¿Alguien que objete al Senado?
El PP dio esta semana un paso más en la campaña por torpedear la aplicación de una norma votada por el Parlamento: ofreció público apoyo a los padres y alumnos que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Hay muchas cosas a las que un ciudadano podría desear objetar. Tienen cierta tradición los movimientos en favor de que los ciudadanos se nieguen a pagar en sus impuestos la parte proporcional del gasto público dedicado a comprar armamento; pero también podría alguien pretender descontar de su cuota la parte de sus tributos que Madrid destina a financiar colegios religiosos concertados; o la que gasta en financiar programas de la televisión regional que no le gustan, o en fin, ya puestos, objetar lo que se paga para mantener el Senado, puesto que parece existir un consenso general de que no sirve de mucho. Sin embargo, esa utopía del autoservicio fiscal por vía de objeción carece de fundamento legal; y racional: la ley dice que todos los ciudadanos están obligados a pagar sus impuestos y que las personas que deciden adónde va a parar lo así recaudado son elegidas en las urnas cada cuatro años (sí, también las del Senado).
Esto es lo que tiene el Estado de derecho: que hay unas normas. Pero, presos de un cierto anarquismo inconsciente, ni los obispos ni el PP parecen tenerlo claro. Porque una cosa es que fomenten que los padres de alumnos recurran a los tribunales para intentar que sus hijos no estudien la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y otra muy distinta que, antes de que los jueces se pronuncien, haya gobiernos autonómicos del PP que apoyen que esos niños no acudan a esa clase, aunque con ello incumplan la ley.
Es legítimo, e incluso sano, discrepar de las decisiones de los representantes elegidos por los ciudadanos (y sí, efectivamente, también de las decisiones de los senadores), pero si ir a clase es obligatorio, hay que ir. El PP está contradiciendo lo que predican aquellos contenidos de Ciudadanía que ellos sí han aceptado: la obligación de pagar impuestos y el deber de cumplir las normas. En fin, necesitamos obispos que crean en la ley. Y del principal partido de la oposición, mejor no hablar ahora.
