Las guerras internas de Estepona desvelaron la corrupción municipal

Las escuchas telefónicas del caso Astapa sobre corrupción en Estepona (Málaga) revelan que tras las elecciones de 2007 se desató una guerra interna entre los ediles, que el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) parecía incapaz de atenuar, con riesgo de que el volcán de podredumbre sobre la que se asentaba la vida municipal estallara sin necesidad de jueces, fiscales y policías. El nuevo edil Rafael Duarte, fichado por Barrientos para dar un aura de respetabilidad al urbanismo esteponero tras su paso por la comisión gestora de Marbella, hacía equilibrismo para mantenerse al margen de las numerosas prácticas irregulares que observaba. Su afán de no mancharse y sus denuncias -siempre internas- le enfrentaron con dos de los protagonistas de la trama, el edil de Hacienda, Francisco Zamorano, y José Flores, jefe de gabinete de Alcaldía y hombre fuerte del consistorio.

Se usó dinero para VPO para contratar a limpiadoras afiliadas al PES

En diciembre de 2007, Duarte se negó a firmar los presupuestos municipales ya que supuestamente se habían manipulado las previsiones de ingresos por aprovechamientos urbanísticos. Esta negativa le enfrentó a uno de los protagonistas de la trama, el edil de Hacienda Francisco Zamorano, que recurrió para la firma del presupuesto a la directora de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, también imputada en la trama. "Han utilizado a Patricia, ella sabrá, que es mayorcita", afirmó Duarte en una de las escuchas. El sumario recoge dos llamadas de Javier Rojo al ex alcalde Antonio Barrientos. En una de ellas se interesa por el futuro laboral de su hija, y en otra trata de colocar a un técnico de deportes de Vitoria en el Ayuntamiento de Estepona o en el de Benalmádena.

El entonces edil de Urbanismo se quejó de que Zamorano le paralizara una serie de expedientes urbanísticos, y para contraatacar reclamó la disolución de la empresa municipal Empladus, desde la que supuestamente el edil de Hacienda, del PSOE, desviaba dinero que debía ser ingresado en las arcas municipales. Duarte manifestó en más de una ocasión que el consistorio era "un nido de víboras" y amagó varias veces con presentar la dimisión. Barrientos logró que Duarte no renunciara. Lo haría en agosto de 2008, cuando fue imputado en el caso Astapa.

El sumario recoge numerosas muestras de comportamientos supuestamente corruptos protagonizados por ediles. La Policía cree que el portavoz del Partido Andalucista, Rafael Montesinos, "recibió, al parecer, 200 millones de pesetas del PSOE, a través de la promotora Valle Romano" a cambio de apoyar en junio de 2007 la investidura de Barrientos, pese a que el PA pensaba pactar inicialmente con el PP.

Otra concejal, Marisa Rodríguez Pino, encargada de Playas, habló el 11 de septiembre de 2007 con Juan Simón, primo de José Flores, acerca de la licitación de un chiringuito. Tras acabar la gestión, la conversación sigue así:

-Rodríguez: ¿Quién me hace la transferencia del dinero?

-Simón: eso te lo daremos en efectivo a ti, para que no conste ninguna transferencia ni nada.

-Rodriguez: es que eso te iba a proponer porque por ejemplo cada seis meses lo guardo yo en casa, lo voy metiendo cada mes y a nadie le canta.

En una conversación entre Zamorano y Flores, el concejal de Hacienda afirma que el Partido Estepona, formación posgilista con la que había pactado el PSOE en la legislatura anterior, había usado dinero de un préstamo para la construcción de viviendas de protección oficial para contratar a dedo a diez limpiadoras afiliadas al partido sucesor del Grupo Independiente Liberal, y cuyos líderes, Ignacio Crespo y Manuel Reina también fueron detenidos en la Operación Astapa.

Crespo, Reina, Montesinos, Zamorano y Rodríguez, así como otros tres ediles imputados siguen sentándose en el pleno de Estepona.