La Inspección de Trabajo declara ilegal el cierre patronal en Showa

"Si hace dos años me llegan a decir que íbamos a vivir esto, no me lo creo", decía ayer Joan Parera, de 57 años, con la mirada clavada en la puerta de Showa. Lleva 14 años trabajando en esta fábrica de Martorelles (Vallès Oriental) de componentes para motos. Pero ayer no pudo entrar. La verja estaba cerrada. Todos los trabajadores, en la calle. Y dentro, sólo una recepcionista y guardas de seguridad. La dirección de la planta, que pertenece a una multinacional japonesa, decretó el cierre patronal porque consideró que, si abrían, las personas y los bienes de la empresa corrían peligro. "Es una tontería. No hemos hecho nada", aseguraba Joan. Una inspectora de Trabajo, enviada por la Generalitat, opinó lo mismo.

Dirección y sindicatos se reúnen hoy para negociar el cierre definitivo

Por eso obligó a reabrir la fábrica a media tarde. También dijo que los trabajadores podrán cobrar ese día perdido. El comité de empresa cree que lo que pretendía la dirección era presionarles y ponerles nerviosos, en plena negociación de un cierre definitivo y un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a los 273 empleados de la plantilla.

El cierre patronal de ayer es sólo un capítulo más en un conflicto entre trabajadores y empresa que tiene tintes novelescos. Marcos García, delegado del sindicato independiente (mayoritario en Showa), explica enfadado que se enteraron de que Showa podía cerrar para siempre porque interceptaron a principios de febrero una carta en japonés de la matriz a la dirección local. La mandaron traducir y resultó que, en lugar de un plan de reestructuración como creían ellos, lo que quería la casa japonesa era cerrar la planta catalana, tal como reconoció finalmente días después, cuando además anunció el ERE a la plantilla.

"No lo esperábamos. Siempre han pagado con mucha puntualidad", recordaba Almudena Domínguez, también a las puertas de la empresa con el uniforme de la compañía, bajo el que asomaba su tripa de embarazada. "Me sorprende que quieran acabar con todo. Supongo que tendré que buscarme otra cosa", lamentaba esta responsable de compras.

La negociación de las indemnizaciones está siendo dura. La empresa ofrece entre 25 y 35 días por año trabajado, según el comité de empresa, que exige que se abonen 56 días, más incentivos por trabajar sabiendo que están abocados al cierre. En medio de ese punto muerto, la dirección pidió el cierre patronal (una medida muy drástica y poco común, según confirmaron ayer en Trabajo), acusando a la plantilla de actos contra la seguridad. La consejera de Trabajo, Mar Serna, exigió que acudiera un inspector cuando se enteró.

"La inspectora de Trabajo ha decidido que no podían cerrar así, porque no hemos puesto en peligro a nadie ni nada. Sólo ha observado que la productividad puede haberse reducido, pero lo ha visto comprensible, teniendo en cuenta cómo están las cosas", explicó Gómez. Este periódico intentó ponerse en contacto con la dirección de la planta, pero nadie quiso atender a los medios. Sí accedieron a hablar con el alcalde de Martorelles, Romualdo Velasco, que acudió a la concentración de los trabajadores. "Simplemente han dicho que quieren cerrar. Yo les he pedido que al menos sean justos con los trabajadores", declaró.

Hoy se reunen dirección y comité de empresa en el Departamento de Trabajo para hablar del ERE. Los sindicatos mantienen la esperanza de evitar el cierre. "Yo lo único que espero ya es que nos den una indemnización digna. Estoy cerca de la jubilación y me afectará menos, pero los que están entre los 40 y los 50 años... lo van a pasar mal", lamentaba Joan.