El Estado blinda la venta del Pazo de Baión contra los narcos y la especulación

En marzo de 2008, el Pazo de Baión tendrá nuevos propietarios. Así lo avanzó la delegada del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Carmen Moya después de salir anunciada en el BOE la venta pública de la propiedad que estuvo en manos de familiares del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, actualmente en prisión.

El paso de la administración judicial a la adjudicación definitiva de la propiedad no ha sido fácil y desde el PNSD se han diseñado las fórmulas para evitar que el Pazo de Baión, las sociedades intervenidas y un lote de terrenos valorados en 8,6 millones de euros pueda caer en manos de narcotraficantes o de especuladores inmobiliarios.

"Nos encontramos ante un bien con una gran repercusión pública y con unas características muy especiales al tratarse de una empresa con actividad, y que además simboliza el enriquecimiento ilícito y la lucha contra el narcotráfico, lo que nos ha llevado a darle un tratamiento especial", comentó. Moya explicó que, "en aras de la transparencia", la enajenación del Pazo de Baión se producirá por un procedimiento no utilizado hasta ahora en la venta de bienes del Fondo: el concurso público, con un pliego de condiciones que además de blindar el traspaso, garantice una aportación específica a programas de reinserción y tratamiento a drogodependientes.

"Una serie de condiciones que no se pueden dar en una subasta en la que sólo se tiene en cuenta la oferta económica", puntualizó Carmen Moya. En este sentido, los requisitos que se exigen son que las empresas tengan una antigüedad de cuatro años en la producción de vinos y una facturación anual mínima de cinco millones.

Las empresas que presenten ofertas tendrán que comprometerse a destinar entre el 1% y el 5% de la facturación anual de la finca a estos programas sociales. Además, estarán obligadas a contratar temporalmente en trabajos no cualificados un mínimo de jornadas anuales a personas drogodependientes en proceso de rehabilitación.

Otra de las garantías exigidas desde el PNSD es que la sociedad adjudicataria tendrá que ser propietaria del pazo y desarrollar actividades vitivinícolas un mínimo de seis años, a partir del traspaso. También se le exigirá como garantía la aportación de un aval de 600.000 euros que revertiría al Fondo de Bienes decomisados en el caso de que la empresa incumpliera algunos de los requisitos. "Nos queremos proteger, por eso hemos querido incluir estas limitaciones en el pliego de condiciones para evitar propuestas que pudieran venir de sectores del narcotráfico de forma encubierta", subrayó Moya .

Respecto al patrimonio intervenido a Los Charlines, la delegada del PNSD indicó que el procedimiento todavía está en manos de la Audiencia Nacional. "Estamos ante un complejo entramado societario que se está todavía peritando para actualizar su valoración", indicó.

Carmen Moya señaló que en los últimos cuatro años el valor de las incautaciones se acerca a 60 millones de euros (20 millones sólo en 2007). El aumento de la cuantía de las incautaciones y la mejor gestión del Fondo supone que entre 2004 y 2007 las dotaciones a comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales haya aumentado en porcentajes que en algunas partidas alcanzan el 150%.