El ex consejero Farreres se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricar y malversar
Ignasi Farreres, que fue consejero de Trabajo de la Generalitat en los gobiernos de CiU entre 1988 y 1999, se sienta a partir de hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Se le acusa de encargar ocho informes jurídicos que resultaron ser burdos plagios de textos y el fiscal Fernando Rodríguez Rey asegura que actuó "valiéndose de su carego" para "enriquecerse".
La fiscalía solicita penas que suman cinco años y medio de cárcel para el ex consejero y para Josep Maria Servitje, secretario general del Departamento de Trabajo cuando se encargaron los estudios, entre 1994 y 1995. También ejercen la acusación la Generalitat, que reclama seis años de prisión; Iniciativa per Catalunya, que solicita seis y medio, y el abogado Manuel González Peeters, que ejerce la acción popular y pide penas de 14 años. Éste es el primer juicio contra un ex consejero desde el restablecimiento de la Generalitat.
Los informes costaron 46.158 euros y el destino del dinero nunca se averiguó. Las sociedades que facturaron fueron Gestumer y Socesca, administradas por Víctor Manuel Lorenzo Acuña, quien ya fue condenado en el llamado caso Turismo por el mismo tribunal que juzgará este caso: la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona. Ese hecho motivó que Lorenzo Acuña recusara en su día al tribunal presidido por Josep Maria Pijoan para que fueran otros jueces los que celebrasen la vista, pero su pretensión fue desestimada y sólo sirvió para demorar el juicio, que durará hasta el jueves.
El caso Farreres se inició tras desgajarlo del caso Turismo, que también consistió en el desvío de fondos públicos del Consorcio de Turismo de Cataluña para pagar informes copiados o inexistentes. Uno de los condenados en aquel proceso fue precisamente Lorenzo Acuña, quien también se sentará ahora en el banquillo de los acusados y afronta una petición del fiscal de tres años y medio de cárcel. Durante la instrucción del caso Lorenzo Acuña se inculpó de los hechos, declaró que era el único responsable de beneficiarse económicamente y exculpó totalmente a Farreres y Servitje. Pero el juez instructor los mantuvo imputados por considerar que Farreres fue quien adjudicó los informes a sabiendas de su inutilidad y que Servitje realizó la propuesta de contratación. Los tres acusados en el caso son militantes de Unió, partido al que también pertenecían la inmensa mayoría de los condenados por el caso Turismo.
Pablo Molins, defensor de Farreres y Servitje, calificó ayer de "escandaloso" el proceso seguido contra sus clientes porque, añadió, el encargo de informes es una práctica habitual de todos los gobiernos. "La Generalitat gastó el año pasado más de 30 millones de euros y ahora se quiere discutir la legalidad de unos informes que costaron 46.000 euros", explicó el letrado. Molins negó durante toda la investigación que los informes fueran burdas copias, hasta que el fiscal aportó los originales de donde se plagiaron. "Que sean copias no quiere decir que no sean útiles", remachó ayer.
