El fiscal pide 4,8 millones de fianza para otro cargo de Matas
Cardona fue consejero de Industria y es parlamentario del PP
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer que el juez imponga una fianza de responsabilidad civil de 4,87 millones de euros a José Juan Cardona, consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007), actual parlamentario y miembro de la cúpula del PP. Es el tercero de los consejeros de Matas imputados por supuesta corrupción.
El político negó haber participado en una supuesta trama de negocios clandestinos con dos ex altos cargos de su departamento en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (Cdeib), en el llamado caso Scala-Cola Cao, en el que se indaga el desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007.
Un ex edil del PP y beneficiario de los contratos del consorcio, Felip Ferré -que pactó con la Fiscalía una reducción de pena- mantuvo la acusación contra el ex consejero. También involucró a Cardona el testimonio de una de las corruptas confesas, la ex gerente del Cdeib Antònia Ordinas, que entregó en 2008 más de 240.0000 euros apropiados y que tenía ocultos en una caja de Cola Cao enterrada en su jardín.
Tanto Ordinas como su supuesto socio, el ex director general de Industria Kurt J Viaene, y la esposa de la ex gerente, la soprano Isabel Rosselló, estuvieron en prisión preventiva más de dos meses al estallar el caso. La investigación ha documentado cobros de estudios inexistentes y repetidas autocontrataciones.
José Juan Cardona, abogado y dos veces consejero, firmó repetidas ampliaciones de crédito del Cdeib para financiar los gastos de promoción en numerosos países, desde China a Estados Unidos. El juez Antonio Capó le preguntó si no se extrañó de los reiterados incrementos para cubrir déficit, y él contestó que no.
En el caso Scala-Cola Cao, Cardona figura, además, en un episodio de supuesta financiación irregular del PP de Ibiza por haber exigido una supuesta dádiva en especie (propaganda) a un publicista que facturó contratos por más de cuatro millones a las arcas públicas.
El PP ibicenco, que lideró el imputado, no pagó la edición de las decenas de miles de ejemplates de revistas electorales, para los seis municipios de Ibiza y Formentera en mayo de 2007 que ejecutó el publicista Joan Rosselló.
