Con los aeropuertos no se juega
El objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestros aeropuertos es demasiado importante como para ponerlo en riesgo con intereses parciales y debates de alcance menor. Ni la discusión alicorta sobre el número de asientos que tendrá cada cual en los consejos de administración, ni los privilegios desmesurados de determinados profesionales, ni la concepción judicial de los aeropuertos como meras instalaciones molestas que hacen ruido, ni la intención aviesa de algún "emprendedor" por convertir el transporte aéreo en plataforma fácil para la práctica del "coge el dinero y corre", pueden distraernos de ese propósito de interés general.
Nuestros 48 aeropuertos de interés general transportaron a 187 millones de pasajeros en 2009. Los números son reveladores: 680 compañías conectadas con 138 países; 6.200 empresas de servicios aeroportuarios; 140.000 empleos directos; 440.000 empleos vinculados al sector; cerca de un 7% del PIB nacional. Tres de cada cuatro turistas que alimentan la primera industria española acuden a nuestro país vía aérea. Todos los analistas coinciden en que el sector aéreo resulta clave en los esfuerzos por reactivar la economía, configurar un modelo productivo más competitivo y adelantar la salida de la crisis. No, con los aeropuertos no se juega.
La reforma del modelo aeroportuario asegurará un futuro más eficiente, más competitivo y seguro
Tan claro lo hemos tenido los españoles que en la última década hemos invertido más de 17.300 millones de euros para dotarnos de los aeropuertos más modernos y funcionales, y para convertir nuestra avanzada tecnología de navegación aérea en el modelo a imitar por una veintena de países europeos. Ahora se trata de promover una gran reforma de nuestro modelo aeroportuario para asegurar un futuro más eficiente, más competitivo y más seguro.
Los retos son tres. Primero, modernizar la estructura y el funcionamiento del sistema. Separando la navegación aérea de la gestión mercantil de los aeropuertos. Liderando la integración en el Cielo Único Europeo. Afrontando la racionalización del control aéreo. Rebajando nuestras tasas y tarifas. Perfeccionando los mecanismos de seguridad. Garantizando la sostenibilidad y el control de emisiones.
El segundo reto es el de la descentralización. El modelo presentado por el Gobierno es el más avanzado de la historia en este sentido. La creación de sociedades filiales de gestión para los aeropuertos más complejos; la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de Comercio en sus consejos; la disposición de mayorías cualificadas para adoptar las decisiones estratégicas y la constitución de comités aeroportuarios paritarios en cada comunidad para coordinar las políticas en el ámbito, constituyen pasos inéditos hasta ahora que contribuirán positivamente al desarrollo local y regional en torno a nuestros aeropuertos. Esta tensión descentralizadora habrá de ser compatible con la atribución constitucional al Estado de la competencia sobre los aeropuertos de interés general, así como con la consolidación de nuestro sistema en red para asegurar la viabilidad de las instalaciones menos rentables, la conectividad de todos los ciudadanos y la aplicación de los principios de solidaridad e igualdad.
Y el tercer reto consiste en incorporar a la iniciativa privada. La previsión de hasta un 30% de capital privado en AENA Aeropuertos, SA, posibilitará la captación de recursos adicionales sin cargo en el déficit público y abrirá la puerta a la optimización de las prácticas eficientes de gestión que se reconoce internacionalmente a nuestras empresas especializadas. El límite formalizado en ley del 30% de participación y la garantía del control público del sistema conjurarán los riesgos privatizadores planteados desde algunas instancias.
El nuevo modelo aeroportuario que propone Fomento es equilibrado y viable; responde a una sola motivación: contar con un transporte aéreo más eficiente para hacer más eficiente nuestra economía y nuestra sociedad. La valoración positiva en términos de "avance" que esta propuesta ha obtenido de los grupos más representativos en el Parlamento alienta la esperanza de un consenso amplio. Por eso insistimos en la necesidad de actuar con altura de miras, con responsabilidad de Estado, anteponiendo el interés general a las tentaciones particularistas. Que este año haya elecciones en una comunidad no debe ser óbice para que todas las fuerzas políticas, nacionalismos incluidos, valoren positivamente el "avance" descentralizador y eficiente en la propuesta que el Gobierno hace sin obligación constitucional o estatutaria. Esperemos también que atiendan al sentido común esos servidores públicos con sueldos por las nubes y con productividad subterránea, que provocan ineficiencias en la gestión y tasas insostenibles.
La misma llamada a la racionalidad cabe para los colectivos, con amparo judicial o sin él, que defienden legítimamente su derecho a vivir sin ruidos excesivos, pero que han de entender la necesidad de hacerlo compatible con la viabilidad de unas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo colectivo. Y, desde luego, corresponde también reclamar responsabilidad a esos empresarios del sector que a veces persiguen el beneficio máximo y rápido, sin pensar que la falta de consideración hacia los usuarios puede enfermar a la gallina de los huevos de oro. Vamos a ello.
Rafael Simancas es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
