Reflexiones sobre el 'caso Marta'
¿Puede ampararse en el derecho a la información la publicación de una noticia que contenga datos de una investigación penal en curso que ponga en peligro el resultado de la misma? ¿Puede terminar este derecho fundamental esencial para el funcionamiento de las sociedades democráticas convertido en tapadera para aumentar la cuenta de resultados de algunas empresas de comunicación? ¿Es la inagotable curiosidad del periodista o la imposición desde arriba que presiona para tener la primicia con independencia de que pueda frustrar pesquisas policiales o judiciales? ¿Son inevitables las filtraciones? ¿Debe la policía ofrecer públicamente su primera hipótesis como si fueran los hechos probados de una sentencia? ¿Es pedir demasiado que hechos que causan tanto dolor en los afectados no formen parte del contenido de programas de entretenimiento? ¿Hay pasividad de las autoridades para poner fin a este circo?
Como abogado del equipo que defiende a la familia de Marta del Castillo llevo semanas sintiendo la impotencia de no saber explicar a los periodistas que me piden algún dato que un elemental sentido de la responsabilidad me impide revelar algo, por cuanto que su publicación podría dificultar o destruir líneas de investigación. He pedido a los periodistas que informan sobre el asunto que tengan en cuenta, cuando dan alguna noticia, que pueden estar facilitando la impunidad de los culpables, que pueden incrementar el dolor de la familia de la víctima. Y confieso mi incapacidad para poder trasmitir estas simples razones. Del otro lado del teléfono, o de la mesa del café, me llega un mensaje de incomprensión. "¿Qué dice éste?", "¿en qué mundo vive?", "bueno, pero algo nos podrás decir ¿no?", "si de todas formas nos vamos a enterar".
Los jueces tienen que actuar, dentro del marco que la ley establece. El juez no dirige un automóvil, sino un tren y las vías que encarrilan su movimiento son las leyes procesales.
Nuestras leyes procesales son tan antiguas que no prevén ninguna regla en previsión del lógico y cotidiano conflicto entre la necesidad de reserva de una investigación y la presión de los medios de comunicación derivada del interés público por conocer hechos que han causado gran impacto social. La única referencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a este conflicto la encontramos en el artículo 301, que establece para el abogado o procurador que revele el contenido de las actuaciones judiciales una multa de 250 a 2.500 pesetas. Sí, ha leído usted bien. Todavía no ha tenido tiempo el legislador de pasar a euros esa ridícula cifra.
Es imprescindible dar a los jueces instrumentos para que puedan ejercer las funciones que la sociedad les exige. El más importante de todos, una nueva ley procesal penal.
Eso es cierto, pero, honestamente no creo en la capacidad de una ley para poner freno a esta locura que nos lleva preferir una noticia al esclarecimiento de un crimen execrable. La esencia de tan aberrante elección es la hegemonía absoluta del valor rentabilidad, frente a cualquier otro, en nuestra sociedad. Y esa preeminencia la construimos y la mantenemos minuto a minuto, día a día, usted y yo. Hemos perdido la decencia y frente a esa realidad ninguna ley resolverá los problemas. Nos falta comprender que los valores de nuestra modélica Constitución establecen un proyecto de vida en común que hay que ganarse, que nadie nos regalará. El único horizonte de esperanza necesita de un compromiso ético, civil, individual y colectivo. Ojalá algún día sean mayoría los que se atrevan a decir basta, ya ha sido suficiente.
José María Calero Martínez es miembro del Departamento de Derecho Penal de Montero-Aramburu Abogados
