El 'caso Camas' vuelve a la fase inicial tras la nulidad de las escuchas
El juez cita a las partes para que se pronuncien tras la decisión de la Audiencia
El caso Camas acaba de cumplir tres años, los que han pasado desde que entre el 14 y el 15 de septiembre de 2005 la policía detuviera al alcalde de este municipio sevillano, dos ediles del PP, uno del PA y un empresario por el supuesto intento de soborno a otra concejal. Tres años después, la última providencia dictada por el juez del caso devuelve la investigación judicial casi a sus inicios: el instructor ha acordado retrotraer las actuaciones al trámite previsto en el artículo 25 de la Ley del Jurado, que se aplica en las primeras fases de la instrucción, y ha convocado a los cinco acusados para que el fiscal y la acusación particular, ejercida por el PSOE, concreten su imputación.
Las detenciones de los implicados se produjeron hace tres años
El juez, según informa Efe, ha tomado esta decisión después de que la Audiencia de Sevilla declarara nulas el pasado mes de mayo las escuchas telefónicas realizadas por la policía y que precipitaron las detenciones. La providencia del juez cita a las partes para una comparecencia el próximo 3 de octubre para que "puedan posicionarse ante la nueva situación creada" por la nulidad de las escuchas.
Los acusados son el ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), los ex concejales del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, el ex concejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño. La Fiscalía ya había pedido para ellos un año y medio de cárcel por entregar, supuestamente, 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo a cambio de su voto en un pleno municipal de 2005.
Cuando se conoció la nulidad de las escuchas, varias fuentes del caso reconocieron el "vuelco" que suponía esta decisión judicial. La imputación de varios acusados se sostenía casi en exclusiva en las escuchas, por lo que al desaparecer éstas, algunas acusaciones podían quedar en el aire. Las partes tendrán ahora que volver a justificar la acusación de cada imputado y decidir si las mantienen todas o retiran alguna de ellas.
Después, el juez decidirá si continúa el procedimiento o lo archiva, las acusaciones y las defensas deberán presentar nuevos escritos de calificación, se abrirá juicio oral y el caso será remitido de nuevo a la Audiencia provincial para que sea enjuiciado por un jurado.
En los últimos meses, el fiscal y las acusaciones han sostenido que, anuladas las escuchas, hay otras pruebas que siguen siendo válidas y que bastan para mantener las imputaciones, aunque se pueda sobreseer alguna de ellas. La nulidad de las escuchas puede favorecer, sobre todo, a Aureliano Lucas, ex edil del PP en Castilleja de Guzmán. Él fue, según la investigación, quien puso en contacto a la edil de IU con el empresario Eusebio Gaviño, pero más allá de esta declaración, el nombre de Lucas sólo aparece en las conversaciones telefónicas. Contra los demás implicados hay otras pruebas como la declaración de la edil sobornada; el sobre con 12.000 euros que le entregó el empresario; el testimonio del primer denunciante del caso, el militante de IU Francisco Javier Gordo; y las grabaciones realizadas por éste de sus reuniones con los implicados para pactar el soborno.
La vuelta atrás del proceso retrasará varios meses el juicio, ya que ahora pueden ser recurridas todas las decisiones sobre el auto de continuación del procedimiento, pruebas pedidas por las partes y apertura de juicio oral.
