La Generalitat planea blindar 1.300 millones para su red de fibra óptica

Con permiso de la crisis y de los tiempos de austeridad, el Gobierno catalán tendrá sobre la mesa mañana la aprobación de un plan plurianual de 1.300 millones de euros. Es el dinero que la Generalitat se compromete a gastar en servicios de telecomunicaciones de alta capacidad en los próximos 20 años, cuando 5.800 centros públicos como comisarías, hospitales y escuelas estén conectados mediante una red de fibra óptica. El Ejecutivo catalán quiere que una empresa privada construya y financie esa red, con la idea de ir pagándole por los servicios prestados a medida que la conexión vaya expandiéndose por los distintos centros, y de que, al final de los 20 años, la titularidad de la red sea pública. Pero para que las empresas privadas que han mostrado interés (Telefónica, Axia-Mediapro y Abertis) formulen su oferta necesitan que, antes, la Generalitat apruebe un plan plurianual que comprometa el dinero que le pagará por el servicio.

Telefónica, Abertis y Axia-Mediapro optan a hacerse con el concurso

La comunicación con fibra óptica permitirá que todos los alumnos de las escuelas públicas se conecten a la vez a Internet a gran velocidad y realicen un elevado consumo, que no haga falta que un preso se desplace a declarar a un juzgado, sino que pueda hacerlo por videoconferencia, y que los hospitales catalanes puedan enviarse radiografías digitales entre sí (telediagnóstico) que hagan innecesario que un paciente de una localidad vaya a otra para mostrar las pruebas si busca una segunda opinión, por ejemplo. La secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información sostiene que sólo la fibra óptica permitirá hacer frente al transporte de datos del futuro.

Una luz verde a 1.300 millones de euros -que garantizan el retorno de la inversión, a pesar de que las empresas del sector apuntan que no es muy interesante la rentabilidad del proyecto aunque les garantice ingresos estables durante dos décadas- no significa que ese dinero vaya a desembolsarse ahora. El concurso incluye un calendario de manera que, año a año, distintas localidades van a ir estando cableadas. "En realidad, el dinero empezará a gastarse a partir de 2015 porque el consumo irá aumentando a medida de que la red se vaya construyendo", señala Joan Miquel Piqué, director de Localret, que agrupa a todos los municipios catalanes para impulsar las conexiones de banda ancha.

Además de las 5.843 sedes de la Administración pública catalana que deberán conectarse, también lo estará al menos una sede que elija cada uno de los 946 municipios. En una primera fase de la llamada Red Abierta, sólo está previsto que la red llegue a 281 localidades. "Algunos municipios tienen fibra y pueden cederla a esta red pública, no tanto a cambio de dinero, sino de que la empresa adjudicataria lleve la fibra óptica a una biblioteca o adonde decida", añade Piqué.

Según fuentes del sector, Telefónica bate a sus rivales en precio, aunque su oferta plantea un modelo distinto del que desea la Generalitat. Es una oferta más basada en el servicio que en la infraestructura. Si gana la compañía quiere mantener la red que construirá de su propiedad, y asegura que tiene ya tanta fibra óptica desplegada que puede culminar el plan en la mitad del tiempo fijado, pues sólo le quedarían pendientes pocas localidades. Telefónica sostiene que el proyecto supone (o busca) duplicar su red. La Generalitat y Localret replican que quieren "garantizar que haya una alternativa en todo el territorio y que ninguna localidad quede excluida de las redes de nueva generación". Según Localret, el 93% de los municipios catalanes no tienen competencia efectiva en telecomunicaciones, y por ello "los precios de los servicios son el 37% superiores a los de las zonas de competencia". La asociación informa de que sólo en 66 de 946 municipios hay competencia de precios, aunque añade que 50 tienen una oferta de servicios competitiva (ADSL2+) y 16 tienen una oferta restringida (ADSL).

La Generalitat sostiene que el gasto de 1.300 millones por servicios prestados es inferior a largo plazo al que tendría que afrontar si continuara de alquiler (con Telefónica). Y sostiene que la vieja economía (la obra pública) puede ayudar a preparar el terreno para la nueva economía.

El proyecto Red Abierta está pendiente de si Bruselas prohíbe por problemas de competencia la posibilidad -prevista por la Generalitat- de que la parte de la capacidad de la red de telecomunicaciones pública pueda abrirse al acceso de otros operadores privados. De este pastel de negocio adicional se ha excluido Barcelona y el área metropolitana, el 70% del mercado, lo que lo hace menos interesante para las empresas.