Un tribunal retira un contrato al único aspirante a gestionar el CAC de Málaga

Al empresario y director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Fernando Francés, se le complica la renovación por diez años del contrato de gestión de esa galería municipal a pesar de ser el único aspirante a la adjudicación, valorada en 28,6 millones de euros. Una sentencia dictada el mes pasado en Santander por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) considera culpable a Gestión Cultural y Comunicación, la empresa de Francés, de "muy graves y serios incumplimientos" en el contrato para el diseño de la exposición interior del Museo Marítimo del Cantábrico, y avala la resolución de dicho contrato por el Gobierno de Cantabria en 2004.

Esta sentencia cántabra, en un curioso efecto mariposa jurídico, hace peligrar las aspiraciones de Francés de seguir gestionando el centro cultural malagueño. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohíbe a éstas contratar con quienes hayan dado lugar "por causas de las que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración".

Francés ha recurrido la sentencia del alto tribunal cántabro ante el Supremo, por lo que su compañía no ha sido incluida en el registro de empresas con prohibición para contratar con las administraciones del Ministerio de Economía. Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que deberá decidir si asigna o no fondos públicos a una empresa a la que el tribunal superior, y antes el Consejo de Estado, han hallado culpable de incumplir un contrato con la Administración. El actual contrato del CAC expira el 31 de diciembre pero ha sido prorrogado hasta abril de 2008.

"No voy a hacer ningún comentario. Este tema está recurrido", se limitó a decir Francés el sábado. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Miguel Briones (PP), aseguró enterarse por este periódico -"es la primera noticia que tengo"- de la sentencia del TSJC, que desestima el recurso de Francés sobre la anulación del contrato del Museo Marítimo de la capital cántabra, de 3,6 millones.

La sentencia del TSJC, además de considerar resuelto el contrato del oceanográfico santanderino -extremo que ha negado reiteradamente Francés- ordena el "abono de la indemnización por daños y perjuicios causados a la Administración por incumplimiento contractual", y autoriza al Gobierno de Cantabria a incautarse de la fianza del contrato, de 144.000 euros. El recurso de Francés ante el Supremo no detiene el proceso de liquidación del contrato.

El tribunal superior cántabro es la tercera instancia que se pronuncia contra Francés. La primera fue el Gobierno de Cantabria. El Gobierno cántabro del PP adjudicó la obra en marzo de 2002 y en diciembre de 2003, un nuevo ejecutivo, del PSOE y regionalistas, inició el procedimiento para resolver el contrato por incumplimiento "flagrante y pertinaz" de la empresa de Francés, que ni siquiera había elaborado el proyecto museográfico, que tuvieron que realizar los funcionarios del museo.

El museo marítimo fue reinaugurado en mayo de 2003, por lo que Francés sostenía que ya se había producido su "recepción tácita". Sin embargo, lo que se consideraba terminado era la infraestructura del museo, no la disposición de su contenido, que era lo que se había encargado al empresario y gestor cultural.

La segunda instancia que da la razón al Gobierno de Cantabria frente a Francés fue el Consejo de Estado. En un dictamen solicitado por el Ejecutivo cántabro, el máximo órgano consultivo de la Administración señaló que Gestión Cultural y Comunicación "nunca llegó a elaborar un Proyecto Museográfico que mereciera ese nombre" y que la ejecución de dicho proyecto "tampoco fue cumplida de forma aceptable ni en el plazo establecido".