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Dos promotores denuncian trabas en Alhaurín por no pagar donativos

El testigo principal del caso acusa de amenazas a un sargento de policía local

Fernando J. Pérez

Dos promotores con intereses inmobiliarios en Alhaurín el Grande (Málaga) denunciaron ante la Policía las supuestas trabas que han sufrido sus proyectos después de rechazar las pretensiones municipales de vender al Ayuntamiento a precio rústico una parcela calificada de urbanizable y de pasar por alto una factura impagada por las obras de una iglesia. El 18 de enero el alcalde Juan Martín Serón (PP) y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos por exigir presuntamente a un promotor el pago de 121.000 euros a cambio de no paralizarle una obra.

Seis días después de los arrestos, el 24 de enero compareció Fernando D., aparejador y propietario de una parcela de suelo urbano situada dos parcelas más arriba del actual domicilio del regidor. Según su relato a los agentes, en 1997 el empresario dividió la finca en tres lotes, dos para edificar y otra para cesión al Ayuntamiento como aprovechamiento. En 2001 vendió dos lotes a un ciudadano británico con la premisa de que si no se conseguía licencia de obra el contrato quedaría anulado.

Dos meses después de pedir el permiso y no recibir respuesta, el empresario acudió a Gregorio Guerra, quien le pidió comprar la parcela a precio rústico, sin resarcir al comprador británico. El empresario se negó al trato. Seis años después, todavía no ha conseguido licencia y las parcelas alrededor de la suya están edificadas desde hace más de 20 años.

El otro caso corresponde a José O., un empresario a quien supuestamente no se abonó una factura por las obras de una iglesia. Al ir a reclamar el dinero al alcalde, éste no hace caso de su petición, y en 2004, según la declaración, el Ayuntamiento "deja sin validez las licencias de obras que tenía argumentando que habían prescrito, lo que era falso, pues las obras estaban en ejecución".

El sumario del caso Alhaurín recoge una denuncia del principal testigo del caso, el promotor José Burgos, quien acusó al sargento de la Policía Local Juan H. de amenazas. "En abril, me puso un revólver en la sien y me dijo textualmente: 'hijo de puta, te voy a pegar un tiro y te voy a levantar la tapa de los sesos". El hijo del policía había denunciado previamente a José Burgos por amenazas telefónicas.

Juan Martín Serón compareció ayer acompañado por su equipo de gobierno para atacar a los autores del informe policial.
Juan Martín Serón compareció ayer acompañado por su equipo de gobierno para atacar a los autores del informe policial.JULIÁN ROJAS
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Martín Serón se querella contra la Policía por "ensañamiento"

La puesta en escena fue la misma que en junio, cuando la Policía detuvo a 19 empresarios acusados de pagar sobornos a cambio de licencias de obra: Juan Martín Serón en el atril y sus concejales, detrás de él como una piña. Y los argumentos, en el fondo, muy parecidos: si en la aquella ocasión el regidor cargó contra una supuesta "persecución política" por haber ganado las elecciones, ayer sus ataques, lanzados en voz baja, pero igualmente feroces, fueron contra el PSOE y la Policía. Sobre el origen de los más de 56.000 euros sin justificar presuntamente ingresados en sus cuentas, el alcalde, en libertad bajo fianza, no dijo nada concreto: "No hemos tenido aún tiempo de leer todo el sumario".

Tras calificar la Operación Troya de "atentado contra el municipalismo", Martín Serón acusó a un agente del grupo de Blanqueo -cuyo nombre no citó- de "ensañarse" con él en la investigación "porque es amigo de José Burgos", el empresario cuya denuncia dio pie a la causa judicial abierta en Alhaurín. Diez meses después de su detención, el regidor calificó a este agente de "auténtico depredador" y anunció que se querellará contra la Policía por su actuación en la instrucción. Martín Serón, que ayer recibió el apoyo del presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, calificó el informe policial sobre su patrimonio y el de su esposa, también imputada, de "burdo, ruin y sin fundamento jurídico". "Es una canallada de un policía concreto de la Udyco", dijo. El alcalde aseguró que todo su patrimonio está "justificado y declarado" y cifró su renta disponible en 500.000 euros.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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