprendeduría en su Ley de Economía Sostenible que reduce los plazos y facilita la financiación a través del ICO (Instituto de Crédito Público). También planea reformar la Formación Profesional. "Tenemos un plan que mejorará y adaptará los títulos, con 78 millones de euros de presupuesto. Hemos pedido que las comunidades pongan 78 millones más. Hay que buscar los yacimientos de empleo: el sector biotecnológico o las energías renovables... los sectores de valor añadido", explica Miguel Soler, director general de Formación Profesional.

Para el PP, la reforma del Gobierno no solventará el problema. "Las reformas laborales son un instrumento, pero lo fundamental es una política económica coherente. Las bonificaciones tienen un efecto neutro: ayudan pero si un empresario tiene que contratar a alguien, lo hará y si no lo ve claro, no", opina José Ignacio Echániz, portavoz de empleo popular.

En general, los incentivos económicos "ayudan, pero cualquier bonificación prima la contratación de un colectivo a costa de otro que resulta menos atractivo económicamente. Lo que hace falta es creación de empleo en sí misma", opina Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Las bonificaciones aparecen en la mayor parte de los planes de empleo de los partidos, que también incluyen otros contratos a medida. El PP habla de un "contrato de primer empleo joven" con bonificaciones, el PNV habla de un nuevo contrato de inserción también subvencionado y CiU apuesta por la mejora y revisión de los contratos en formación y en prácticas. Desde el PNV, Emilio Olabarria aboga por el "autoempleo" y contratos juveniles "más flexibles". También pide una reserva del 25% del empleo público para los jóvenes, entre otras medidas.

Izquierda Unida se desmarca. "Hay que reducir los tipos de contratos y fomentar el empleo mediante inversión pública. Los contratos de prácticas no funcionan, el empresario prefiere coger becarios", apunta José García Rubio.