A los municipios les sobra razón
En los sistemas federales, los recursos se distribuyen prácticamente a partes iguales entre la Administración regional y la local, mientras que nuestras comunidades autónomas casi triplican la capacidad financiera local. Los ayuntamientos, que se ocupan de servicios para los que no tienen competencias ni fondos, reclaman más equidad en el reparto de los dineros públicos y quieren que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ocupa de la reforma de la financiación autonómica, quien determine el porcentaje de los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas que deben serles transferidos de forma incondicionada.
El municipalismo está en horas bajas y entra a negociar en una posición de debilidad, bien sea porque las otras administraciones lo subestiman en cierta medida o porque los ejemplos puntuales de corrupción han propagado una mala imagen de los municipios. Cada vez que nos enteramos de uno de esos casos se oyen voces que pretenden la devolución de las competencias urbanísticas a la Administración autónoma o incluso a la central. El fenómeno, aun siendo significativo, dista mucho de estar generalizado: según el último informe sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas, en 2005-2006 se registraron 153 casos de presunta corrupción urbanística para un total de 8.114 ayuntamientos; es de suponer que algunos de ellos se acumulen en el mismo término municipal. Este ha sido, ciertamente, un tema muy aireado por los medios de comunicación, lo cual tiene efectos positivos -la voz de alarma- y negativos -presentar a los ediles en su conjunto como proclives a tales desaguisados.
Los excesos urbanísticos comienzan con unos planes generales demasiado constructores
Las corporaciones locales planifican con los instrumentos urbanísticos el crecimiento y ordenación de su territorio. Como en la viña del señor, hay de todo, quien lo ha hecho bien y quien ha hecho caso omiso de sus implicaciones sobre el medio y sobre la forma de hacer la ciudad, y esta pauta ha derivado a veces en actos de corrupción. En el fondo de la cuestión también están envueltos los partidos políticos, que se preocupan poco de capacitar a sus concejales en materia urbanística y ambiental.
Conviene decir que los excesos en la actividad urbanística comienzan con unos planes generales demasiado constructores, que han contado con la aprobación definitiva de las instancias autonómicas. Es más, en general se veía con buenos ojos esa fuente de ingresos para las arcas locales, porque de esa manera se evitaba entrar en el fondo de la financiación municipal. En los momentos de "boom" inmobiliaria todos consideraron acertado que los ayuntamientos se aprovecharan de él, y se interpretó la colonización masiva del territorio como síntoma de desarrollo y prosperidad. Por el medio quedaban muchas viviendas vacías que no cerraban el ciclo económico ni cumplían un fin social.
Por otra parte, la mayoría de los municipios están sobradamente capacitados para asumir las competencias si vienen dotadas del correspondiente respaldo económico. Todos los días se las ven con los vecinos que reclaman atenciones y se hacen cargo de al menos un tercio de los servicios públicos -vivienda, empleo, infancia, juventud, mujer, dependencia, cultura, deporte...-, sin percibir en cambio los recursos necesarios. En las ciudades, en las villas y en los pueblos el servicio de atención al ciudadano se mantiene abierto las veinticuatro horas y los trescientos sesenta y cinco días del año y está sujeto a permanente escrutinio. Simplificando un poco, podemos decir que la autonomía y el estado no tienen vecinos, cierran los fines de semana y, aunque ante sus sedes se celebren manifestaciones, no tienen que ejercer el control diario en la calle.
A las comunidades autónomas les gusta hacer paternalismo con los ayuntamientos y que éstos les pidan ayuda para financiar los servicios que prestan. Tienden a jugar a centralismo. Lo que está en cuestión ya no es el principio de subsidiariedad, sino la capacidad para poder pagar las atenciones que exige la ciudadanía.
Por todo ello, tienen razón los municipios al reclamar una negociación conjunta en el Consejo de Política fiscal y financiera y al demandar competencias y recursos a las autonomías.
