Tres ex gilistas, condenados a devolver 234.000 euros
Los ediles gestionaron mal dos sociedades de Estepona
El Tribunal de Cuentas ha condenado al concejal posgilista implicado en el caso Astapa contra la corrupción, José Ignacio Crespo, y a los ex gilistas Antolín González Quintana y Víctor Sánchez Pinacho a indemnizar con 234.000 euros a las arcas de Estepona (Málaga) por el perjuicio causado en la gestión de dos sociedades municipales, ahora en proceso de liquidación.
La condena es susceptible de aumentar porque el órgano fiscalizador les hace responsables subsidiarios del pago de otros 389.000 euros que le correspondería abonar al fallecido Antonio Fernández Quero, gerente de las sociedades. Esta cantidad tendrían que asumirla los antiguos ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en caso de que los herederos de Fernández no respondan por esta cuantía, algo que parece muy probable, según fuentes municipales.
El alcalde pide al concejal José Ignacio Crespo que dimita
El alcalde del municipio, David Valadez (PSOE), dio a conocer ayer los fallos del Tribunal de Cuentas sobre cinco sociedades municipales en las que no se justificó convenientemente la salida los fondos reclamados. "Queremos recuperar hasta el último céntimo", aseguró. El municipio solicitará una "ejecución provisional" de las sentencias para que las cantidades vuelvan cuanto antes a las arcas municipales.
Los tres ex ediles del GIL pertenecían a los consejos de administración de las sociedades implicadas. En el caso de Servicios Estepona XXI, SL, y Planeamiento Estepona XXI, SL, se les considera "responsables directos" de un saldo deudor injustificado de 234.150 euros y subsidiarios de otros 305.000 euros. Habían sido condenados a pagar esta suma el 16 de abril de 2008, pero recurrieron la sentencia en apelación. El fallo que se dio a conocer ayer puede recurrirse en el Tribunal Supremo.
Las sentencias por las sociedades Imagen Estepona XXI, Empleo Estepona XXI y Control Servicios Estepona XXI les condenan al pago de 82.942 euros con carácter subsidiario y tienen carácter firme.
El regidor aprovechó la comparecencia de ayer para pedir la dimisión de Crespo, en la oposición, "por higiene y dignidad democrática". El concejal, en libertad con fianza de 150.000 euros por el caso Astapa, se negó a renunciar a su acta y anunció que recurriría la decisión judicial. "Desde el principio tengo garantizados esos importes. No debería de procederse a ninguna ejecución de sentencia hasta que no se pronuncie el Supremo", dijo a Europa Press.
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