El Supremo mantiene la pena a Huete y condena al ex presidente de Funespaña
El ex concejal del Ayuntamiento privatizó la empresa funeraria por 0,6 euros
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años y un día de suspensión de cargo público impuesta al ex primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete por delito de prevaricación en el proceso de privatización de la funeraria municipal y ha condenado al ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo Fernández a multas que totalizan más de 3,7 millones de euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios fue privatizada por 0,6 euros (100 pesetas) cuando pudo haber sido vendida por 7.430.132 euros. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Soriano, rechaza todos los alegatos de Luis María Huete y le considera "el artífice de todo el proceso de privatización y proponente material del acuerdo plenario desde su origen".
José Ignacio Rodrigo tendrá que pagar más de 3,7 millones en multas
El Supremo ratifica que Huete hizo caso omiso de las advertencias de los técnicos sobre la adjudicación y de los informes del interventor en la compensación de la deuda exigida por Funespaña como condición previa. Tampoco dio ninguna orden para calcular el verdadero valor neto patrimonial de la empresa a finales de 1992 ni para la determinación de su precio.
Pero donde radica la actuación punible del primer teniente de alcalde fue en la firma, el 17 de febrero de 1992 de la adjudicación de la funeraria municipal a Funespaña por el precio de 100 pesetas a pesar de que el "patrimonio neto" era de 2.523 millones de pesetas (15 millones de euros), con lo que el 49% equivalía a 1.236 millones de pesetas (7,5 millones de euros), precio que debió pagar Funespaña según los términos de su propia oferta.
El fiscal y las acusaciones pidieron al Supremo que condenase a Luis María Huete por delito de malversación de caudales públicos, pero el alto tribunal no ha accedido porque "no aparecen los elementos constitutivos" de ese delito.
El Supremo ha estimado parcialmente los recursos del fiscal, de Matilde Fernández (PSOE) e Isabel Sabanés (IU) y ha condenado al ex presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo Fernández. Éste realizó una "clara sugestión, invitación o instigación a la persona de Huete, artífice de la privatización, a que resolviera en un determinado sentido, desde luego en favor de Funespaña".
La sentencia añade que la actividad de Rodrigo Fernández "si no decisiva o determinante, sí fue relevantemente influyente" para considerarle cómplice del delito de prevaricación de Huete.
El ex presedente de Funespaña había sido absuelto por la Audiencia Provincial, y el Supremo ahora le ha condenado a una multa de 601 euros como cómplice del delito de prevaricación, y otras dos multas, una de 601 euros y otra de 3,7 millones de euros por delito de tráfico de influencias.
La Audiencia de Madrid absolvió de los hechos a otros dos ex concejales del PP, Simón Viñals y Antonio Moreno, sentencia que no ha sido impugnada. Los hermanos José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña también fueron absueltos.
