La oposición cuestiona la legalidad del aval público al proyecto de Afer
Juristas advierten de que Vizcaya incumple la ley de contratos públicos
La oposición y expertos juristas cuestionan la legalidad de los convenios suscritos hace un año entre la Diputación de Vizcaya y el grupo Afer para el plan empresarial de poner en marcha en Alonsotegi una fábrica que construya pisos en serie mediante módulos, con una inversión de 70 millones de euros.
La Diputación ha tardado un año en enviar a las Juntas los convenios
La institución foral se ha comprometido a comprar 1.500 pisos, la mitad de la producción prevista en el primer año, lo que supondría el incumplimiento de la ley de contratos públicos e incluso una posible infracción de la normativa comunitaria sobre la competencia por ser ayudas del Estado. La Diputación ha sostenido que estos convenios tienen "toda la cobertura legal" y que la adquisición de los pisos sólo supone el 0,5% de la amortización de la inversión de la firma.
Este proyecto se conoció hace más de un año pero los convenios, firmados el 15 de diciembre de 2006, no han sido presentados hasta el pasado jueves ante las Juntas Generales. Ese día, la Diputación los envió a la presidenta Ana Madariaga tras las reiteradas peticiones de información del PSE. Los socialistas solicitaron estos datos a principios de año, pero no obtuvieron respuesta. La disolución de la Cámara provincial, debido a las elecciones de mayo, hizo que el asunto quedara en el olvido hasta que en septiembre el grupo juntero del PSE volvió a pedir los convenios, que ayer no había recibido.
El acuerdo se basa en tres convenios: el primero, sobre la venta de suelo en Alonsotegi, donde se ubicará la fábrica de Habidite; el segundo, en el que viene el compromiso de adquirir un mínimo de 1.500 viviendas, y el tercero, en el que la Diputación garantiza la subvención íntegra de la formación y reciclaje de los trabajadores contratados (unos 1.100, según el proyecto) y también sufragar todos los gastos en investigación e innovación en este proyecto.
El segundo es el convenio más cuestionado. El PSE cree que se ofrecen unas condiciones "absolutamente ventajosas" al comprometerse la compra de 1.500 pisos sin que haya existido ningún concurso ni otras ofertas. El socialista Josu Montalbán ve fundamental que se dispongan de los informes de legalidad de los convenios. En su opinión, la empresa tiene unas "prebendas terribles", porque se facilita una parcela de suelo, "se paga ya la formación de los trabajadores y se compran las primeras 1.500 viviendas que se fabriquen".
Carlos Olazabal, portavoz del PP en las Juntas, manifestó sus "dudas sobre la legalidad" de los contratos y anunció la petición de que la Diputación lo explique en la Juntas. "Son contratos curiosos", dijo. Las elevadas contrapartidas económicas requieren, agregó, que sean aprobadas por las Juntas o tengan una consignación en los presupuestos, "pero no aparecen ni como gasto anual o plurianual", agregó. Cuestionó también que haya una subvención íntegra a la investigación.
Juristas y expertos consultados señalaron que aunque habitualmente los convenios son entre administraciones, también pueden ser con particulares. "Pero en este caso, siempre tiene que ser bajo los principios de publicidad y concurrencia", lo que no se da en este caso. A ello agregan que no existe una consignación presupuestaria, "por lo que la Diputación adquiere unas obligaciones no soportadas por los presupuestos", señalan. Por ello, consideran que se incumple la ley de contratos de las administraciones públicas y recuerdan la obligación de que los convenios se publiquen en el boletín oficial de la Unión Europea.
Un modelo copiado del sector del automóvil
La fábrica de pisos fue comparada por su promotor, el empresario Jabyer Fernández, con el proyecto de Henry Ford cuando empezó a fabricar los coches en serie. El grupo Afer ha creado la sociedad Habidite Technologies para esta iniciativa y su consejero delegado es Fernando García Macua, actual presidente del Athletic.
El proyecto sorprendió en su presentación por su elevada inversión y porque no tuviera precedentes en ninguna parte del mundo. Consiste en trasladar el sistema modular que se aplica en el sector del automóvil a la construcción, pasando todos los procesos productivos del andamio y las grúas a una planta industrial. La única fase del edificio que se ejecuta de manera tradicional es la cimentación hasta la cota a nivel de suelo.
A partir de ahí, los pisos, de entre 36 metros cuadrados y 90, se construyen por módulos: dos en las más pequeñas y cinco en las grandes. Una vez fabricados, los módulos se ensamblan ya en el edificio mediante una técnica celosamente guardada por la empresa. Fernández ha asegurado que la investigación realizada garantiza el levantamiento con este sistema de edificios de hasta 12 plantas. Según los datos de los promotores, este modelo reduce hasta un 60% el tiempo necesario para construir un edificio de viviendas.
La fábrica de Alonsotegi sería la segunda de la empresa, ya que para el próximo año se prevé abrir otra similar en Magallón (Zaragoza). Los convenios firmados entre la Diputación y Habidite incluyen el "esfuerzo" en implantar "cuanto antes" otra factoría similar en Barakaldo. Jabyer Fernández ha asegurado que "existe mercado para abordar un segundo proyecto".
La Diputación de Vizcaya ha negado que haya cualquier especulación o trato de favor. "Aquí no habrá ningún pelotazo", afirmó el diputado general José Luis Bilbao. La institución foral ha defendido que las ayudas a la formación de los trabajadores se adaptarán a las normas como en otros proyectos y que no habrá ninguna subvención directa. Sobre la venta del suelo, han asegurado que "venderemos los terrenos al mismo precio que pagamos".
De momento, los trámites para la construcción de la planta están sin culminarse y ahora se está en la fase de recalificación de los suelos para uso industrial. El inicio de las obras deberá esperar al menos hasta mediados del próximo año.
