La hora del G-20
Desde la emergencia de la crisis financiera global, y desde su rápida y amplia propagación, se acertó en considerar que debería ser el G-20 la instancia en la que se debatieran propuestas tendentes a convertir al mundo en un lugar financieramente más estable y seguro en el que habitar. La coexistencia de las economías más avanzadas con las emergentes más dinámicas, entre otras, la convertía en una suerte de amplio directorio global. La evolución de la crisis ha revelado algunas sorpresas agradables y algunas decepciones. La flexible adecuación del FMI a las nuevas circunstancias que la crisis exigía ha sido una de ellas. Las dificultades de los Gobiernos de las economías más desarrolladas para coordinar políticas económicas y regulaciones financieras preventivas de futuras crisis forma parte de las segundas.
En la reunión de los máximos mandatarios de este fin de semana en Toronto no es probable que se reduzca esa dificultad para armonizar esfuerzos ante la todavía muy complicada situación que vive la economía mundial. Tres años después de su desencadenamiento en EE UU, esta economía está más cerca de haber superado definitivamente las amenazas recesivas que el resto de las economías de la OCDE, desde luego las europeas. Algunas de estas no pueden descartar la posibilidad de una recaída en ritmos de crecimiento negativos y, desde luego, muy serias dificultades para reducir de forma significativa las en muchos casos tasas históricas de desempleo. La orientación de las políticas económicas en la UE, además de procíclica (ahora acentuadoras de las posibilidades de contracción del débil crecimiento económico), resulta sincrónica: todos los Gobiernos, desde los de las naciones consideradas periféricas (España, Irlanda, Grecia, Portugal) hasta las tres grandes (Alemania, Francia y Reino Unido), parecen haberse coordinado para garantizar un aplazamiento de la recuperación en aras de una pretendida corrección de los déficits y de las deudas públicas.
Las autoridades de EE UU acuden a esa convocatoria con una orientación bien distinta. Admitiendo la inexcusable necesidad de saneamiento de las finanzas públicas, emplazan su reconducción a los niveles propuestos por Europa (3% del PIB) a dos años más tarde que el 2013 asignado en las economías que comparten moneda en Europa. Es una posición más razonable y amparada en esa experiencia deducida de la retirada temprana de estímulos durante la Gran Depresión, pero también de la más cercana que aporta la gestión de la crisis en Japón.
A ese mayor temor a los mercados financieros que exhiben las autoridades europeas se suma la falta de posiciones comunes en torno a la necesaria regulación financiera o al igualmente conveniente establecimiento de una tasa sobre los pasivos de mayor riesgo de los bancos, destinada a cubrir las necesidades de financiación derivadas de futuras crisis financieras. La posición de mínimos adoptada por Alemania, Francia y Reino Unido en este punto es algo inequívocamente favorable que debería ser acompañado por los demás Gobiernos europeos y asumido en Toronto. La concreción de un calendario para las restantes reformas facilitaría la percepción de que el G-20 no erosiona su legitimidad. El clima favorable creado por el anuncio hace unos días de las autoridades chinas de flexibilización del régimen cambiario ha contribuido a ello.
