El Poder Judicial pasa al nuevo Consejo la patata caliente del 'caso Mari Luz'

Cambio de planes. El Consejo del Poder Judicial pasará a los vocales del próximo Consejo la resolución del expediente a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión de Santiago Del Valle, presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. Éste estaba en la calle pese a estar condenado por abusos sexuales a su hija.

La Asociación de Víctimas de Delitos: "Muchos jueces están endiosados"

La idea inicial del sector mayoritario del Consejo era resolver este asunto a finales de julio, coincidiendo con el inicio de las vacaciones. Pero la airada reacción del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, tras hacer público EL PAÍS que la intención del Consejo era imponer a Tirado una sanción leve, ha llevado a la mayoría conservadora del Consejo a cambiar de planes, a dejar pasar tiempo para que el asunto lo resuelva el Consejo que salga de la negociación que mantienen ahora PP y PSOE.

En el nuevo Consejo, los progresistas tendrán mayoría de votos, dada la actual correlación de fuerzas del Parlamento. El presidente del Consejo, Francisco Hernando, avanzó el pasado jueves que el instructor del expediente abierto al juez Tirado acabará su informe en septiembre. PP y PSOE acercan posiciones ahora para tener listo el nuevo Consejo a finales de julio o comienzos de septiembre. Porque la idea de los socialistas es tener alguien afín como presidente del Consejo y del Supremo para la apertura del año judicial (el 15 de septiembre y en presencia del Rey).

El juez Tirado acaba de remitir al Consejo, por su cuenta, un informe de 1.000 folios en los que repasa la situación en que se hallaba su juzgado, el Penal 1 de Sevilla, y se exculpa del fatal desenlace de Mari Luz. Sólo la lectura de ese extenso informe retrasará el desarrollo del expediente, que, según fuentes judiciales, ya estaba muy avanzado en junio.

Cuando el instructor concluya el informe, se lo pasará a Tirado para que éste formule alegaciones. En definitiva, se trata de cumplir estrictamente la ley, con sus plazos, para dilatar el asunto hasta septiembre. Para entonces habrá nuevo Consejo.

La idea inicial sobre este asunto era la siguiente, según fuentes del Poder Judicial: el pleno del Consejo tiene fijado para mediados de julio la que posiblemente será su última reunión. Para entonces, aún no estaría listo el informe del instructor. Pero sí lo habría estado para la sesión que la comisión disciplinaria celebrará a finales de julio.

"El instructor iba a decir que los hechos son falta grave, lo que permitiría a la comisión disciplinaria, sin que tenga que intervenir el pleno, zanjar el asunto con una sanción", señalan estos medios.

La actual comisión disciplinaria la integran cinco vocales, dos progresistas, dos conservadores y uno independiente. Mayoritariamente era partidaria de imponer sólo una sanción económica al juez. También hay vocales del sector progresista, ajenos a esa comisión, que entienden que la conducta de Tirado no es merecedora de una sanción muy grave. "Lo que le ha pasado a este juez le podía haber ocurrido a cualquier otro", señalaron.

Pero los planes han cambiado. Y en ello ha influido mucho la reacción del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que ha exigido la expulsión del magistrado Tirado y considera "una estafa" la posibilidad de que el asunto se resuelva con una sanción económica. Tras leer en este periódico las intenciones del Consejo, Cortés convocó una manifestación para hoy, lunes, frente a los juzgados de Sevilla.

Antes del crimen, el Consejo envió una inspección al juzgado de Tirado que avisó "de que había descontrol en la ejecución de las sentencias". No obstante, Tirado tiene un rendimiento por encima del módulo de trabajo, explican fuentes del Consejo.

El crimen de esta niña onubense a manos presuntamente de un pederasta sobre el que pesaba una condena firme sin ejecutar de dos años y nueve meses de cárcel por abusar de su hija desató una gran alarma social.

José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación de Víctimas de Delitos Violentos, arremete contra el Poder Judicial. Señala que muchos "jueces están endiosados" y que, en este caso, la responsabilidad patrimonial debe asumirla el propio juez. "Seguramente el Estado va a ser condenado a pagar decenas de miles de euros por estos hechos. Y yo me pregunto, ¿por qué no paga esto el funcionario responsable en vez de que tengamos que asumirlo los pobrecitos españoles?".